"No hemos entregado ni un metro de tierras a las Farc": Minagricultura

Mayo 28, 2017 - 11:00 p.m. Por:
Alfredo García Sierra | Reportero de El País
Aurelio Iragorri

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.

Foto: Colprensa

En los últimos días varios sectores del empresariado y hasta campesinos han exteriorizado sus temores por los rumores de que el Gobierno haría expropiaciones para supuestamente entregar tierras a los excombatientes de las Farc, con base en los acuerdos de La Habana.

Durante el presente fin de semana se expideron decretos para formalizar la tenencia de la tierra y crear el Fondo Nacional de Tierras.

Pero el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, sostiene que los rumores no son ciertos, pues lo que se pretende con esas nuevas medidas es la legalización de miles de predios cuyos propietarios no tienen títulos, con lo cual se acabaría la actual inseguridad jurídica en el campo.
Habría, asimismo, espacio para adjudicar parcelas a 800.000 familias del campo para que las pongan a producir.

Por el contrario, recalca el funcionario, el Gobierno recuperó y tituló a su favor un millón de hectáreas de tierras baldías que estaban en poder de terceros y testaferrros de ese grupo insurgente, hoy desmovilizado.
Iragorri anota, asimismo, que el Fondo de Tierras se nutrirá de predios baldíos, además de propiedades confiscadas al narcotráfico y sometidas a extinción de dominio.

De igual manera, la idea es adquirir predios a particulares para redistribuirlos entre campesinos.

Luego de la polémica que se armó con el tema de la repartición, expropiación y legalización de tierras frente a los acuerdos de La Habana, ¿cómo quedó definitivamente el proyecto?

Quedamos en que mediante las facultades otorgadas al presidente Santos antes de vencerse este mes de mayo, saldría un decreto básico con cinco puntos que consideramos urgentes y sustanciales, además de una consulta previa con las comunidades que ya se inició en cuanto al tema de tierras.

¿Cuáles son esos puntos para resolver la controversia?

El primero es establecer el listado de beneficiarios con una reforma agraria y quiénes son.

El segundo es un registro que permita priorizar esos beneficiarios para ver quienes entran primero y quienes después al acceso a tierras.

El tercer punto espera resolver 53 procedimientos distintos en la ley vigente para dejar solo uno, ya que ello se ha prestado para irregularidades. Luego viene la creación del Fondo Nacional de Tierras y los recursos con los que se va a nutrir, y que son en especial baldíos indebidamente ocupados o tierras quitadas a los narcotraficantes que están en extinción de dominio y tierras privadas que se compren a los particulares para redistribuirlas entre los campesinos.

El texto está en proceso de construcción bajo el ‘fast track’, tras recibir 1500 observaciones en la socialización con las comunidades.

¿No será complicado el trámite en el Congreso teniendo en cuenta el último fallo de la Corte?

Para saber si se necesita una reforma en este país, o no, se tienen que mirar unos datos absolutamente demoledores, diría yo.
En este momento hay unas 800.000 familias campesinas sin acceso a tierras. Somos un país que tiene 113 millones de hectáreas rurales y no se va a desconocer por ningún motivo el tema de la propiedad privada, pues en la negociación se definieron unas líneas rojas, que no se pasaron y mucho menos ahora en el proceso de implementación de los acuerdos de paz (con las Farc).

Por ningún motivo se permitirá que se trasgreda el principio de la propiedad privada y los derechos adquiridos. Esperamos que en el Congreso se hagan los ajustes del caso y no será nada distinto a lo que queremos, que es el respeto a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.

Pero muchos empresarios temen que esa inseguridad jurídica que existe hoy podría afectar sus propiedades con esas reformas...

Existe una falta de seguridad jurídica es lo que hemos visto, lo mismo que inversiones de grandes, pequeños y medianos empresarios que tenemos que resolver.

Además existe un problema serio y es que de los cuatro millones de predios rurales que existen solamente tienen títulos de propiedad el 30% de ellos. Es decir, que el 70% del país rural, háblese de campesinos, indígenas, comunidades afro, finqueros y agroindustriales y colonos, entre otros, no cuentan con escrituras de sus predios.

Lo que buscamos es agilizar los procedimientos para formalizar esas propiedades rurales. De igual manera, 10 millones de hectáreas, que son del Estado (baldíos) están en poder de particulares y por eso vamos a buscar la forma de solucionar esa situación.

Igual proyectamos resolver lo relativo a tres millones de hectáreas ubicadas en regiones de reserva forestal que están ocupadas por algunas comunidades, pues no se les pueden otorgar títulos, precisamente por estar en esas zonas.

Ministro, ¿esa solución pasaría por expropiar tierras?

El artículo de la expropiación nació en 1936 cuando se habló por primera vez de la función social de la propiedad rural en Colombia. Y habla de la posibilidad, y así se establece en las normas actuales, que un funcionario de carácter administrativo podrá expropiar aquellos bienes que él considere de utilidad pública o porque están ociosos, etc.

Ese artículo no irá incluido en el decreto para que nadie tenga la preocupación, y creo personalmente que como está hoy la legislación que permite expropiar la tierra de un particular, no debería seguir vigente. Eso debe ser competencia de los jueces, previo análisis administrativo y anuncio al propietario para decirle seis meses antes que deberá poner el predio a producir.

Esas normas de la expropiación como la de extinción de dominio, que generan tanta inquietud, las vamos a dejar en principio como están vigentes. Eso no lo inventó el Gobierno ni el presidente Santos ni el ministro Iragorri.

Pero, ¿qué pasará con aquellas personas, algunas conocidas por la opinión pública, que presuntamente se apoderaron de predios baldíos y los están explotando?

En este proceso no buscamos legalizar ningún torcido, por llamarlo así. Lo que pretendemos es poner unas reglas claras que le permitan a la gente tener seguridad jurídica respecto a sus inversiones en las zonas rurales. Hoy, esa inversión, en una parte muy importante del país, está absolutamente paralizada por la falta de estas normas que le den tranquilidad no solo al campesino, sino hasta al gran empresario o industrial.

No vamos a legalizar cosas indebidas. Es decir, en casos donde se violó la ley, o existen vacíos jurídicos.

Se afirma que los excombatientes de las Farc serían los mayores favorecidos con la entrega de tierras, algo que no cayó nada bien en muchos sectores cuando hay miles de familias campesinas que no poseen parcelas para subsistir. ¿Qué explicación tiene eso?

Eso es falso de toda falsedad. No existe un solo metro en Colombia que se le haya entregado a las Farc en este momento.

Por el contrario, lo que se hizo fue un proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, especialmente en departamentos como Caquetá, Meta, Córdoba y Bolívar, entre otros. Tenemos recuperadas y están registradas como tierras baldías, un millón de hectáreas que estaban en poder de personas y terceros supuestamente testaferros de las propias Farc.

Por eso, reitero, que es falso que se les hayan entregado tierras a las Farc en virtud del proceso de negociación del acuerdo de paz. No se ha entregado ni un solo metro.

Lo que hubo en estos dos años fue una recuperación de baldíos, y ahora que (las Farc) tengan que pasar el listado de bienes al Gobierno, vamos a saber cuánta tierra supuestamente está en poder de ese grupo.
Ya identificamos ese millón de hectáreas y se titularon como tierras baldías, es decir, de propiedad de la Nación. Esa es la verdad de lo que ha pasado.

Tras la dura temporada de invierno, que ya amainó un poco en los últimos días, ¿cuáles son las afectaciones?

Ese es el algo riesgo que enfrenta la actividad agrícola y pecuaria del país, pues una actividad a cielo abierto. Pero ha sido una situación contradictoria, ya que por un lado los precios de los alimentos llevan nueve meses con tendencia a la baja. Eso ha sido posible
en virtud del programa 'Colombia Siembra' que acordó cultivar más de 250.000 hectáreas en los dos últimos años. Mientras la FAO dice que en los primeros cuatro meses los precios de los alimentos han subido en el mundo, en Colombia, por el contrario, estos han bajado.

Siguen, sin embargo, las alertas por posibles nuevas inundaciones en el Bajo Cauca y en la zona de la Mojana como también en el Magdalena medio.

¿Qué ha pasado en el Valle?

Tenemos en vigilancia los municipios de Candelaria, Yotoco y La Victoria. Se han afectado cultivos de caña de azúcar y frutales. Por eso, productos como la cebolla, la remolacha y la zanahoria han presentado aumentos de precios al bajar la oferta por el invierno.

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