Los otros líos que tienen en la mira a Roberto Prieto

El exgerente de la campaña Santos Presidente 2014, Roberto Prieto, acudirá este jueves a las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá para explicar los hechos que rodearon la posible financiación de Odebrecht a las campañas de 2010 y 2014 de Juan Manuel Santos. Lea también: Roberto Prieto acepta "irregularidades" y nexos con Odebrecht en campaña de Santos

Prieto será indagado por un fiscal de la Unidad Anticorrupción sobre el supuesto pago de un millón de dólares que habría hecho el detenido exsenador Otto Bula a su amigo personal Andrés Giraldo, y que presuntamente habría tenido como destino la segunda campaña presidencial de Santos.
Según las declaraciones del exsenador Bula, dicho monto fue entregado a Giraldo en un restaurante en el norte de Bogotá.
No obstante, en una carta enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE), el excongresista señaló que no sabía si el dinero entregado a Giraldo finalmente llegó a la campaña de Santos.

Roberto Prieto también será interrogado sobre el contrato de publicidad de Impressa Group, luego de que él reconociera que dicha operación irregular fue realizada.

En ese sentido, deberá explicar si desde las directivas de la campaña conocían del pago de US$400.000 para el suministro de afiches en 2010. También debe decir por qué esa operación no fue registrada ante el CNE.

Pero a Roberto Prieto le siguen saliendo líos alrededor de contratos de una empresa familiar.

Esta vez se trata de un informe de la Contraloría General de la República, tras una auditoría al Ministerio de Relaciones Exteriores en 2012, donde se revelan presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato para la VI Cumbre de las Américas, realizada en Cartagena entre el 9 y 15 de abril de ese año.

Según el informe de 162 páginas, este contrato lo suscribió el Fondo Rotatorio de la Cancillería con la Unión Temporal, en la que participó Marketmedios, firma administrada por Mauricio Prieto, hermano de Roberto, y que se ha visto involucrada en millonarios contratos con entidades públicas que ya están siendo objeto de investigación por la Procuraduría General de la Nación.

La auditoría, presentada en junio de 2013, al analizar el contrato de la Unión Temporal Cumbre de las Américas, resaltó que presenta inconsistencias en los estudios previos y lo definido en los pliegos de condiciones, así como en las adiciones presupuestales, los gastos de administración, entre otros aspectos.

Las inconsistencias empezaron desde la licitación, que tenía un presupuesto de $43.500 millones para desarrollar todas las actividades logísticas y operativas que se requerían para la Cumbre. Allí se cambió el comité evaluador, se modificó la evaluación jurídica y se habilitó a Marketmedios para seguir en el proceso.

El comité evaluador había recomendado declarar desierto el proceso de selección de las tres firmas que se encontraban como oferentes (Consorcio Colombia es Cumbre, Unión Temporal Cumbre y Unión Temporal Cumbre de las Américas 2012), por razones de inhabilidad jurídica de los proponentes, pero se procedió a cambiarlo sin que argumentaran las razones para la decisión.

“El 17 de noviembre de 2011 se prorrogó el término para adjudicar el contrato hasta el día 22 de noviembre de 2011 y en sesión del Comité Asesor del 18 de noviembre de 2011, acogiendo la defensa esgrimida por los proponentes, se habilitó al oferente Unión Temporal Cumbre de las Américas Cartagena 2012, apartándose del concepto del abogado asesor contratado por la entidad”, dice la Contraloría.

El ente de control también resaltó el pago de gastos administrativos por $6440 millones, que no estaban contemplados en el proceso inicial, pero que por solicitud de Marketmedios en la fase previa se habían incluido. Cabe resaltar, la firma ganadora era la que cobraba el mayor porcentaje (15 %), mientras que las otras dos firmas oferentes habían propuesto el 0 % y el 0,45 %.

También se presentó una adición presupuestal de $12.000 millones, que representaba el 27,59 % del valor del contrato, justificando que era necesario contratar bienes y servicios: $2.800.000.000 para atender el foro de actores sociales; $2.200.000.000 para operativo de salud de ambulancias medicalizadas; $6.000.000.000 para difusión, transmisión de los servicios de televisión, la preproducción, producción de dichos servicios y $1.000.000.000 para afrontar imprevistos.

Sin embargo, la Contraloría General no encontró soporte del estudio de mercado, estudio técnico, financiero y jurídico que respaldara las anteriores cifras, tampoco se describía de manera expresa y taxativa los bienes y servicios que se pretendían satisfacer con la adición.

Dentro de la auditoría también se evidenciaron sobrecostos en la ejecución del contrato, como el que surgió en el alquiler de mobiliario para la cumbre.

Allí, la Contraloría resalta que el costo del alquiler de las sala VIP del Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala había sido de $33,2 millones, pero la factura del proveedor habla de $11,9 millones.

Lo mismo sucedió con la adquisición de 300 computadores portátiles y 93 computadores de escritorio, donde se evidenció una diferencia del 238 % entre el valor reportado por el proveedor de la Unión Temporal y el valor facturado por el contratista.

La primera se dio por $410 millones y la segunda se pasó $1071 millones.

Igual se presentó con el alquiler de ocho arcos detectores de metal por 30 días y 50 detectores de metal para todos los escenarios donde se desarrolló el evento, los cuales, según el proveedor, costaron $151,5 millones, pero la Unión Temporal cobró $276,5 millones, más costo de administración por $36,2 millones.

Para la vigilancia del Museo Naval también se evidenciaron sobrecostos de la Unión Temporal en el contrato adquirido con Vigilantes Marítima Comercial Ltda. por $5,98 millones, sin embargo, el consorcio contratista cobró al Fondo de la Cancillería $16,6 millones.

El actual director de la Dian, Santiago Rojas, deberá presentarse el próximo lunes a las instalaciones del búnker en Bogotá para explicar el pago de afiches de la campaña Santos en 2010 por parte de Odebrecht.

El exgerente de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, fue citado para el próximo martes 28 de marzo, no obstante aún no se ha definido si la diligencia se realizará por teleconferencia, dado que él reside en Es