"Ningún juez puede limitar el funcionamiento de una entidad”

"Ningún juez puede limitar el funcionamiento de una entidad”

Abril 18, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País y Colprensa

Presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez.

El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, habló de la competencia de la Contraloría para investigar aforados.

A raíz del fallo de los conjueces de la Judicatura que le había quitado competencia a la Contraloría para investigar fiscalmente a magistrados y se las daba a la Comisión de Acusación de la Cámara, ¿cuál fue la decisión del Consejo de Estado?La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que la Contraloría General de la República es la competente para adelantar procesos de responsabilidad fiscal contra los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria a los que se refería las investigaciones que adelanta la Contralora, en este caso, José Ovidio Claros Polanco, Julia Emma Garzón de Gómez, Henry Villarraga Oliveros y Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Cada vez que la Contraloría inicie una investigación por gestión fiscal contra un magistrado de una alta corte, con esta decisión ella tiene competencia para hacerlo.¿Puede la Contralora investigar y sancionar?La responsabilidad fiscal es una de las áreas que corresponden a los órganos del control en el funcionamiento del estado colombiano, entre ellos, la Contraloría que tiene por objeto establecer el adecuado empleo de los manejos de los recursos públicos. En esa medida señalamos que ese órgano de control puede hacer investigaciones de esa índole a todos los funcionarios públicos, incluyendo los aforados.¿Qué va a pasar con el fallo de la Sala de Conjueces?El fallo de la Sala de Conjueces, que en términos sencillos remplazaría a los titulares que se declararon impedidos, es una función por orden constitucional de carácter judicial tan solo que esa decisión tuvo por asunto un tema administrativo. Ese fallo está ahí, es jurídicamente oponible. Sin embargo, las circunstancias que acaba de notar le restan objeto.¿Es decir que la Sala de Conjueces no era competente para dirimir el conflicto porque es administrativo?Exactamente. El Consejo Superior de la Judicatura puede definir conflictos de competencia entre autoridades jurisdiccionales no entre entidades administrativas. Esa decisión está ahí, tan sólo que su objeto extrapola, se abarca elementos que son ajenos a la competencia.El fallo de los conjueces señala que para ellos la presunta falta por el ‘carrusel de pensiones’ es de tipo penal y no constitutiva de gestión fiscal, ustedes están diciendo lo contrario…Los hechos que son contrarios a la Constitución y el orden jurídico generan consecuencias en el área fiscal, disciplinaria y penal. Eso significa que esos mismos hechos pueden ser de relevancia, de contenido, disciplinario. En ese caso, la Comisión de Acusación debe hincar y desarrollar su investigación en el campo disciplinario. En este fallo se insta a la Comisión para que siga adelante con el deber jurídico que le asiste. Lo que no puede hacer la Comisión es entrar a desarrollar gestiones en materia fiscal porque ello supondrían sustraerle la competencia a la Contraloría.Usted manifestó su preocupación por el sistema de conjueces...Se ha atentado con la naturaleza de un órgano de control importantísimo para la vida de un país, como es el que guarda que los recursos públicos tengan un adecuado manejo. El poner en tela de juicio el ejercicio de ese órgano de control, que llamamos Contraloría General de la República, lesiona los colombianos. Ahí está lo que implica el sagrado ejercicio de la administración de Justicia, que no puede entregarse a los particulares, tiene que estar en manos de jueces profesionales, formados, curtidos, sensibles a la injusticia para que puedan perfectamente cumplir adecuadamente su labor.¿Ese fallo de conjueces limitó el funcionamiento de la Contraloría?Ningún juez de la República puede limitar el funcionamiento de una entidad ni puede afectar sus competencias, entonces imagínese usted lo que eso significa en un país atravesado con tantos dolores, que surja otro más, por las irresponsabilidades de darle la Justicia a personas que no tengan preparación para ello.Reforma a la Justicia¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene del sistema judicial en el país?El diagnóstico que yo tengo claro es que nunca en la historia que lleva Colombia, de 200 años de vida republicana, la sociedad, principalmente, y el Estado que la representa, ha sido consciente de que para tener una Justicia oportuna, moderna, correspondiente a las demandas del país, es necesario invertir en ella. Usted se ha mostrado en desacuerdo con la reforma al Artículo 116, que le entregaría a particulares el manejo de la Justicia como opción para descongestionarla, ¿en qué radica?Lo normal en las sociedades desarrolladas y civilizadas es que la Justicia la ejerza una organización profesional que llamamos Poder Judicial, con jueces, fiscales, magistrados, tribunales, organismos accesorios, dentro de un esquema que seleccione el personal adecuadamente por sus conocimientos y sus connotaciones éticas. Cuando se entregan delicados intereses de la patria a personas que no tienen vínculos con la Justicia, que no tienen capacidad técnica probada, cunde el desconcierto y la erosión del sistema de Justicia.¿Estaría siendo irresponsable el Congreso al permitir que se reforme ese artículo?Ese adjetivo me parece difícil de utilizar en boca de un juez que debe ser ponderado y prudente. Pero sí me preocupa profundamente la vida de mi patria con un sistema de Justicia descuartizado, no profesional. En cambio de ir para adelante, vamos para atrás, so pretexto de que hay mucha congestión, cuando la solución la tenemos los colombianos sensibilizándonos, porque la paz que tanto anhelamos comienza porque haya Justicia en la vida social y colectiva.Tal como están las cosas parece que la Reforma a la Justicia no va a resolver de fondo los problemas...Nunca, por supuesto que no. Las motivaciones de esa reforma son absolutamente ajenas a la realidad del país.¿Entonces, qué se debe hacer?Que el pueblo colombiano apoye a su Justicia, que le reclame la responsabilidad política a los congresistas. El Ministro de Justicia y las cámaras legislativas tienen que ser sensibles de que Colombia necesita Justicia. Si ellos no son sensibles y escamotean las demandas de los jueces diciendo que no piden más que plata, eso es trivializar una realidad, para ignorarla, que es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora.

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