"Más de 32.000 personas están en riesgo por el conflicto armado": Defensoría

"Más de 32.000 personas están en riesgo por el conflicto armado": Defensoría

Enero 30, 2018 - 04:29 p.m. Por:
Colprensa / El País
Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo

Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo

Colprensa

Por medio de un documento de 11 páginas, Mauricio Redondo Valencia, defensor delegado para la Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos, alertó al Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, sobre la situación que padecen los habitantes de los ríos Truandó, Domingodó y Jiguamiandó de los municipios chocoanos Carmen del Darién y Riosucio, esto por cuenta del conflicto armado en esa zona del país.

Según Redondo Valencia, son alrededor de 32.000 personas las que están expuestas a la vulneración de sus derechos, por la presencia de grupos al margen de la ley, entre ellos la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.

“Durante los meses de marzo y abril del 2017, las AGC incursionaron en reiteradas ocasiones en la comunidad afrodescendiente Domingodó Pueblo, aún, pese a que en el marco de un Consejo de Seguridad realizado el 8 de marzo, en el municipio de Carmen del Darién, la Fuerza Pública asumió el compromiso de brindar seguridad permanente y perimetral a la comunidad”, dice el documento.

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Y así, el documento relata un sinnúmero de hechos que, al parecer, estos grupos al margen de la ley han cometido contra la población civil e incluso contra la Fuerza Pública.

“Durante el año 2017 y el presente año, la Defensoría del Pueblo ha observado que son continuas las presiones y amenazas contra líderes y autoridades étnicas que denuncian la presencia de las AGC y el ELN o que visibilizan ante las entidades competentes las situaciones de riesgo que enfrenta la población civil como consecuencia del conflicto armado, en escenarios como los Comités de Justicia Transicional, Consejos de Seguridad o reuniones institucionales”, añade el documento.

Según el órgano defensor, el último acto se registró el pasado viernes 19 de enero, momento en el que 200 miembros de las AGC, usando armas de fuego y quienes portaban prendas de uso privativo de las fuerzas militares, ingresaron a la comunidad indígena Unión Chogoroto del municipio Carmen del Darién.

En el lugar, los subversivos habrían obligado a la comunidad a sostener una reunión en la que emitieron amenazas de muerte contra quienes se opusieran al accionar del grupo armado ilegal en el territorio o sean objeto de sospecha de brindar algún tipo de apoyo a la guerrilla del ELN.

Para la Defensoría, lo que ha generado este tipo de acciones contra la comunidad es la expansión de los militantes a bandas criminales una vez se desmovilizó las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.

Las recomendaciones

Una vez conocida la situación que padecen los habitantes de dichas regiones, solicitaron a la Policía Nacional “adoptar en coordinación con los alcaldes Municipales y el Gobernador del Chocó, reforzar las medidas de seguridad para prevenir de forma eficaz las violaciones a los derechos a la vida, seguridad, libertad e integridad de la población civil y aplicar los planes de protección individual y colectiva para los líderes, autoridades étnicas, organizaciones étnico territoriales”.

En relación a las Fuerzas Militares, el órgano defensor pidió realizar acciones que logren contrarrestar “el avance de los actores armados ilegales en la subregión del Bajo Atrato, acatando determinadamente los principios del DIH, en particular los que aluden a la Precaución y Proporcionalidad que deben observar las actuaciones militares”.

A las alcaldía locales les solicitó “diseñar, implementar y mantener en el tiempo la aplicación de una estrategia adecuada, oportuna y efectiva para prevenir y proteger a menores de edad frente a la utilización y el reclutamiento forzado y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales en mención, que trasciendan la oferta institucional de los programas regulares que actualmente se encuentran en ejecución”.

Del mismo modo, solicitó a la Unidad Nacional de Protección generar medidas colectivas de protección para los líderes de movimientos sociales.

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