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ONG piden a Colombia no apoyar debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos

La comunicación fue firmada por un grupo de ONg quienes señalan que la posición de Colombia en relación al Sistema Interamericano de Derechos es ambigua.

6 de agosto de 2012 Por: Elpais.com.co | Colprensa

La comunicación fue firmada por un grupo de ONg quienes señalan que la posición de Colombia en relación al Sistema Interamericano de Derechos es ambigua.

La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, uno de los organismos consultivos que tiene la Presidencia de la República, recibió este lunes un documento en el cual varias organizaciones de la sociedad civil le solicitan que Colombia lidere a nivel continental el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y no su debilitamiento.La comunicación se conoce precisamente el mismo día en que el presidente Juan Manuel Santos se reúne en la Casa de Nariño con exmandatarios nacionales, excancilleres y otros delgados de la Comisión Asesora. Allí se analizan, entre otros aspectos, el litigio que tienen Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los cayos de San Andrés.Los firmantes del pronunciamiento son un grupo de ONG, entre ellas, Dejusticia, Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip) , Misión de Observación Electoral (MOE) , Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) , Andiarios, Proyecto Antonio Nariño, Crisis Gruop, Fecolper, Instituto Prensa y Sociedad Ipys, Viva la Ciudadanía, Transparencia por Colombia, Foro Nacional por Colombia, Corporación Nuevo Arcoiris, Corporación Ocasa y Medios Para la Paz.En el documento, señalan que si bien el Gobierno ha hablado sobre el Sistema Interamericano para respaldarlo, es ambiguo el planteamiento porque “el gobierno ha avalado las posiciones más perjudiciales para el sistema presentadas por gobiernos como los de Venezuela y Ecuador”.Indican, además, que se debe liderar, por el contrario, el fortalecimiento del mismo sistema. “Colombia no debe apoyar reformas que se orienten al debilitamiento de los mecanismos de derechos como los informes de país, las medidas cautelares y el sistema de casos individuales. En nuestro largo y lamentable conflicto armado, cada uno de estos mecanismos ha prestado una invaluable labor para la protección de vidas y derechos más básicos de miles de compatriotas”.Consideran que ninguna de las propuestas que están en la mesa tienen el fin de fortalecer el sistema. “De ser implementadas como ha sido propuesto por los Estados y por el Secretario General de la OEA, coartarían la eficacia de estos mecanismos, lo cual redundaría en un grave perjuicio regional que no puede ser secundado por nuestro país”.“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión cumple una labor vital para el fortalecimiento democrático del Hemisferio. Como lo ha referido el propio Presidente Santos, la libertad de expresión es “una de las libertades más importantes para el sostenimiento de una sociedad democrática”. No obstante, el disfrute de esta libertad padece de severas limitaciones y enfrenta intensos riesgos en nuestra región”, indican en otro aparte las organizaciones.“Esto justifica que los órganos internacionales de derechos humanos empleen distintos mecanismos para promover y proteger su ejercicio. La Relatoría Especial ha sido uno de los medios más eficaces para ello. Acompañar una reforma que limite las posibilidades de la Relatoría para continuar el prominente trabajo realizado hasta ahora atentaría directamente contra la calidad de la democracia de toda la región”, añaden.También plantean que la mejor forma es tramitar los posibles ajustes a las prácticas y al reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptada por la propia Corte, mediante procesos abiertos y participativos. “En esa medida, lo que corresponde es que la propia CIDH, dentro de su independencia y autonomía, revise las normas, prácticas y políticas respectivas y no que los gobiernos intervengan para limitar el alcance de las facultades de los órganos de protección de derechos humanos”.Cierran el pronunciamiento diciendo que “el Estado colombiano debe defender la publicidad de todas las sesiones y la ampliación de la metodología para una inclusión más permanente y vigorosa de todos los actores y para que estos insumos puedan servir a la CIDH para adoptar las decisiones que correspondan” .

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