Los temas que se conciliaron en la Reforma a la Justicia y que abrieron la polémica

Analistas dicen que legisladores quedaban protegidos ante procesos penales y de pérdida de investidura.

El fin del trámite de la reforma a la Justicia en el Congreso generó ayer un debate nacional sobre lo aprobado en conciliación por los parlamentarios, quienes quedaron en el ‘ojo del huracán’ por los cambios que sufrió el texto a última hora.Debido a decisiones adoptadas por los congresistas en la conciliación del texto final, asuntos como la pérdida de la investidura y elevar a rango constitucional que los legisladores sólo podrán ser detenidos cuando haya una resolución de acusación y no en cualquier momento, acrecentaron la controversia.Para el analista Álvaro Forero es evidente que los congresistas “legislaron en causa propia”, y resaltó que en esta reforma hay culpa de las cortes, que se quedaron “en la pataleta y le dejaron el espacio libre al Congreso”.El exprocurador Jaime Bernal consideró que la reforma no ataca los verdaderos problemas de la Justicia: “El Congreso no entiende qué es la Justicia”, al tiempo que la polémica también llegó a las cortes, que ayer entraron en retiros espirituales para analizar la iniciativa.El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, también alertó sobre una crisis institucional, pues la norma no determinó una transitoriedad de lo aprobado, lo que significa la entrada en vigencia de los cambios una vez quedara promulgada.Sobre este punto, la directora de la Corporación Excelencia por la Justicia, Gloria María Borrero, dijo que “no se hizo adecuadamente la transición y estamos abocados a que mañana, si sale publicada la reforma, nos quedamos sin órganos de gobierno”.De hecho, esta ausencia de transitoriedad ya generó su primera consecuencia y fue la solicitud de libertad del exsecretario de Palacio, Bernardo Moreno (investigado por las ‘chuzadas’), por parte del abogado Jaime Granados, quien se amparó en la reforma.Aforados hasta los secretariosUno de los denominados ‘micos’ de la reforma fue que, a última hora, los conciliadores le otorgaron fuero a los secretarios generales de Senado y Cámara de Representantes, debido a que en el Parágrafo Segundo del Artículo 5 exige que las denuncias contra estos funcionarios deben hacerse personalmente y los igualan con quienes ostentan fuero constitucional.Esta situación, para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, no tiene presentación.Esta vinculación de los secretarios determina que ellos serán investigados, en el mismo nivel del Presidente, el Vicepresidente, el Fiscal General, el Procurador y el Contralor, entre otros, por la Comisión de Aforados que se creará al amparo de la reforma, lo que determinará que solo tengan juicios políticos y en la eventualidad de que cometan faltas penales, sus casos pasarán a manos de la Corte Suprema de Justicia (en proceso igual al de un congresista) si así lo determina la plenaria del Senado.Adicionalmente, esta Comisión de Aforados (que reemplaza a la Comisión de Acusaciones), a criterio de Fabio Hernández, vocero de Asonal, “sólo cambia nombres y coloca adornos”, pero no implica novedades sustanciales.Pérdida de investidura, imposiblePara los analistas el tema de la pérdida de investidura es el que más irregularidades implica en la reforma a la Justicia, debido a que las nuevas exigencias lo que van a generar es “la pérdida del control del Consejo de Estado frente a los congresistas”, según dijo el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar.Las razones son que en la conciliación se adicionó la gradualidad que llevaría, incluso, sólo a la suspensión hasta por un año del demandado bajo el análisis de si hubo dolo o culpa. También se descarta la ‘muerte política’ de un congresista que pierda la curul, porque no se tienen en cuenta las causales de inhabilidad y se refiere únicamente para casos “del régimen constitucional de incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”.Otra causal de perdida de la investidura que se eliminó fue la establecía el Artículo 110 de la Carta que se refería a las personas que hayan apoyado económicamente a partidos o candidatos, lo que abre la puerta a que financiadores o congresistas mismos puedan ‘patrocinar’ aspirantes o ‘ayudar’ a colectividades. Asimismo, como lo señaló Álvaro Forero, condiciona a los demandantes, al anunciar que quien pierda una demanda de este tipo tendrá que asumir “las costas del proceso”. Finalmente, determina que los procesos en curso se tengan que ajustar a la reforma.Más elementos de la polémicaExisten temas que también preocupan a sectores de la sociedad como las facultades que se le otorgan a la Fiscalía de realizar detenciones preventivas, allanamientos e interceptaciones telefónicas sin que medie una orden judicial. El exvicefiscal Francisco José Sintura consideró el tema “inconstitucional” y que existen pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema, del cual recordó que fue incorporado en el estatuto antiterrorista del anterior Gobierno y fue declarado inexequible.Sin embargo, Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que “eso es esporádico, es una medida provisional”.Otro tema que ha generado ampolla, incluso en el Gobierno, es la ampliación del periodo de los magistrados de 8 a 12 años y la edad de retiro forzoso a los 70 años, beneficios que terminaron cobijando a los actuales magistrados. Finalmente, las cortes mantienen su descontento por la entrega de funciones jurisdiccionales a empleados judiciales, notarios, centros de arbitraje, de conciliación y abogados en calidad de jueces adjuntos.Doble instancia penalSi bien desde el mismo Gobierno se defendió la separación de las funciones de investigación y juzgamiento y la implementación de la doble instancia, sectores cuestionaron que un aforado no podrá ser detenido hasta tanto no haya una resolución de acusación, lo cual para el exvicefiscal Francisco José Sintura es “inconstitucional”.El jurista explicó que lo que se está generando es una desigualdad entre los congresistas y los ciudadanos comunes, debido a que “una persona puede ser capturada en cualquier momento del proceso y un aforado no”.Otro elemento que llama la atención es que la primera instancia será adelantada por cinco magistrados y la segunda instancia por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.Esta decisión descartó cualquier participación de la Sala Penal de la Corte Suprema, la cual era la que desde hace 21 años llevaba estos procesos.Para Sintura esto tiene una explicación: “Excluir a la Sala Penal es la respuesta al endurecimiento que tuvo la Corte en los procesos”, por lo que considera que el Congreso buscó “un mejor escenario para su juzgamiento penal”.Agregó que es claro que esta reforma representa un ”desequilibrio de poderes en detrimento de la justicia”.Se caerían procesosAyer la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia suspendió la audiencia para el juicio contra el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno por las ‘chuzadas ilegales’ por la entrada en vigencia de la Reforma. Su abogado pidió su libertad.Una vez sea publicada en el Diario Oficial, la Sala Penal dejará de tener competencia en el proceso, dijo el magistrado Fernando Castro, y lo actuado sería nulo. Procesos como el del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por AIS, el del exsenador Iván Moreno y otros implicados del ‘Carrusel de la Contratación’ y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado quedan en vilo.Se favorecían congresistas de la parapolítica, al igual que los vinculados a la Yidispolítica.