Masacre en Tandil, Nariño, será investigada por la justicia penal militar

Sin respuestas. Así están los familiares de las víctimas de la masacre del Tandil, una vereda de Tumaco, que este viernes cumple dos años de haberse perpetrado y que les cobró la vida a ocho personas y dejó heridas a otras treinta, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

La Fiscalía, en su momento, anunció con bombos y platillos una investigación para esclarecer los hechos.

“Hemos avanzado a muy buen ritmo en la recolección de evidencia”, dijo en su momento María Paulina Riveros, que para la época de los hechos estaba a cargo del búnker. “El equipo de la Fiscalía, a quien se ha confiado la investigación penal, está compuesto por más de 70 personas, entre quienes se encuentran el delegado para la Seguridad Ciudadana, Luis González León; el director nacional del CTI, general en retiro Luis Alberto Pérez Albarán; la directora especializada contra la Criminalidad Organizada, Claudia Carrasquilla Minamí; el director de la Seccional Nariño, Nelson Andrés López, y el fiscal que conduce la investigación y dirige los actos procesales para el recaudo y análisis de pruebas, según las directrices de la vicefiscal general de la Nación”, añadió.

Con esa nómina, confirmada en el boletín de prensa 21908 de la entidad, llama la atención que el caso haya tomado otro rumbo y ahora se encuentre en manos de la Justicia Penal Militar ya que hay dos oficiales del Ejército y la Policía que presuntamente serían los implicados en el múltiple asesinato, pese a que las primeras declaraciones del Gobierno señalaron a las disidencias de las Farc como los autores.  

La decisión de pasar a esta instancia fue tomada en una audiencia el pasado 22 de agosto celebrada ante el Juzgado Primero Penal de Tumaco a petición de la propia Fiscalía que argumentó que se cumplen los mínimos requisitos para que sea instancia la que asuma el proceso.

Fueron 22 las carpetas que se entregaron entre los que se cuentan los informes de las inspecciones a los cadáveres que reseñan la trayectoria que tuvieron los proyectiles y el tipo de arma a la que pertenecen las vainillas encontradas en la escena. También remitieron los 17 discos compactos que contienen material que probaría una posible alteración del lugar en el que se perpetró la masacre.

En esos expedientes también están las cadenas de custodia y los informes redactados por los investigadores de campo elaboraron en terreno.

Entre las irregularidades de ese traslado de expediente figura que en la audiencia en la que se tomó la decisión no hubo participación de los representantes de las víctimas. De hecho, ni recibieron la notificación del juzgado tumaqueño que iba a celebrar la diligencia.

También llama la atención que la decisión se haya tomado pese a que existen providencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia que sientan jurisprudencia sobre la imposibilidad de que la Justicia Penal Militar conozca casos en los que los miembros de la Fuerza Pública estén involucrados en violaciones a los derechos humanos.

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Una de los interrogantes, además, es por qué esa decisión se tomó un año y 10 meses después del hecho y siete meses después de que se imputaron cargos a los oficiales aparentemente implicados. En esa diligencia, la Fiscalía consideró que no había lugar a solicitar medida de seguramiento ya que no había riesgo de fuga por parte de los comparecientes o sospecha de que interfirieran la investigación o influyeran en la recopilación de material probatorio.

Esa audiencia tuvo lugar en Pasto ya que la propia Fiscalía había solicitado que se desarrollara en esa ciudad aduciendo que si se realizaba en Tumaco había riesgo de seguridad, argumento que fue acogido. Por ello es que tampoco se explica porque si se había hecho tal petición, la audiencia en la que se anunció el cambio a la Justicia Penal Militar sí fue realizada en un juzgado del puerto nariñense.

Las víctimas de la masacre estaban concentradas en un punto de la vereda para impedir la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca en la región. Lo que alegaban los pobladores es que se estaba incumpliendo uno de los puntos del Acuerdo de Paz sobre los programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Los testimonios de los lugareños coinciden en que tanto Policía como Ejército dispararon al aire y posteriormente contra la multitud que para ese 5 de octubre a las 9:30 a.m. estaba compuesta de por lo menos unas 1.500 personas. Algunos relatos, incluso, hablan del uso indiscriminado de granadas, bombas de aturdimiento y gases lacrimógenos contra el grupo que también contaba con la presencia de mujeres.

En las mismas declaraciones se negó la versión de los militares que aseguraron que las tropas habían sido atacadas con tatucos y hostigadas con ráfagas de fusil.