Más de $11.000 millones se habrían perdido tras colapso de puente en Boyacá: Contraloría

Más de $11.000 millones se habrían perdido tras colapso de puente en Boyacá

Enero 17, 2018 - 02:59 p.m. Por:
Colprensa / El País
Contraloría

Contraloría General de la Nación.

Colprensa

La Contraloría General de la Nación informó este miércoles que el colapso del puente Quebrada Blanca, en el municipio de Otanche, Boyacá, podría haber generado la pérdida de inversiones del Estado y un presunto detrimento patrimonial por 10.792 millones de pesos, afirmación que fue rechazada por el Fondo de Adaptación, encargado de financiar la obra.

De acuerdo con el ente de control el Fondo Adaptación  no realizó la revisión adecuada de los estudios y diseños definitivos del puente, en los cuales no se consideraron los antecedentes geológicos e hidrológicos de la zona.

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Luego de una denuncia presentada por el Senador León Rigorberto Barón, el organismo de control encontró que el posible daño patrimonial por los estudios y diseños de esta obra, incluyendo la interventoría de los mismos, suma 502.9 millones de pesos, por lo que el detrimento llega a ser de 11.294 millones.

Este puente vehicular fue entregado a la comunidad de esta zona el 27 de febrero de 2017 para su uso y colapsó de manera estructural a los 3 meses (entre el 19 y 21 de mayo).

La Contraloría también explicó que antes de que colapsara la estructura se había advertido y monitoreado la condición de desplazamiento del puente, pero no se realizaron acciones para prevenir o contrarrestar una amenaza agresiva sobre la estructura.

"No se tuvieron en cuenta las condiciones geológicas de la zona”, dijo la Contraloría y agregó que en este caso se “evidenció que para el diseño final del puente no se tuvieron en cuenta los conceptos técnicos, los antecedentes geológicos, los riesgos por inestabilidad de la zona y los colapsos que tuvieron por este motivo obras anteriores".

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"Era un riesgo visible"

La Contraloría también explicó que el colapso de la obra no es producto de un fenómeno súbito de la naturaleza, sino de un fenómeno de remoción en masa local detectado en estudios anteriores y “que podía haber sido controlado adecuadamente si se hubiera prestado la debida atención y se hubieran diseñado las obras, tanto del proyecto, como de mitigación de riesgo, de manera adecuada”.

El organismo de control consideró que ese “era un riesgo previsible y controlable, y las debilidades presentadas en el diseño y la ejecución del proyecto generaron la materialización de los riesgos asociados, lo cual repercutió en un detrimento de los recursos públicos, y el incurrir en inversiones posteriores que no estaban contempladas, lo cual también se constituye en presunto detrimento patrimonial”.

Fondo de Adaptación responde

Ante la afirmación del posible detrimento patrimonial de 10.792 millones de pesos, el Fondo de Adaptación afirmó en un comunicado que "no es cierto que se hayan perdido los más de 10.000 millones invertidos en el puente, porque se evitó el colapso total, se recuperó la superestructura, que se reutilizará en otro punto como se tiene previsto con el Invías, y adicionalmente hay pólizas que cubren una posible pérdida económica si se demuestran fallas técnicas por parte de los contratistas”.

De acuerdo con el Fondo, el 19 de mayo de 2017 se produjo un movimiento en masa de gran magnitud que fue activado por las fuertes lluvias que afectó un sector de aproximadamente diez hectáreas, 1,5 kilómetros de ladera, 300 metros de la vía nacional y el puente Otanche de 100 metros de longitud.

“Ante la emergencia presentada, el Fondo Adaptación solicitó oportunamente el acompañamiento a los organismos de control, incluida la Contraloría General de la República, y explicó lo sucedido a los medios de comunicación hace más de siete meses”, explicó el ente.

Según la entidad, para la construcción de este puente se contrataron en el 2014 firmas de reconocimiento nacional e internacional para realizar los diseños, construcción e interventoría de la obra, las cuales concluyeron que se podía ejecutar el proyecto.

La entidad también explicó que desde la puesta en funcionamiento del puente en julio 2016, el Fondo y el Invías realizaron un seguimiento y sólo hasta el 2017 se evidenciaron movimientos en masa, por lo que se incrementó el monitoreo y se convocó a varios actores para evaluar las causas.

En ese sentido, el Fondo contrató la firma especialista Bateman Ingeniería S.A., para determinar técnicamente el fenómeno que se presentó en el lugar para poder establecer las posibles responsabilidades.

"El Fondo actuó oportunamente y una vez ocurrido el hecho activó un plan de contingencia para atender y proteger a las familias, así como para evaluar conjuntamente con el municipio, la gobernación, el Invías, el Servicio Geológico Colombiano, consultores especializados, el diseñador, los contratistas y los interventores; alternativas para proteger la estructura", señaló.

La entidad, finalmente señaló que para evitar pérdidas humanas y materiales se desmontó la superestructura y el Invías habilitó un paso provisional. Sin embargo, indicó que estará atento a los requerimientos que realicen los organismos de control.

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