Los reveses jurídicos no dan tregua al procurador Alejandro Ordoñez

En el argot político siempre se ha manejado un dicho popular que a veces se convierte, más que en un estribillo de campaña, en una máxima irrefutable: “Nunca los segundos tiempos fueron buenos”.

En el argot político siempre se ha manejado un dicho popular que a veces se convierte, más que en un estribillo de campaña, en una máxima irrefutable: “Nunca los segundos tiempos fueron buenos”. Eso pareciera que le está ocurriendo al procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien hace dos meses asumió nuevamente el cargo, para otro período de cuatro años. En esos dos meses, son ya varios los reveses jurídicos que ha sufrido el Jefe del Ministerio Público, los que, a juicio de expertos, se explican por la mezcla que ha hecho Ordóñez de sus principios ideológicos con argumentos jurídicos.No más la semana pasada, al reiterar dos sentencias de 2001 sobre el concepto de familia y de derechos económicos para parejas del mismo sexo, la Corte Constitucional volvió a regañar al poderoso Procurador: “Las sentencias que adopta la Corte Constitucional son decisiones judiciales cuyo cumplimiento la Carta encomienda, entre otras autoridades, al Procurador General”. Así le ordenó que no mezcle sus opiniones personales con criterios jurídicos frente a los derechos de las parejas homosexuales. No ha sido el único llamado de atención que le ha hecho la Corte a Ordóñez. A finales del año pasado el Procurador fue obligado a rectificar sus comentarios personales sobre el aborto. En lo corrido de este año la Procuraduría ha perdido otras batallas jurídicas: la Corte Constitucional negó su petición de volver a penalizar la dosis mínima de estupefacientes, ratificó los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo y reiteró que también constituyen familia y, además, le quitó la posibilidad de nombrar ‘a dedo’ a más de 700 procuradores delegados y judiciales (que ganan entre $6 millones y $19 millones) así como la facultad de organizar de forma autónoma los concursos para elegir a casi 1.200 personeros municipales. Decisiones jurídicasAunque en su discurso de posesión para el nuevo período de cuatro años Ordóñez advirtió que se sentía “sometido a una especie de ‘matoneo’ o ‘bullying’ mediático”, expertos consultados consideran que los reveses que ha sufrido la Procuraduría son fallos jurídicos y no retaliaciones políticas. Según el constitucionalista Juan Manuel Charry, la ‘confrontación’ obedece a “visiones jurídicas diferentes frente a temas sensibles: la ortodoxa y conservadora del Procurador y la progresista de la Corte Constitucional”. En ese sentido, el ex ministro y ex embajador Fernando Cepeda Ulloa advierte que “fallos jurídicos, lo que se dice jurídicos, no existen, porque finalmente lo que se hace es una interpretación política de la Constitución”, pero advierte que “frente a la esencia del derecho, que es su evolución, el Procurador se quedó rezagado: no acepta esos cambios”. Al respecto, un ex procurador general que prefirió preservar su identidad indicó que “todo jefe de organismo de control tiene una ideología, muy respetable por cierto, pero esa ideología no debe incidir en las posturas jurídicas del organismo que representa”. Incluso, dice la fuente, desconocer la evolución del derecho envía un mal mensaje: “Oponerse a ultranza a esas nuevas posturas no es la mejor orientación para una sociedad. Si la Iglesia Católica ha cedido a esas nuevas posturas, ¿por qué no el Ministerio Público?” se pregunta. Posturas religiosasEsta ‘seguidilla’ de reveses jurídicos, según el ex ministro del Interior Armando Estrada Villa, lo que demuestra es que las altas Corte ‘no le comen’ al almizcle filosófico-jurídico del reelegido Procurador General: “Estamos viendo que el pensamiento retardatario del Procurador ya no tiene acogida en las diferentes decisiones judiciales que se han tomado. Lo que vemos en él es un afán desmedido por imponer su credo religioso por encima de la Constitución y las leyes, pero para fortuna del país es bueno que las altas Cortes hayan mantenido su independencia”. Otros analistas considera que el ‘mal momento’ por el que atraviesa el procurador Ordóñez Maldonado se debe a la falta de solidez jurídica y a su intolerancia, que, según ellos, ya hizo metástasis en las instituciones judiciales, donde ha perdido credibilidad. Los analistas también coinciden en que muchas posturas jurídicas del titular de la Procuraduría están influenciadas por sus principios religiosos.Los expertos consultados por Colprensa, incluido el ex Procurador General que prefiere mantener su nombre en reserva, estiman que la mezcla de argumentos jurídicos, convicciones personales y principios religiosos de Ordóñez, terminará afectando la imagen del Ministerio Público y la institucionalidad del principal organismo encargado de vigilar las actuaciones de los servidores públicos y que se garanticen los derechos fundamentales.