Niegan libertad a Mario Aranguren

Junio 11, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa

La jueza 26 de conocimiento de Bogotá, Luz Marina Álvarez, consideró válidos los argumentos de la Fiscalía de que el ex director de la Uiaf es un peligro para la sociedad y las presuntas víctimas.

La jueza 26 de conocimiento de Bogotá, Luz Marina Álvarez, negó la libertad de Mario Aranguren, ex director de la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero, del ministerio de Hacienda.La misma decisión se tomó para el ex director de operaciones de la Uiaf Luis Eduardo Daza. Los dos serán enviados a la sede de Aquimindia del DAS.La jueza consideró válidos los argumentos de la Fiscalía de que Aranguren es un peligro para la sociedad y las presuntas víctimas. El procurador delegado Henry Bustos, había dicho que no creía que Aranguren fuera un peligro para la sociedad y que no consideraba que fuera viable la medida de aseguramiento.Vicente Gaviria, abogado de Aranguren, y Camilo Sampedro, el de Daza, habían pedido prisión domiciliaria.AntecedentesEl pasado 26 de mayo, la Fiscalía Octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó medida de aseguramiento contra el ex director de la Uiaf Mario Aranguren y ex subdirector operativo de la misma Unidad, Luis Eduardo Daza, señalados de haber hecho parte de un conjunto de acciones y seguimientos ilegales contra los magistrados de la Corte Suprema y los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro. Estas personas eran nombradas por el DAS y la Uiaf como "objetivos institucionales".La Fiscalía señaló que la campaña de desprestigio que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero (Uiaf) intentaron hacer contra los magistrados de la Corte Suprema, fue para neutralizar las acciones judiciales del ato tribunal contra el Ejecutivo.Ante la juez 52 Penal Municipal con función de Control de Garantías, Jenny Jiménez, ese miércoles la Fiscalía presentó y argumentó todas las pruebas que hasta el momento ha recaudado para acusar a los ex funcionarios.Según argumentó el fiscal del caso, Misael Rodríguez, la Uiaf trabajó de la mano con el DAS para investigar sobre la vida privada y laboral de los magistrados y congresistas entre 2007 y 2008.El trabajo de la Uiaf habría consistido en recaudar toda la información financiera de los magistrados, para lo cual se valió del nombre de la entidad y así obtener información exclusiva en entidades bancarias. Con esa información se elaboraron informes con las hojas de vida de los magistrados y sus tendencias políticas, que fueron presentados al DAS a través de la dirección de Contrainteligencia y a altos funcionarios de la Casa de Nariño.El plan de desprestigio del que habla la Fiscalía consistió en tratar de vincular a los magistrados con el narcotráfico, a través del empresario Ascencio Reyes, quien tiene reportes para investigar el origen de sus dineros.Según la Fiscalía, se aprovechó que los magistrados de la Corte, junto con el Procurador General, Fiscal General y el Defensor General asistieron a una ceremonia en Neiva en el 2006.La Fiscalía consideró infundado el seguimiento que se les hacía a los magistrados, ya que ellos ni siquiera tenían reporte de operaciones sospechosas y además cuestionó el hecho de que si se tomó de excusa el encuentro de Ascencio Reyes para sospechar de ellos, porqué no se incluyeron en los informes los nombres de los demás asistentes al encuentro como el Procurador, el Fiscal y el Defensor."Lo de Ascencio fue una disculpa, porque lo importante era tratar de vincular a los magistrados para soportar los informes ilegales" , señaló la Fiscalía.Algunos meses después de esta reunión, se inician las actividades de la Uiaf como esculcar en bases de datos, transacciones bancarias realizadas por los magistrados, compra y venta de vehículos y hasta registros de la seguridad social de ellos.Esta tarea fue para el ente acusador una muestra de que "se desbordaron los límites legales y funcionales del DAS y la Uiaf para obtener y analizar información reservada" .Precisó que la función de la Uiaf es prevenir y alertar sobre situaciones que tengan que ver con un posible lavado de activos o financiación del terrorismo, y que no hay ni una sola prueba que permita inferir que eso era lo que se estaba buscando con los seguimientos a los magistrados.Inflitraciones al interior de la CortePero, al parecer, los seguimientos ilegales contra magistrados van más allá, pues la Fiscalía reveló apartes de unas grabaciones que se habrían hecho ilegalmente al interior de las salas Plenas de la Corte, en donde se iban a tomar importantes decisiones. Justamente una de las grabaciones tiene que ver con las decisiones de la Corte sobre la ‘parapolítica’ y otra en donde se iba a hablar de la viabilidad de un posible encuentro de los magistrados con el presidente de la República, Álvaro Uribe.Para la Fiscalía, esto es muestra que había infiltrados humanos en las sesiones de los magistrados y que de las grabaciones obtenidas por estas personas se transcribía lo más importante para anexarlo al informe ilegal que la Uiaf y el DAS realizaban.El fiscal Rodríguez también señaló que incluso, se llegó a comprar la copia de expedientes sobre temas de interés nacional.Testimonios clavesDentro de la investigación de las ‘chuzadas’ se recaudaron testimonios de diferentes funcionarios, tanto de la Uiaf como del DAS. Unos de los más relevantes los dieron funcionarios del Grupo de Inteligencia Especial del DAS llamado Goni, que confirmó que el objetivo de los seguimientos ilegales era una campaña de desprestigio contra la Corte Suprema.En cuanto a los seguimientos a Piedad Córdoba, el testimonio citado por la Fiscalía señaló que la Uiaf estaba buscando si ella había recibido recursos provenientes de Venezuela.Al parecer, entre el plan de desprestigio estaba, por orden de la Presidencia de la República, el de filtrar la información obtenida ilegalmente y de manera intencional sobre los magistrados a los medios de comunicación, para que se hiciera pública la supuesta infiltración del narcotráfico en la Corte Suprema.En efecto esto fue probado por la Fiscalía al citar un artículo escrito por la periodista Salud Hernández, en donde se refiere al tema. Para la Fiscalía, ella fue "usada" para que publicara esta información.Otro de los testimonios claves dentro de este proceso es el de Juan Carlos Riveros Cubillos, un funcionario de la Uiaf, designado por esta unidad para analizar los informes que se tenían sobre los magistrados y quien recibía de Luis Eduardo Daza los documentos y demás informaciones obtenidas ilegalmente.Reuniones en casa de NariñoLa Fiscalía habló de las famosas reuniones que se habrían sostenido en Casa de Nariño entre finales de 2007 y el 2008 con voceros de la Uiaf, del DAS y de Palacio.A una de estas reuniones asistió el Director de Contrainteligencia del DAS, capitán Jorge Alberto Lagos, otro funcionario de contrainteligencia llamado Rafael Monroy, Astrid Liliana Pinzón de la Uiaf, que estaba reemplazando temporalmente a Daza, el secretario de prensa de Palacio César Mauricio Velásquez y el asesor José Obdulio Gaviria.Según se conoció, en estas reuniones se entregaron los informes sobre Ascencio Reyes, en donde estaban involucrados los magistrados de la Corte Suprema.La Fiscalía también cuestionó el hecho de que se hubiera remitido a la Unidad contra el lavado de activos de este ente acusador, un informe de 47 folios y un disco compacto alertando sobre las posibles actividades ilícitas de Ascencio Reyes y dos magistrados de la Corte Suprema.Según la Fiscalía, los dos magistrados no estuvieron relacionados con el contenido del informe, sino que solamente fueron citados con anotaciones "tendenciosas" .El funcionario que entregó esto a la Fiscalía fue Daza, quien dijo que su jefe Aranguren le recomendaba esa información.Por todos estos hechos en contra de la Uiaf, probados por la Fiscalía, a Aranguren y Daza les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de función pública. Ninguno aceptó los cargos y en cambio dijeron que van a demostrar su inocencia.La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema determinó no imputar cargos a la ex subdirectora de Operaciones del DAS Martha Leal, sin dar mayores explicaciones al respecto. Por esta razón, ella no asistió a la audiencia.

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