Mayores penas para los violentos en protestas abren el debate en Colombia

Analistas dicen que el riesgo del proyecto promovido por le ministerio de Defensa es que podría terminar por criminalizar la protesta social en Colombia.

El debate sobre si la protesta social debe o no tener sanciones penales quedó abierto luego de que el Gobierno radicara un proyecto de ley de protección ciudadana.Con la iniciativa se pretende aumentar los castigos a quienes opten por las vías de hecho en las manifestaciones y agrava estas sanciones cuando se oculta la identidad, es decir para los denominados ‘encapuchados’.Diversos sectores sociales tienen claro que los gobiernos deben respetar y proteger la protesta como una manifestación de inconformismo, pero coinciden en que el vandalismo y la presencia de delincuentes que desdibujan las movilizaciones pacíficas debe tener medidas concretas.Sin embargo, difieren en la manera de cómo se deben sancionar estas acciones, ya que mientras el Gobierno sostiene que se tienen que aumentar las penas, los analistas consideran que hay muchas herramientas que se pueden aplicar sin necesidad de nuevas legislaciones.Pero al proyecto se suma un elemento adicional y es la actual coyuntura política que vive el país, ya que para algunos sectores es claro que este tipo de iniciativas son impopulares y no tendrían eco en el Congreso.Ante estos escenarios, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes aseguró que la actual coyuntura del país podría afectar el proceso, ya que a su juicio “reprimir esas acciones penalmente no es conveniente” y explicó que “hay otras maneras de hacerlo y muchos de estos comportamientos tienen sanciones penales, además se vinculan en el Código de Policía”.Cifuentes sustentó este argumento al indicar que “lo que se requiere es que se aplique el Código Penal que tiene elementos que encajan para estos comportamientos” y añadió que “lo que se debe hacer es que haya límites proporcionales para quienes perturben el orden público, pero no entrar en el escenario de la criminalización de la protesta social y que esta termine reprimida por el Estado”.El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, también llamó la atención sobre que el actual “no es el momento indicado para presentar un proyecto en este sentido”.Dijo que hay problemas más urgentes, como la crisis carcelaria y la ausencia de una verdadera política criminal que determina que “por cada situación que se presenta en el país se quiere expedir una nueva ley. Entonces pasa lo de los conductores borrachos y llega un proyecto, y así con todos los problemas que se presentan en el país”.Según Motoa “lo que debe haber es una política criminal seria, porque esas propuestas por retazos no funcionan”.Una mirada más pausada a la situación la dio la exministra de Defensa Martha Lucía Ramírez, quien aclaró que el tema no se puede mirar como un todo, es decir que no se puede combinar el derecho a la protesta con el vandalismo, la delincuencia y la agresión.“La protesta social hay que protegerla porque es un capital social en el que hay un empoderamiento del ciudadano frente a sus necesidades; pero los actos violentos, el vandalismo y la delincuencia sí se deben reprimir”, anotó Ramírez.Entre tanto, el exministro Camilo González fue más radical en sus apreciaciones y comparó la propuesta del Gobierno con el Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay.“Ese estatuto no funcionó, polarizó y afectó la imagen internacional del país, además no frenó la protesta”, dijo González, quien acotó además que “esas son soluciones equivocadas y lo que debe hacer el Gobierno es prevenir los problemas sociales para que no haya protesta”.Por su parte, el exmagistrado José Gregorio Hernández, manifestó que “no creo que incrementando las penas necesariamente se llegue a disuadir a los violentos”. Mientras tanto, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, insistió en que se debe garantizar el derecho a la protesta, “pero si en desarrollo de ello se genera vandalismo e incluso hasta terrorismo, hay que acudir a estas figuras, aunque no soy tan amigo de andar penalizando”.Agregó que en muchas de las protestas que acaban de registrarse se observó que la gente está utilizando capuchas, “y los campesinos no son de capucha”.Lo que contempla la iniciativaEl proyecto de ley, radicado el miércoles por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, incrementa las penas para extorsión, microtráfico, contrabando de combustibles y minería criminal, además al bloqueo de vías donde se utiliza la violencia cuando hay protestas, entro otros.¿Este proyecto solo se enfoca en el tema de los paros?No. La iniciativa abarca todo el escenario de la protección ciudadana y busca contrarrestar el crimen. De hecho, el ministro Pinzón dijo que se “pretende dar herramientas de tipo penal para responder a los delitos que hoy están afectando más a los ciudadanos”.¿Aumentan penas a la extorsión?Sí, pero además deja de considerarse un delito económico y pasa al escenario de un hecho que atenta contra la autonomía personal. Con esto se fortalecen las penas, que se agravan cuando tiene como fin financiar actividades terroristas o afectar la capacidad económica de la víctima.¿Se va a penalizar la dosis personal de estupefacientes?No. Lo que pretende el Gobierno es emprender una lucha contra el microtráfico y para ello agrava las penas cuando se utilizan menores de edad; a quienes simulan adicción y portan dosis personales para su comercialización y cuando se utilizan ventas ambulantes como fachadas.¿Se penaliza la minería ilegal?Sí. La norma establece que quien explote ilegalmente minerales, arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar daños a los recursos naturales o al medio ambiente. Esto puede dar prisión entre 55 a 112 meses. Además también castiga a quienes comercialicen con estos materiales ilegales.¿Qué otros temas trae el proyecto de ley?También se refiere al contrabando de mercancías, que da penas entre 4 y 9 años de prisión; el contrabando de hidrocarburos; el favorecimiento al contrabando; la regulación a la privación de la libertad a menores de edad en centros de atención especializada. Además, para priorizar la investigación y juzgamiento, se activarán jueces y fiscales para los casos de flagrancia en los delitos de lesiones personales, hurto calificado, receptación y obstrucción a vías públicas.