Los temas espinosos de la reforma a la justicia

Los temas espinosos de la reforma a la justicia

Agosto 29, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Miguel André Garrido, Colprensa
Los temas espinosos de la reforma a la justicia

El presidente Juan Manuel Santos también propuso que el periodo de los magistrados aumente a 12 años, actualmente de 8, y la edad de retiro a los 70.

Durante varias semanas habrá un pulso entre las Cortes y el Gobierno para acordar cambios en el sector.

Las reflexiones extra micrófonos hechas por algunos magistrados el pasado 9 de agosto, tras el encuentro con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño en el que se pasó la página de roces y enfrentamientos, parecieran estar tomando forma en el interior de las Cortes.“Amanecerá y veremos…”, dijo ese lunes una magistrada del Consejo de Estado mientras sonreía con varios de sus colegas con quienes caminaba por la Carrera Octava, en el centro de Bogotá, rumbo al Palacio de Justicia; comentario que fue compartido por todos.Luego de que el presidente Santos pusiera a consideración de las altas cortes el borrador del proyecto que pretende reformar la justicia, las reservas planteadas por varios magistrados parecen cobrar vigencia.A pesar de ello, expertos en el tema ven con buenos ojos, o por lo menos con ilusión, lo sucedido el pasado miércoles, cuando Santos respondió “la amabilidad de las cortes al asistir al palacio presidencial” visitándolos en su sede, para poner a consideración el pre proyecto de ley que toca la fibra íntima de los altos tribunales.Lo sustancialSalidas a los ‘choques de trenes’ por la procedencia de tutelas contra fallos de altas cortes; supresión del Consejo Superior de la Judicatura; imposibilidad de las cortes de participar en la elección del Contralor y del Procurador General son algunos de los callos que parece pisó la propuesta del Ejecutivo.A esto se suma la imposibilidad de que los magistrados puedan ser elegidos a cargos de elección popular durante los cinco años siguientes al abandono de sus magistraturas. Inhabilidad que cobijaría también a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, al Fiscal, al Procurador, al Contralor, al Defensor del Pueblo y al Registrador Nacional.Con mejores ojos, los juristas estarían viendo la posibilidad de ampliar la edad de retiro forzoso, que pasaría de 65 a 70 años, al igual que la ampliación de permanencia en la magistratura, pasando de 8 a 12 años. Además se crearía la tan reclamada doble instancia para el juzgamiento de congresistas.El ex magistrado José Alejandro Bonivento, quien dirigió la Comisión de Expertos que redactó las cerca de 300 páginas sobre este mismo debate, analizó el pre proyecto, junto al ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra.Lleno de optimismo, Bonivento considera que la propuesta de Santos tuvo en cuenta, por lo menos en un 90%, las ideas plasmadas por la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia.Muestra de ello -considera- son la posibilidad de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, el freno a la tutela contra providencias judiciales y la necesidad de que sólo para ese caso se requiera de abogado. “Si se reclama algo contra una decisión judicial… que los abogados pongan la cara. Eso no es ningún retroceso”, añade el ex magistrado en franca crítica a quienes ven con extrañeza la propuesta.El analista resalta alternativas como la presencia de representantes de jueces y magistrados en el llamado Consejo Superior Judicial, y respalda plenamente la colegiatura obligatoria para abogados, con lo que se deja sin piso el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura.Lo que sí tiene claro Bonivento acerca de lo que no debe suceder en este examen, es que se abra la posibilidad de facultar a abogados para que conozcan asuntos oficiales. “No puedo decir que sea peligroso, pero sí poco consistente”, señaló, al ver como extraño que en la Constitución se propongan reformas que son consideradas esporádicas.Otro de los peros encontrados por este especialista es no asumir, de una vez por todas, la manera como se debe escoger el Fiscal General, mientras se avala el retiro de otras facultades a las Cortes, como las de elección de Contralor y Procurador.“Por ahora es muy prematuro hacer juicios de valor sobre esta reforma”, consideró, a su turno, el ex magistrado Alfredo Beltrán Sierra. Lo que la reforma busca es repartir competencias de cara a las corporaciones judiciales, especialmente en lo que tiene que ver con las nominaciones a cargos como los de Contralor y Procurador.Frente al término de 30 días para instaurar una tutela contra providencias de cortes, así como sobre la presentación de ésta por medio de un abogado y que la revisión de la misma se pueda llevar ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, Beltrán considera que “es claro que se mantiene viva la procedencia de las tutelas contra sentencias”.El lunar en este caso, en el análisis de Beltrán, lo pondrían los cortos términos. “Los requisitos son demasiado breves, y por ser de rango constitucional, la situación se hace más gravosa”, explica.Una duda más que surgió, por lo novedoso del tema, es la posibilidad de que los congresistas sean juzgados e investigados por una comisión especial creada en el interior de la Sala Penal, y luego, en una especie de doble instancia, sometiendo el fallo a consideración de la Sala Plena de la Corte.“Lo que habría que determinar es si estos cambios tienen incidencia en los procesos que actualmente se están tramitando, o si sólo tendrían aplicación para los procesos que se inicien después de aprobada la reforma. Eso no es claro y por eso podría traer problemas de orden procesal y práctico” , señaló Beltrán.Otro tema controversial es la propuesta de que los magistrados de las Cortes se juzguen entre sí, y no la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, como sucede hoy.“Hay que resaltar es que el proyecto intenta preservar el principio de la autonomía de la Rama Judicial”, señala el analista, para quien es claro que aunque la reforma es ambiciosa en distribución de competencias, no prevé normas nuevas en cuanto a la administración de justicia y lo que a diario conocen los jueces.En este caso Beltrán confía en que, tal como lo manifestó el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, hasta ahora éste sea el primer paso y los proyectos futuros atiendan las necesidades que a diario causan más de una dolor de cabeza, no sólo en funcionarios, sino en los ciudadanos.Reservas en las CortesEl ambiente no es hoy el mejor en el interior de las Cortes. Una vez enterados de la reforma y sin un debate profundo, existe inconformismo, tal como lo reconoció el magistrado Francisco Escobar Henríquez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, CSJ.Como es natural, dado que la reforma plantea la desaparición del CSJ, Escobar fue el primero en desaprobar varias de los aspectos consignados en la reforma. “Consideramos que esa iniciativa crea mayores problemas de acceso a la justicia, porque se le estaría poniendo trabas a la ciudadanía”, dijo sobre a la necesidad de recurrir a un abogado para reclamar sus derechos fundamentales frente a sentencias judiciales.Para este jurista, la reforma debe pasar de lo formal y centrarse en lo que tiene que ver con los recursos para la administración de la misma: “No todo el dinero puede ser para la guerra y la seguridad, hay que tener otras prioridades”.En igual sentido se expresó Hernando Torres Corredor, presidente de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, quien recurrió a las estadísticas para -está seguro- inclinar el debate en favor de esa Corporación.“Muchos de estos elementos carecen de información importante para construir un diálogo”, dijo Torres, y añadió que ellos no entienden muy claramente la propuesta de pasar de un Consejo Superior de la Judicatura a un Consejo Superior Judicial. “No hay muchas razones. Lo importante es la argumentación”.En 1992, explicó, se producían 750 mil decisiones al año, en 2009 están produciéndose 2.650.000, incremento en la productividad del 150%. Por eso pidió una mirada más detallada a esos resultados.El presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla Paucar, salió en defensa de su corporación como tribunal de cierre en lo que respecta a la justicia ordinaria.“No tiene por qué otro tribunal entrar a decir algo”, dijo tajantemente, haciendo referencia a la prevalencia de sus decisiones y reclamando el mismo trato para la jurisdicción contenciosa y la constitucional.“Nos hemos enseñado a que cuando nos queremos meter en un proceso, donde ya hay una sentencia definitiva, recurrimos a la tutela… eso no puede ser. No es sano que ninguna Corte se meta en las competencias de otra. Hay que ver cómo se va a desarrollar este tema y daremos nuestra opinión”.Lo positivo es que a pesar del vaivén de declaraciones, los ánimos no están caldeados y la palabra ‘concertación’ se ha convertido en común denominador de la nueva etapa de relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. “El Presidente de la República se mostró flexible en el tema de los debates”, han dicho por separado los interesados, confiados en que las ‘Mesas de Justicia’, que arrancan en próximos días, den los resultados que todo el país necesita.Más de la reformaEl nuevo Consejo Superior Judicial estaría integrado por una Sala de Gobierno y por una Gerencia de la Rama Judicial.Se establece que el Fiscal General de la Nación participa con voz en la Sala de Gobierno del Consejo Superior Judicial.En cuanto a las competencias disciplinarias, los magistrados del Consejo de Estado son disciplinados por la Corte Suprema de Justicia.Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son disciplinados por la Corte Constitucional.Los magistrados de la Corte Constitucional son disciplinados por el Consejo de Estado. Se crea el Colegio Nacional de Abogados para disciplinar a los abogados.Se establece que para ser magistrado de las Altas Cortes se requiere 20 años de experiencia profesional.

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