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Niegan libertad a Miguel Ángel Moralesrussi, excontralor de Bogotá

Según la Fiscalía las informaciones presentadas por la defensa de Moralesrussi no alcanzan para ser tenidos en cuenta como elementos materiales probatorios suficientes para analizar si es viable la revocatoria de la medida de aseguramiento.

26 de marzo de 2013 Por: Elpais.com.co | Colprensa

Según la Fiscalía las informaciones presentadas por la defensa de Moralesrussi no alcanzan para ser tenidos en cuenta como elementos materiales probatorios suficientes para analizar si es viable la revocatoria de la medida de aseguramiento.

La jueza 63 de Garantías acaba de negarle la libertad a Miguel Ángel Moralesrussi, excontralor de Bogotá, al considerar que los argumentos presentados por la defensa no permiten sustituir la medida de aseguramiento. Según lo expuesto por la funcionaria judicial, las informaciones dadas a conocer por el abogado Iván Cancino, quien defiende al exfuncionario, "constituyen simples comentarios" y no alcanzan para ser tenidos en cuenta como elementos materiales probatorios suficientes para analizar si es viable la revocatoria de la medida de aseguramiento. "En el caso concreto no se tienen elementos probatorios que hagan desaparecer la gravedad y la modulada de esa conducta punible", señaló la administradora de justicia. Respecto a la entrevista a Álvaro Dávila, realizada por la defensa la semana pasada y en la que aseguraba que nunca escuchó a Moralesrussi hacer una exigencia de dinero, la jueza de Garantías expresó que esta prueba no puede ser evaluada por ella, sino que esto lo tiene que hacer un juez de Conocimiento. Tanto la defensa como el representante del Ministerio Público apelaron la decisión. La funcionaria judicial también negó la posibilidad de otorgarle la casa por cárcel al ex Contralor. Los argumentos de las partes La audiencia se había aplazado el jueves pasado, pues la funcionaria judicial argumentó que necesitaba conocer a fondo las pruebas presentadas por el abogado Cancino. La defensa solicitó la revocatoria de esta medida considerando que los argumentos que llevaron a tomarla ya desaparecieron. El abogado Cancino expresó, en primera medida, que la Fiscalía no pidió que su defendido fuera enviado a la cárcel porque podría obstruir a la justicia. A renglón seguido, puso en conocimiento de la jueza una serie de informaciones de medios de comunicación, en la que la entonces concejal Ángela Benedetti aseguraba que en el desayuno que se hizo en su casa entre Moralesrussi y el contratista Guido Nule no escuchó que el entonces Contralor le pidiera alguna pretensión económica. Además, Cancino dio a conocer que se le realizó una entrevista a Álvaro Dávila en la que le aseguró que "nunca tuvo conocimiento de un pago de dinero" por parte del grupo Nule al ex Contralor "con el propósito de ayudarlos". También, la defensa refirió un informe de la revista Semana en la que se aseguraba que Emilio Tapia le explicó a la Fiscalía que en la acusación a Morales-Russi "puede haber una enorme equivocación", puesto que el soborno por el que está detenido "no era para él". Además, Cancino aseguró que su defendido ha acudido cumplida y voluntariamente a todas las audiencias en las que ha sido requerido. Además, aclaró que Moralesrussi no tiene el sustento económico para salir del país, puesto que está sin trabajo hace casi dos años, tiempo que lleva detenido, además de estar sancionado para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría. "No puede acercarse a dineros públicos, no puede contratar con ninguna entidad estatal", dijo el abogado, quien agregó que "la comunidad ni los dineros públicos van a correr ningún riesgo". Por su parte, el procurador Luis Enrique Ortiz Valero estuvo de acuerdo con lo expuesto por la defensa, pues consideró que con el tiempo que lleva detenido la medida está pasando "de ser preventiva a ser sancionatoria" y añadió que el excontralor está siendo sometido a un "calvario". Ortiz expresó que hoy las circunstancias son diferentes y no tiene los recursos para salir del país, ni tampoco representa una gravedad para la comunidad. Además criticó que el proceso de Morales-Russi esté en el mismo que el de Liliana Pardo, ex directora del IDU, y que todavía no se hayan separado, cuando el material probatorio se centra en su mayoría en la ex funcionaria. Antonio Villalba, representante de los intereses como víctima de la Contraloría, estuvo de acuerdo en que la medida de aseguramiento siguiera, pero que la cumpliera en su casa. Por su parte, Jaime Alonso Zetien, fiscal delegado ante la Corte, consideró que no se le debía otorgar la libertad, puesto que no se cumplieron los requisitos para tomar esta medida. El fiscal consideró que las pruebas presentadas por la defensa son nuevas y este no es el escenario para evaluarlas. Asimismo, expresó que todavía no se ha terminado la etapa probatoria y es aquí donde se debe hacer un análisis de valoración probatoria a los argumentos expuestos por la defensa. También consideró que las manifestaciones del abogado Cancino son obtenidos de medios ce comunicación y "no cumplen las medidas de formalidad mínimas para ser tenidos en cuenta como elementos probatorios". Moralesrussi, recluido en la cárcel La Picota, es investigado por los delitos de concusión y prevaricato por omisión.

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