Los ‘nudos’ que tienen en vilo la reforma a la justicia

En el proyecto hay ocho aspectos que no convencen a los altos tribunales. Posiciones en el Congreso, divididas.

El ‘golpe de Estado’ que dieron las Cortes al proyecto de reforma a la Justicia abrió un nuevo debate sobre la necesidad de hacer una revisión de la iniciativa que será analizada la semana entrante en la plenaria de la Cámara de Representantes.Las opiniones sobre la suerte de la reforma están tan divididas como la concertación que se adelantaba entre el Gobierno y las Cortes desde hace poco más de año y medio, debido a que en el Congreso hay quienes piensan que es mejor archivar la iniciativa y construir una reforma mejor, mientras que otros no aceptan esta posibilidad e incluso acusan de presión indebida en el Legislativo.La situación que se planteó se dio porque a finales de noviembre el Consejo de Estado tomó la decisión de marginarse del debate argumentando que las observaciones que ha hecho a la enmienda nunca fueron tenidas en cuenta.Pero la avalancha continuó y el lunes el turno fue para la Corte Suprema de Justicia, que también dio un paso al costado aduciendo falta de garantías, y ayer la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tomó el mismo rumbo y se alejó del debate y dijo que la reforma es contradictoria y no aporta nada para solucionar la congestión.Según el senador liberal, Juan Fernando Cristo, a este proyecto hay que “introducirle unos ajustes de fondo si no, y hay que decirlo con claridad, la reforma como salió de la Comisión Primera de la Cámara no es viable políticamente, ni éticamente”.Por ello conminó al Gobierno, las Cortes y el Congreso para que en este receso se vuelvan a sentar a la mesa para solucionar los impasses surgidos.El senador Eduardo Enríquez dijo que el retiro de las Cortes es lamentable, pero advirtió que el Congreso debe seguir con el trámite del proyecto y hacerle los ajustes necesarios que requiere la iniciativa.Mientras tanto, en una reunión de urgencia entre Gobierno y congresistas hubo dos conclusiones: que el proyecto se apruebe en primera vuelta y hacerle los ajustes necesarios luego de una nueva concertación con las Cortes durante el tiempo de receso del Legislativo; y la segunda, que si la iniciativa no es corregida es mejor archivarla.La primera propuesta es la que tiene más asidero en el Congreso, debido a que los parlamentarios insisten en la urgencia de la reforma, además que el Gobierno descartó cualquier posibilidad de retiro.Los puntos de la controversiaEn los tres debates que se han surtido de la reforma a la Justicia se han vinculado unos temas que llevaron al retiro de las Cortes al considerar que afectan a esta rama del poder público. Entre los más polémicos están: 1. La autorización para la entrega de funciones judiciales a las autoridades administrativas y particulares.2. Las funciones de nominación de las Cortes. Lo aprobado en la Comisión Primera de la Cámara les quita la facultad de la elección del Registrador por meritocracia, ahora sería escogido por el Congreso de terna presentada por el Presidente. El Contralor sería elegido por la Cámara de terna postulada por el Senado y no las Cortes, como ahora. El Procurador sería elegido por el Senado de terna de la Cámara y no como hoy que los aspirantes son del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.3. Doble instancia de juzgamiento para aforados. En estos artículos le quitan a la Corte Suprema la investigación y juzgamiento en primera instancia de los aforados y sólo conocerán de la segunda instancia. En la actualidad es la Sala Penal de este tribunal la que investiga y juzga en única instancia a los congresistas.4. El fuero militar. Este artículo propone que los eventuales casos delictivos de las Fuerzas Militares y de Policía serán conocidos por la justicia Penal Militar partiendo de la base que son hecho ocurridos en actos del servicio. Hoy es la justicia ordinaria la que determina si pasan a manos de la Penal Militar o no.5. Presupuesto de la Rama. Lo aprobado establece un aumento del 4% más 2 puntos de la inflación causada, así como un billón de pesos que serán entregados por cinco años para la descongestión. La propuesta de las Cortes es que se les entregue el 5% del presupuesto general de la Nación (cerca de $9 billones año).6. Gerencia de la Rama. La reforma establece que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura desaparece y nace la Sala de Gobierno compuesta por los presidentes de las cortes y un gerente. Este artículo ha sido defendido por el Gobierno argumentando que se busca implementar el mismo modelo del Banco de la República. Las Cortes no aceptan este criterio y dicen que se vulnera la autonomía de la rama porque en esta sala tendrá asiento el Ministro de Justicia.7. Comisión de Acusaciones. Lo aprobado por el Congreso deja sin vida a esta Comisión de la Cámara de Representantes y crea un estamento conformado por nueve magistrados. 8. Edad de retiro forzoso de los magistrados e inhabilidades. Se estableció que los magistrados sólo podrán estar en ejercicio hasta los 70 años y se fijó una inhabilidad para magistrados, procurador y fiscal de dos años para acceder a cargos de elección popular.Lo que dice el GobiernoEl ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dejó claro que “no es cierto que el Gobierno haya pensado retirar la reforma a la Justicia” del Congreso y aclaró que “está más convencido que nunca de las bondades de ese proyecto por lo que significa para la estructura de la organización de la administración de justicia para caminar en la vía de la descongestión judicial”.Sostuvo que la iniciativa no es para nada privatizadora, todo lo contrario, porque habrá más operadores de justicia que agilizarán los procesos y además es la forma para la descongestión.El Ministro reconoció que tiene que haber un debate para mejorar el proyecto. “Si a uno le preguntan: ¿y qué ocurre si en un momento determinado la reforma resulta absolutamente mala?, en ese instante se verá y probablemente se retira”, expresó. A su vez, el ministro del Interior Germán Vargas, ratificó que Gobierno no va a retirar la reforma y conminó a las Cortes a volver al debate. Insistió en que no entiende las razones para marginarse de un tema que se vienen aplazando desde hace mucho tiempo.Sobre los cambios para elegir Procurador, Contralor y Registrador dijo que el proyecto que radicó el Gobierno desde el principio eliminaba las facultades nominadoras de las Cortes. La Cámara acogió ese criterio y a instancias de varios representantes se introdujeron esas modificaciones.Aseguró que las facultades nominadoras ha “contribuido a su politización”. “Sería útil preguntarles a las Cortes por qué quieren conservar funciones nominadoras”.Así lo ven las CortesEl presidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, aseguró que este proyecto “atenta contra la estructura del Estado democrático” constitucional, debido a que “rompe el balance de pesos y contrapesos, sustrayendo el origen de los órganos de control de la participación del poder Judicial”.Cree que el Congreso está desconociendo la función jurisdiccional, al advertir que si se pretende descongestionar despachos judiciales, la solución no es cambiar la función de los jueces.Para Tarquino la vinculación del fuero militar fue “un hecho sorpresivo y que generó una fuerte discusión”.Dijo que sustraer la investigación y juzgamiento de los congresistas de ese tribunal contradice la separación de funciones y recalcó que espera que en el país no quede la imagen de que esta reforma se convierta en un instrumento de revancha o retaliación, ante el cumplimiento estricto y cabal de la función judicial de la Constitución.El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, recalcó que lo aprobado en el Congreso “no corresponde al proyecto inicial ni atiende los problemas de congestión en los despachos judiciales, el acceso a la administración de justicia y, además, debilita la autonomía de la Rama Judicial y el equilibrio en el poder público”.Ricardo Monroy, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, dijo que la reforma debe archivarse. Añadió que no es conveniente dar facultades judiciales a particulares, porque esta función no se le puede entregar a cualquier persona. “La sociedad debe confiar en sus jueces”.