No cesan las críticas contra algunos de los magistrados que estarán en la JEP

“Los periodistas no deberían hacer eco de que ser defensor de DD. HH. o indígena es ser guerrillero o inhabilita para ser de la JEP”, Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Polo Democrático.

- “La JEP es el ‘nuevo misil’ que le entregó Santos a las Farc. Será el arma letal que los cabecillas usarán contra sus ‘enemigos’”, Ernesto Macías, senador del Centro Democrático.

- “La paranoia se apodera de quienes saben que la impunidad de la que han gozado a punta de reelección/intimidación terminará en esta JEP imparcial”, Claudia López?, senadora y candidata presidencial de la Alianza Verde.

- “No olvidar: Magistrados de JEP fueron elegidos por extranjeros y una química farmacéutica, previamente seleccionados por Santos y las Farc”, Alejandro Ordóñez?, exprocurador General de la Nación y candidato presidencial.

Dos días después de haber sido anunciados los integrantes de los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, la polémica no cesa.
De un lado y del otro de los sectores políticos cuestionan que entre los elegidos hayan personas como Rodolfo Arango Rivadeneira, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, quien a través de redes sociales ha expresado su oposición al senador Álvaro Uribe.

También que en la lista aparezcan exintegrantes de la Justicia Penal Militar (Camilo Suárez Aldana), excontratistas del Estado (Ana Caterina Heyck) y hasta exministros del Gobierno Santos, como Yesid Reyes.
Por eso, incluso hay quienes plantean que las personas más cuestionadas declinen del nombramiento para evitar que caigan mantos de dudas sobre la idoneidad del Tribunal que apenas comienza y que tendrá la potestad de condenar o absolver a los investigados por crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.

Algunos de los cuestionados, no han querido salir a defenderse. Sin embargo, Patricia Linares Prieto, nombrada como presidenta de la JEP, dijo que aunque no puede responder por casos específicos como el de Arango, sostuvo que es un jurista “intachable”.

“Cada cual ha venido ejerciendo su derecho a la libre expresión, de pronto unos con más visibilidad que otros, pero eso es legítimo en un Estado de Derecho”, pero aclaró que en el momento de tomar decisiones es cuando “nos trasladamos aún espacio diferente, sabemos cuáles son las limitaciones, restricciones, el deber que debemos cumplir en perspectiva de administrar justicia restaurativa con plena responsabilidad, garantía de imparcialidad, de mesura”, dice Linares.

Víctor De Currea-Lugo, profesor de la Universidad Nacional y colaborador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, sostiene que en este país nadie va a estar contento con las decisiones que se tomen.

“Lo que uno le puede pedir a un juez no es que no tenga posición política, eso es tonto, un ser humano no es neutral; lo que hay que pedirle es que sea imparcial al aplicar la ley”, dice el docente, al tiempo que agrega que es un peligro que desde ya haya prejuicios, “una lectura perversa” sobre un tribunal que todavía no empieza a operar.

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Agrega que no encuentra inconvenientes en quienes han trabajado con el Estado o haya hecho parte de la Justicia Penal Militar: “Eso no lo inhabilita, lo que hay que mirar es si se cometieron delitos o no en desde esos cargos”.

Mientras que Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, sostiene que las actuales críticas son producto de la polarización. “En el momento no hay que hacer nada con las personas elegidas. Me parece que el Comité de Escogencia se esmeró y lo hizo bien. Hay que esperar a que empiece a funcionar y luego sí criticar”.

Ayer radicaron ante el Senado de la República el proyecto de ley con el cual se crea la Comisión Legal de Aforados, para que conozca las denuncias que se radiquen contra funcionarios como el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación, magistrados de las cortes, incluyendo los de la Jurisdicción Especial de Paz.

La propuesta del senador de la U, Roy Barreras, es que la comisión sea integrada por cinco miembros, elegidos por la Plenaria del Congreso de la República de lista integrada por una comisión accidental designada por las mesas direc- tivas del Senado y la Cámara.

Barreras señaló que la comisión tendrá en cuenta para integrar la lista de candidatos, las postulaciones que hagan las universidades con acreditación de alta calidad en sus facultades de derecho.

Este proyecto sería el Plan B ante la posibilidad que se caiga una propuesta similar de comisión de aforados que está en la reforma política por de consecutividad, ya que este se incluyó en uno de los proyectos que hace parte de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

Con una exposición de la Fiscalía General de la Nación al proyecto  de ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP), avanzó ayer la discusión en las comisiones primeras del Senado y la Cámara.

El fiscal Néstor Humberto Martínez, en una exposición que tomó más de una hora, aseguró que respalda a la JEP, pero reclamó que esta se estructure bien para no dar impunidad a los autores de delitos de lesa humanidad: “Debemos lograr que el proyecto contribuya a una paz estable y duradera y no una paz que en la transición empiece con un conflicto jurídico”.

El Fiscal llamó la atención en el Congreso sobre supuestos vacíos en lo referente a los reinsertados por lo que aseguró que “hay una premisa que emana de la sabiduría popular: buenos linderos hace buenos vecinos, estos son los linderos de la JEP y la ordinaria. Hay que poner bien las estacas para que no se corran y genere dificultades en el vecindario”. Así mismo, pidió que se haga precisión para que los disidentes de la antigua guerrilla nunca puedan ser beneficiarios de la JEP.