Los casos que podrían quedar en el limbo con la reforma a la Justicia

Junio 23, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País Bogotá
Los casos que podrían quedar en el limbo con la reforma a la Justicia

Discusión. En el Congreso se llevó a cabo el debate y la posterior votación de aprobación de la polémica conciliación de la Reforma a la Justicia.

Procesos penales, disciplinarios y de pérdida de investidura se congelarían con la norma aprobada.

Los avances judiciales y disciplinarios que se dieron en el país con las investigaciones de los grandes escándalos de corrupción podrían quedar en el recuerdo con la entrada en vigencia de la Reforma a la Justicia, que aprobó el Congreso en la agonía de la legislatura del 20 de junio anterior.“En el momento en que esa reforma se promulgue todas las investigaciones que adelantan tanto el Consejo de Estado, por posible pérdida de investidura, y las penales que adelanta la Corte Suprema de Justicia, quedan en el limbo”, advirtió la exconstituyente María Teresa Garcés. La jurista recordó que en la actualidad el Consejo de Estado investiga a 37 congresistas y por la Corte Suprema de Justicia hay 130.El exvicefiscal Francisco José Sintura consideró que lo que se logró con la reforma fue “generar un favorecimiento propio” por parte del Legislativo, sin que se pueda hablar de que la justicia o la Rama en conjunto tenga un cambio sustancial que beneficie a los colombianos.Carrusel y AISCon la reforma a la Justicia se beneficiarían los ex funcionarios que son investigados y que aún no han sido condenados por diferentes conductas. Personajes como Iván Moreno, exsenador del Polo, quien tiene llamado a juicio, podrían invocar un principio de oportunidad para que su proceso pase de la Fiscalía, donde está en la actualidad, a la Comisión de Aforados creada por la reforma.Otros beneficiados serían el representante, Germán Olano, llamado a juicio y que aceptó cargos por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.En el escándalo por Agro Ingreso Seguro (AIS) está el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien es acusado de celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación. Está en juicio.Las 'chuzadas'La justicia adelanta análisis de las interceptaciones ilegales a políticos, sindicalistas, defensores de DD. HH. y periodistas, en donde están implicadas personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe que se beneficiarían con la reforma.El primero es Bernardo Moreno, exsecretario de Palacio, a quien la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Su abogado, Jaime Granados pidió su libertad al amparo de la reforma, pero le fue negada. La lista la complementan Mario Aranguren, ex director de la UIAF; María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS asilada en Panamá; Edmundo del Castillo, secretario Jurídico de la Presidencia; los asesores Jorge Mario Eastman y José Obdulio Gaviria; así como César M. Velásquez, exsecretario de Prensa.Parapolítica, al filoLa ex constituyente María Teresa Garcés no duda en afirmar que lo que se busca con la reforma es lograr la impunidad en casos como el de la parapolítica. “Esa reforma es la entronización de la parapolítica porque con ella se legitiman todas las conductas de quienes estuvieron involucrados en esa relación”, aseveró.En un reciente informe del Observatorio Nacional Permanente de la Justicia se dejó en evidencia que en el Senado existen procesos por ese concepto en contra de Musa Besaile Fayad, Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Eduardo Enríquez Maya, Myriam Alicia Paredes Aguirre, Armando Bennedetti Villaneda, Dilian Francisca Toro, Carlos Emiro Barriga Peñaranda, Daira Galvis, Óscar Mauricio Lizcano, Héctor Julio Alfonso López, Rodrigo Villalba Mosquera, Olga Suárez Mira, Juan Córdoba Suárez, Félix José Valera, Jorge Eduardo Londoño, Nora María García Burgos, Martín Emilio Morales y Juan Manuel Corzo.Mientras tanto, en la Cámara están Guillermo Rivera Flórez, Pedro Muvdi Aranguerna, Jaime Armando Yepes Martínez, Fernando de la Peña Márquez, José Ignacio Mesa Betancur, Álvaro Pacheco Álvarez, Carlos Escobar Córdoba, Jaime Cervantes Valero, Roberto José Herrera, Diego Patiño Amariles, Jaime Armando Yepes, Carlos Enrique Ávila, José Ignacio Bermúdez, Didier Alberto Tavera, Manuel Antonio Carebilla, Víctor Hugo Moreno, Juan Manuel Campo Eljach y Eduardo Agaton Diazgranados Abadía.Estos parlamentarios se beneficiarían en la medida en que no “han sido vencidos en juicio” sino que están en proceso de investigación, lo que implicaría el reinicio de sus procesos con nuevas reglas.La YidispolíticaUno de los temas judiciales que más se ha dilatado en el tiempo tiene que ver con las presuntas responsabilidades del delito de cohecho en el caso de la yidispolítica, que hoy, con la reforma a la Justicia, según analistas, podría tomar un giro extremo que obligaría a que los procesos se inicien de cero.En este escándalo se encuentran en etapa de juicio los exministros del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, y de Protección Social, Diego Palacio.Asimismo, Yidis Medina ha acusado a José Félix Lafaurie, exsuperintendente de Notariado y Registro; Hernando Angarita, exviceministro del Interior, al senador Armando Benedetti, del Partido de la U, de quien la excongresista dijo que él la ayudó a reintegrar a un familiar suyo como director de la Clínica Primero de Mayo.Otros afectados son Alberto Velásquez, entonces secretario General de Palacio; además del hoy director del Sena y anterior titular de la Red de Solidaridad Luis Alfonso Hoyos. Todos se encuentran investigados y con posiblidades de favorecerse de la reforma.La DNE y sus líosUna de las razones que llevó al Gobierno a intervenir y liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), fue el escándalo por la forma como algunos congresistas se habrían lucrado con la administración de bienes incautados al narcotráfico y que los legisladores manejarían a través de testaferros.A finales de 2011 surgieron una serie de nombres de parlamentarios que podrían haber logrado un ‘beneficio’ con este organismo. En ese momento se dijo que, se presumía, que había un grupo de 13 congresistas y exparlamentarios que se habrían benefiaciado con la DNE.Por ello, los organismos judiciales ordenaron investigar a Luis Humberto Gómez Gallo, Javier Cáceres Leal, Miguel Pinedo Vidal, Enrique Caballero (todos condenados por parapolítica), Hernán Andrade, Lucero Cortés (condenada por tráfico de influencias), Miryam Paredes, Eduardo Enríquez Maya y Óscar Fernando Bravo.Pérdida de investiduraLa ex constituyente María Teresa Garcés explica que la pérdida de la investidura fue establecida por la Constitución del 91 para “purificar el Congreso” y asegura que la reforma la “relativiza y la debilita” y le hace perder el sentido para la que fue creada.Los beneficiados con los cambios establecidos en la reforma, por tener investigaciones, son: Senadores Roy Barreras, Eugenio Prieto Soto, Fuad Rapag Matar, Plinio Olano, Eduardo Carlos Merlano (dos procesos en el Consejo de Estado y recordado por negarse a la prueba de alcoholemia), Juan Lozano, Bernabé Celis y Juan Manuel Corzo.Representantes a la CámaraLeón Darío Ramírez, Nicolás Jiménez, José Ignacio Bermúdez, Héctor Javier Vergara, Eduardo Diaz Granados, Issa Gutiérrez, Jaime Cervantes, Pedrito Pereira, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, Eduardo Castañeda, Gerardo Tamayo, Nicolás Jiménez Paternina, Óscar de Jesús Marín, Hernando Cárdenas, Jaime Alonso Vásquez, Simón Gaviria Muñoz, Holguer Horacio Díaz y León Darío Ramírez.Además vinculó al exsenador Ómar Yepes y a Rufino Córdoba, al igual que a Héctor Ospina y al congresista liberal Álvaro Ashton Giraldo.

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