Nuevas imputaciones por caso de la 'Cacica La Gaitana'

Febrero 15, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa

En medio de la polémica suscitada por la salida del país del excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, continúa la audiencia por la falsa desmovilización de la compañía ‘Cacica La Gaitana’de las Farc.

Sin la presencia del ex alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, quien permanece prófugo de la justicia, continuó ayer en la sede de la Fiscalía en Paloquemao la audiencia de imputación de cargos contra quienes participaron en la falsa desmovilización del bloque Cacica Gaitana de las Farc.Durante el proceso intervino la abogada Mildred Hartman, representante legal del ex comisionado Restrepo, quien señaló durante la audiencia ante un juez de Control de Garantías que no tiene precisión sobre los hechos por los que tiene que defender a su cliente.“No sé cuáles son los hechos claramente y eso debilita nuestras garantías, más aún cuando durante un año se ha dañado el nombre de mi cliente”, manifestó la abogada.Hartman pidió que se le aclarara si todos los 62 desmovilizados son o no guerrilleros y cuáles pagos se hicieron, para lo que es necesario que la Fiscalía le aclare cómo, cuándo y dónde se dieron.“Necesito que se me diga específicamente cuáles fueron los pagos, porque necesitamos saber cuánto fue”, aseveró la abogada mientras solicitó que se le aclarara cuándo el excomisionado, hoy prófugo de la justicia, se reunió con alguien para conformar la “empresa criminal”, como fue calificada por la Fiscalía la presunta falsa desmovilización de la compañía Cacica Gaitana.“Quiero saber en qué momento mi defendido contrató a ‘Saldaña’ y qué conductas atentan contra el derecho Internacional Humanitario o los Derechos Humanos", aseveró Mildred Hartman.La reacción de la abogada obedeció a las declaraciones del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Francisco Villareal, quien durante la audiencia insistió en la tesis de la empresa criminal y reveló que hubo reuniones, incluso en la dirección de La Picota, entre los hoy imputados y el excomisionado para fraguar el supuesto montaje del frente Cacica Gaitana.“Así como también a través de comunicaciones telefónicas, llegando incluso a extenderse hasta el mismo corregimiento de La Tebaida, en el municipio de Alvarado, en el Tolima”, señaló. Los otros imputadosDurante la audiencia también se le imputaron cargos al coronel del Ejército Jaime Joaquín Ariza; el ex guerrillero Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’; a Felipe Alejandro Salazar, alias ‘Biófilo’; y a los hermanos José Alfredo, Flor Inés y Miguel Pacheco Ramos.Durante la diligencia que se realizó en las instalaciones de Paloquemao, el fiscal Francisco Villareal les imputó los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, fraude procesal y porte, tráfico y fabricación de armas.El ente acusador señaló que el coronel Ariza es directamente responsable de las conductas que se le acusan, puesto que para la fecha se encontraba asignado a la unidad militar de inteligencia y contra inteligencia número 5, con Jurisdicción en Alvarado (Tolima), por lo que era “prácticamente imposible que no supiera que la mencionada columna guerrillera no hacía parte del Frente 21 de las Farc como se quiso hacer creer”.Agudelo Medina, por su parte, fue señalado por el Fiscal del caso de ser el encargado de crear “la empresa criminal” con la que se engañó al Estado consiguiendo beneficios económicos y jurídicos para las 62 personas que se hicieron pasar por guerrilleros de las Farc.Igualmente, la Fiscalía señaló a los hermanos Pacheco Ramos de haber conseguido las personas para hacerlos pasar por guerrilleros, entre los que habrían indigentes y personas desempleadas a las cuales se les instruyó en el uso de armas, nombres de comandantes guerrilleros, ubicación geográfica de la supuesta compañía subversiva y el himno de las Farc.Se conoció que Flor Inés recibió $500.000 por cada persona que fue reclutada y que fue la encargada de conseguir 20 de los que la Fiscalía denomina ‘falsos guerrilleros’. La Fiscalía sostuvo que al menos $1.019 millones invirtió el Estado en el pago de las mensualidades para los falsos desmovilizados, hasta el momento en que se descubrió el engaño.

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