"Mantener la contratación no tiene afán electorero": Juan Fernando Cristo

"Mantener la contratación no tiene afán electorero": Juan Fernando Cristo

Abril 06, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Argemiro Piñeros Moreno | Colprensa

Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “no podemos permitir que algunos pesquen en río revuelto en un momento lamentable para la justicia”.

Esta Semana de Pascua será clave para  la discusión sobre el   Equilibrio de Poderes, reforma que esta semana tendrá su quinto debate en el Senado, luego de que en agosto pasado arrancara con la misión de eliminar la reelección presidencial y ahora incluye normas que ayudarán a superar la crisis de la Justicia.

Al frente de la misma sigue estando el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien  confía en que cuando salga, en junio próximo, tendrá más cosas positivas, pese a que los críticos han querido demeritarla.

El funcionario defiende los últimos cambios, en especial los referentes a la creación de la Comisión de Aforados y su  alcance, y la seguridad de la independencia de las ramas.

En entrevista con Colprensa, Cristo  también habla de la controversial propuesta del presidente Juan Manuel Santos de  eliminar la prohibición que tienen  alcaldes y gobernadores para ejecutar inversiones durante la época electoral, debido a la vigencia de la Ley de Garantías.

¿Ya  pasó la semana de ‘pasión’ y críticas a la Reforma del Equilibrio de Poderes o aún vienen días difíciles?

La reforma ya logró unos amplios consensos en el Congreso y en la opinión pública. Quienes en algún momento dudaban de la necesidad de la reforma y pretendían limitarla a un solo articulito que eliminara la figura de la reelección, creo que ya se han convencido de que el país necesita un ajuste institucional fuerte, que se necesita recuperar la confianza de la ciudadanía no solo en la justicia, sino también en el Congreso, en la eficacia del Poder Ejecutivo, y también se convencieron de que nosotros no podemos quedarnos sentados viendo cómo nuestras instituciones se desacreditan frente a la opinión pública. No hay duda que en junio próximo estaremos entregando, con la Reforma al Equilibrio de Poderes, un ajuste institucional que esperamos sea lo más útil posible con la participación de todos los sectores políticos y sociales del país. 

¿Sí será una reforma concertada con todos los sectores políticos, incluso con el uribismo, que sigue siendo tan crítico de la misma?

La coyuntura nos exige acuerdos, que nos movilicemos alrededor de unas ideas centrales que permitan recuperar la credibilidad y la legitimidad en las instituciones frente a la ciudadanía en general.  Ese debe ser un objetivo de todos, no solamente del Gobierno, por eso nosotros celebramos la forma como logramos avanzar con la Alianza Verde en un acuerdo entorno a la reforma y creemos que es posible hacerlo con el Polo Democrático y con el Centro Democrático durante las discusiones en el Congreso.

El Gobierno estará abierto a buscar y generar esos consensos sobre dos conceptos: Primero, no incluir ningún tema nuevo en la reforma, blindarla de que se aproveche esta coyuntura para  atacar a una de las ramas del poder público y, en segundo aspecto, la necesidad, sin duda alguna, de fortalecer el sistema de gobierno de la Rama Judicial.

¿Por qué la preocupación del Gobierno de que en este momento se pueda usar la reforma para atacar a la Justicia?

Porque creemos que la reforma no debe ser coyuntural, no debe ser de episodio, no podemos permitir que algunos pesquen en río revuelto en un momento lamentable para la justicia colombiana, con este episodio del magistrado Pretelt, que no se puede generalizar; esto no puede terminar en un colapso de la Rama Judicial, se debe cumplir con el debido proceso, garantizar el derecho a la defensa y mientras tanto debemos avanzar en esas reformas que se necesitan en el país. Esos cantos de sirena de revocatoria de todas las Cortes y de asambleas constituyentes no le suenan al Gobierno, no las considera convenientes.

¿Qué le responde a quiénes dicen, incluso desde el uribismo, que buena parte de la crisis la creó el Gobierno por el interés de poner a los magistrados que llegarán en los próximos meses?

Esa es una tesis traída de los cabellos y tan fuera de lugar que no merece mayor respuesta ni mayor explicación. La debilidad se cae de su peso porque precisamente el Gobierno lo que ha dicho es que no se puede revocar la Corte. Si tuviera algún interés, estaría pendiente de nombrar a los magistrados, los tendrá que ternar el Presidente durante su periodo en algún momento.

¿Es perfecta la fórmula que se consiguió para ello o cree que se puede mejorar?

Lo perfecto es enemigo de lo bueno, no podemos cantar victoria y decir que ya hay una fórmula perfecta, pero sí creo que avanzamos muchísimo y es la más adecuada que hemos concebido para el Tribunal de Aforados, porque permite garantizar que no haya impunidad para los altos aforados y garantizar la autonomía e independencia de la Rama Judicial. 

Cuando señalamos que se separa la responsabilidad política de la penal, que el Tribunal no solo puede investigar sino también acusar, y se fija unos términos para el proceso, estamos estableciendo un mecanismo que será útil y eficaz para el futuro y, cuando el juzgamiento lo hace la Corte Suprema  de Justicia y no el propio Tribunal y cuando se garantiza que a los aforados se les investigará por su conducta y no por las providencias que dicten, estamos garantizando y respetando la independencia de la Rama Judicial. 

¿Por qué al Gobierno  no le gusta como quedó en la ponencia para que el Ministro de Justicia esté en el consejo de gobierno de la Justicia?

Porque creemos que es muy importante no dejar la más mínima sospecha de que el Gobierno Nacional  en esta reforma pretende invadir la esfera de la administración de justicia. Hay que preservar a toda prueba esa independencia. 

¿Qué modificaciones nuevas en el tema político vienen para el segundo debate de la reforma?

Básicamente que se garantiza la representación de las regiones menos pobladas en el Senado de la República, ya no por el número de habitantes sino agrupando cuatro regiones. Queda la Amazonía, que es Amazonas, Caquetá y Putumayo, con curul en el Senado. De otro lado, Arauca y Casanare, con otra;  también para Vaupés, Guainía, Vichada y Guaviare, otra curul, y una última para el Departamento de San Andrés y Providencia, sin afectar en exceso la circunscripción nacional.

¿Cómo se condiciona a futuro la aplicación de la lista cerrada, según la propuesta del Gobierno?

Se condiciona a que más adelante y en acuerdo con todos los partidos, e impulsado por el Gobierno Nacional, se garantice mediante una ley estatutaria que la implementación de la lista cerrada de ninguna manera va a significar el regreso del bolígrafo a la política. 

¿Se habló que venían varios temas en la agenda legislativa, al fin a qué le apostará el Gobierno en estas sesiones del Congreso?

Son pocos temas, pero de la mayor trascendencia. Las prioridades del Gobierno  son Equilibrio de Poderes, Plan Nacional de Desarrollo, Reforma al Fuero Penal Militar, Ley de Acceso a la Tierra y Código de Convivencia y Seguridad. También está, en la Cámara de Representantes, la Ley Anticontrabando, que tiene prioridad para el Gobierno Nacional, y hay otra ley importante, que es de la Fiscalía, pero que apoya el Gobierno y es la que garantiza la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas en la Corte Suprema de Justicia. 

¿Por qué la Ley de Convivencia, que es tan importante, está relegada en la agenda legislativa?

Es un código complejo, significa modificar el Código de Policía del año 70. Ha tenido un gran debate interno en el Gobierno para tratar de hacerlo más eficaz y que le permita dotar a las autoridades de instrumentos para atacar especialmente  los delitos que están afectando a la ciudadanía en los centros urbanos del país: el atraco y la extorsión, entre otros, pero vamos a comenzar el debate en la Comisión Primera  del Senado.

¿Por qué seguir adelante con la propuesta de habilitar gasto a los alcaldes y los gobernadores en época electoral y modificar la Ley de Garantías?

Hay que precisar, no se trata de derogar la Ley de Garantías, es un catálogo de garantías para la celebración de elecciones y esa ley está vigente y seguirá. Hay un artículo en esa ley que impide que mantengamos el ritmo de ejecución de los recursos de la Nación en los territorios, porque fija un tiempo de veda para la suscripción de convenios interadministrativos entre la Nación y departamentos o municipios. Esa es la situación que el presidente Santos  anunció que debemos superar para seguir con ese ritmo de inversión, que ha sido muy importante para las regiones. 

Si se pone la fecha del 25 de junio, como tope para su ejecución, de pronto lo que se logra es provocar un mayor desorden en la administración pública, en el afán de que hay que firmar los convenios antes de ese día. Los podríamos hacer de manera continúa durante todo este tiempo y no le vemos por qué tendría que surgir un inconveniente. 

¿Pero esto no es un afán electorero que le viene al Gobierno, así como se lo dicen los críticos?

No vemos cuál es el afán electorero, es un afán de una medida anticíclica para la economía, es un afán de cumplirles a los departamentos y a los municipios con compromisos que ha asumido el Gobierno Nacional y que no entendemos por qué no se puedan cumplir durante esta época, cuando el Presidente no está en campaña para la reelección.

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