Ministro de Defensa responde a HRW sobre fuero militar

Diciembre 05, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co I Colprensa
Ministro de Defensa responde a HRW sobre fuero militar

Ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón.

Ministro de Defensa exhortó a esa organización a “reconocer el temple democrático, participativo y transparente de esta propuesta”.

En una carta enviada este lunes a José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, respondió a las observaciones que esa ONG le hizo al proyecto de acto legislativo sobre el fuero militar que cursa en el Congreso para reformar los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución. Uno a uno, el Ministro de Defensa abordó los cuestionamientos de HRW, pero también exhortó a esa organización a “reconocer el temple democrático, participativo y transparente de esta propuesta”. En primer lugar, se refirió a la inseguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública que, según Pinzón, “no es un mito”, sino una realidad. Para el Ministro, al exigir causales de ausencia de responsabilidad propias del derecho penal al momento de juzgar una actuación en el marco de las hostilidades, como la demostración de legítima defensa o el cumplimiento de un deber legal para casos en los que deben aplicarse las normas propias del DIH, se afecta el cumplimiento de la misión constitucional y legal de la Fuerza Pública. Pero eso tiene una repercusión adicional, porque para el Ministro, por esa vía, también se afecta “la protección efectiva de los derechos de los colombianos expuestos a las acciones violentas de grupos armados al margen de la ley”. Pinzón también le asegura a Vivanco que el paquete legislativo del Gobierno busca fortalecer la Justicia Penal Militar, con garantías de imparcialidad e independencia. “Este Ministerio no hace oídos sordos a los reclamos frente al proceder histórico de la Justicia Penal Militar. Por ello, precisamente, ha concebido los mecanismos legales para fortalecerla y renovar la confianza institucional y de la sociedad colombiana en cada una sus actuaciones”, dice. Agrega que desde el acto legislativo se impone la necesidad de legislar en torno a las garantías de independencia e imparcialidad de la Justicia Penal Militar, con miras a reforzar los derechos de las partes involucradas en sus procesos y preservar el espacio para el ejercicio efectivo de las labores de los defensores de Derechos Humanos. Y que algunas previsiones para cristalizar esas garantías son la separación absoluta del mando, la ubicación de los despachos fuera de unidades militares como regla general y preservar la Corte Suprema de Justicia como última instancia de la jurisdicción castrense. Al respecto, anunció que el desarrollo de esos temas será objeto de un proyecto de ley estatutaria que contempla también un trámite reforzado con mayorías especiales y el control automático de la Corte Constitucional previo a su entrada en vigencia. Paralelo a ello, según Pinzón, se impulsará un proyecto de ley ordinaria encaminado a reestructurar la jurisdicción castrense, implementar su fiscalía general penal militar, organizar su cuerpo técnico de investigación y adoptar previsiones para el tránsito al sistema penal oral acusatorio. “Esta trascendental propuesta, consecuente con los requerimientos de una Justicia Penal Militar moderna, estricta, eficiente y autónoma, funge como otro instrumento para reafirmar ese propósito de credibilidad”, dice el Ministro en la carta a HRW. Otro de los aspectos que le respondió Pinzón a Vivanco es el relacionado con la lista de delitos excluidos y que aún está en discusión en el Congreso. Pinzón recordó que, a la fecha, luego de siete debates, el texto aprobado por la Comisión Primera del Senado amplió de tres a siete la lista de delitos expresamente excluidos del conocimiento de la justicia castrense, así: “En ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores. serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales”, dice el texto aprobado. “Así las cosas, queda claro que las posiciones jurídicas consignadas en las ponencias y textos aprobados por el Senado y Cámara son resultado de una viva y sostenida deliberación, connatural a un proceso abierto y democrático, ajeno a cualquier imposición o arbitrariedad”, asegura el Ministro de Defensa. Sobre el Tribunal de Garantías Penales y la Comisión Mixta, el alto funcionario asegura que fortalecen la justicia y el Estado de Derecho. “Valga resaltar que este Órgano hará parte de la jurisdicción ordinaria y que su conformación será equilibrada y enteramente civil (ocho magistrados con calidades de Alta Corte, cuatro de ellos miembros en retiro de la Fuerza Pública)”. Y agrega que las preocupaciones frente a la creación de una Comisión Mixta planteadas por HRW “desatienden el espíritu y alcance de este cuerpo de coordinación, inspirado en la figura de la Comisión Internacional de Establecimiento de Hechos, prevista en el articulo 90 del Protocolo Adicional I de Ginebra”. Al referirse a los 'falsos positivos', Pinzón sostiene que no irán a la Justicia Penal Militar. “Antes que nada, hay que reiterar que el Congreso, con el acompañamiento del Gobierno Nacional, ha reincorporado la ejecución extrajudicial al listado de conductas expresamente excluidas del conocimiento de la jurisdicción castrense”. Para finalizar, Pinzón se refirió a la ayuda militar estadounidense y la competencia de la Corte Penal Internacional. Le dice a Vivanco: “Los argumentos de su Organización en estos puntos parten de supuestos de imposible verificación en el estado actual del proceso legislativo, y desconocen de paso los esfuerzos acometidos por este país en los últimos años”.“En ese orden de ideas, la afirmación según la cual Estados Unidos podría suspender la asistencia militar a Colombia so pretexto de esta reforma, resulta inadmisible hasta tanto no se materialicen los postulados de esta apuesta que el Gobierno colombiano considera ganadora”, sostiene. De otro lado, advierte que “querer fortalecer la jurisdicción castrense no puede implicar, en modo alguno, indisposición por parte del Estado colombiano para juzgar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad (de conocimiento exclusivo de la justicia ordinaria, según el proyecto de acto legislativo) o cualquier otro delito de competencia” de la Corte Penal Internacional. “Los propósitos de esta reforma apuntan, precisamente y como lo demuestra cada uno de los puntos abordados en este escrito, a inyectar eficacia, celeridad y credibilidad a nuestras instituciones en favor de los derechos y garantías, no solo de los integrantes de la Fuerza Pública, sino de todos los colombianos”, concluye Pinzón.

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