Los procesos que enlodan al magistrado Jorge Pretelt

Marzo 22, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País y Colprensa
Los procesos que enlodan al magistrado Jorge Pretelt

Jorge Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional.

Investigaciones al suspendido Presidente de la Corte Constitucional tienen que ver con el tráfico de influencias, soborno, despojo de tierras y desplazamiento forzado.

La Corte Constitucional fue creada para salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución Política de Colombia: es decir, la vida, la salud, el trabajo, la democracia,  la paz, la honra, la libertad, colaborar para el buen funcionamiento de la justicia...

Paradójicamente, el actual presidente de esa corporación, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, no estaría cumpliendo con ese último precepto.  

Por el contrario, es él quien ahora y después de casi un mes de una sumatoria de denuncias en su contra está bajo el ojo de la justicia y en vuelto en un huracán de críticas y recriminaciones. 

El viernes sumó  tres procesos penales en su contra: el del supuesto soborno a favor de una tutela;  el presunto tráfico de influencias  y la posibilidad de haber despojado tierras y desplazado de manera forzada a una familia para adquirir unos predios, en los que ahora se levantan fincas de su propiedad.

Este es el proceso más avanzado y por el que el ahora suspendido Presidente de la Corte Constitucional enfrenta una investigación  en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Incluso, el  jueves 26 de marzo tendrá que presentarse a una indagatoria.

Ese proceso es el más conocido y el que originó el escándalo que tienen en crisis a la rama judicial colombiana desde hace un mes. Su colega, el magistrado Mauricio González Cuervo, lo denunció luego de conocer una versión del abogado Víctor Pacheco, según la cuál se habría hecho una sugerencia de $500 millones para favorecer la Fiduciaria Petrolera, Fidupetrol,  con una tutela. 

El intrincado caso, en el que Pacheco ya negó ese ofrecimiento ante la Fiscalía, ha mutado en varias ocasiones, pues se dice ahora que serían $500 millones para contratar a un abogado de ‘quilates’ en el proceso.

Pretelt no participó en la selección de la tutela ni votó a favor de la misma, pero ya reconoció que sí hay lugar a falta disciplinaria por reunirse con el abogado e indicó que la acatará.

En este caso también se conoció una grabación  que el magistrado Luis Ernesto Vargas le realizó a Pacheco confirmado esa versión. Esta situación motivó que la Sala Plena, el Gobierno Nacional y la Cúpula de la Justicia representada, en la Comisión Interinstitucional, le exigiera la renuncia a Pretelt.

Hace dos semanas  la Fiscalía General de la Nación le compulsó copias al magistrado  por la posible comisión del delito de tráfico de influencias, relacionado con la recomendación que hiciera de Gilma Londoño para que fuera nombrada en la Fiscalía Seccional de Córdoba. 

Con operativo incluido, la Fiscal fue declarada insubsistente y se le decomisaron dos computadores. Ella negó ser cuota de Pretelt y dijo que gestionó ascensos a personas que se lo merecían. 

El Presidente de la más importante Corte se defendió el viernes a través de  W Radio y en una entrevista  negó ese cargo formulado por la Fiscalía y además, arremetió contra el fiscal general Eduardo Montealegre, de quien dijo que fue él, sentado en su casa, quien le preguntó a quién nombrar.

“La nombró y con semejante operativo la quita porque tiene vínculos con Pretelt (...) Eso fue en 2013 y hoy el fiscal me denuncia por tráfico de influencias”, sostuvo el togado.

La tercera investigación es probablemente la más grave, porque relaciona delitos de despojo de tierras y desplazamiento forzado, calificados por la Fiscalía General como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En ese proceso  fue llamada a interrogatorio Martha Ligia Patrón López, esposa del magistrado, por la compra del predio La Corona, en jurisdicción de Turbo, Antioquia, que tiene una reclamación de tierras.

Según el testimonio de Reinaldo Villalba, dueño original de la finca, a él lo obligaron a vender su propiedad por $14 millones  a un paramilitar conocido con el alias de ‘El Burro’. En este caso, le corresponde a Pretelt demostrar que adquirió esos predios de buena fe. 

Sobre este caso, Pretelt dijo que si  se demuestra que las tierras compradas en Antioquia tienen que ver con un despojo y que sobre ellas no tiene derecho, devuelve, entonces las 5 o 6 hectáreas que están cuestionadas. En este proceso, la investigación correría por cuenta no de la Comisión de Acusaciones, sino de la Fiscalía General, ya que se trata de hechos anteriores a su llegada a la Corte Constitucional.

La Corona no sería el único predio con dudas sobre su origen. También está Alto Bonito, a cuyo dueño,  identificado como Manuel Gregorio Hernández, supuestamente asesinaron paramilitares. El hombre aparecía en la lista de reclamantes de tierras. Y Dos Bocas,  otra finca de 42 hectáreas que también habría sido comprada de manera dudosa por el magistrado en 2005.

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