Llevar a Chávez a la Corte Penal Internacional, casi una utopía

Llevar a Chávez a la Corte Penal Internacional, casi una utopía

Julio 25, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Analistas creen que no es fácil que Colombia logre llevar ante la justicia internacional los desafueros de Chávez. Verificación puede considerarse como una alternativa para el gobierno de Colombia.

La posibilidad de que prospere en la Corte Penal Internacional (CPI) una eventual denuncia de Colombia contra autoridades de Venezuela por la presencia en su territorio de campamentos guerrilleros, es casi nula.Más aún, si jurídicamente la reclamación de Colombia ‘nació muerta’, políticamente es un error craso que no sólo no contribuye a distensionar la crisis diplomática sino que por el contrario, la acrecienta, pues pone en aprietos al entrante presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien más que cauteloso se ha mostrado conciliador con su similar Hugo Chávez. Así, al menos, lo consideran expertos consultados por este diario para quienes no va a ser fácil que Colombia logre llevar ante la justicia internacional los desafueros del mandatario vecino. En primer lugar, dice el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, la pretensión colombiana “no tiene sentido, sería un error rotundo, sobre todo a pocos días de que el presidente Uribe entregue su mandato”. En su criterio, lo más aconsejable es “cesar ese tipo de actividades para que la nueva administración colombiana pueda comenzar a recomponer las relaciones con los vecinos”. Expertos en Derecho Internacional consideran “poco viable” que la CPI admita la competencia para investigar la presencia de grupos subversivos en territorio venezolano. “Me parece una decisión apresurada e innecesaria, y su viabilidad es discutible. No se tienen las suficientes herramientas para determinar la competencia de la CPI ni están identificadas plenamente las personas a las que se le va a pedir a la Corte que investigue”, advierte el ex vicefiscal General, Francisco José Sintura. Tampoco está muy convencido de la solidez de la demanda colombiana el ex senador Jimmy Chamorro Cruz, autor y ponente de la ley que incorporó a nuestra legislación el Estatuto de Roma que creó la CPI. El experto asegura (ver nota anexa) que el procedimiento “es difícil y lento”.Chamorro sostiene que si bien el Estatuto de Roma que creó la CPI aplica para individuos y no para Estados, la denuncia debe ser individualizada, pues los posibles juzgados deberán responder por delitos de genocidio, lesa humanidad, y de guerra, que son los de competencia exclusiva de la Corte Penal Internacional.‘No es contra Chávez’El fiscal General de la Nación encargado, Guillermo Mendoza Diago, ha explicado que la acción de su despacho no está encaminada “en concreto contra el señor Presidente (Chávez) ni contra ninguna persona”.Y agregó que “lo que tenemos es una serie de comportamientos ocurridos en la zona fronteriza como homicidios, secuestros, ataques a la Fuerza Pública, comportamientos que encajan como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, y que creemos los cometen grupos armados ilegales que actúan en Colombia y luego se refugian en Venezuela”Después de que el jueves pasado el embajador colombiano ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, presentara fotos, videos y otras pruebas sobre la presencia de grupos guerrilleros en territorio venezolano, el fiscal Mendoza aclaró que la acción de su despacho se centraría en “posibles autoridades regionales que permiten que la guerrilla entre y salga tranquilamente (desde y hacia Venezuela) dándoles un auxilio indispensable para que cometan esos actos ilícitos (en territorio colombiano).Mendoza lamentó el “escaso apoyo” de las autoridades venezolanas para “perseguir, combatir y capturar, a los cabecillas de las guerrillas” nacionales que se asentaron se país.Entre tanto, el también ex ministro de Exteriores Guillermo Fernández de Soto, explica que la renuncia de Caracas a permitir la presencia de una Comisión Internacional en el área cuestionada “impide la verificación de las pruebas” presentadas por Colombia.“La Fiscalía colombiana va a judicializar en nuestro ordenamiento jurídico interno la información que recibió del Gobierno nacional, pero esto -la denuncia- es una decisión de Estado si considera que se cumplen los presupuestos de admisibilidad y de jurisdicción ante la Corte Penal Internacional”.Con todo, el fiscal Mendoza y el ex canciller Fernández de Soto recuerdan que la CPI es un organismo subsidiario, es decir que su jurisdicción aplica sólo cuando la justicia de los Estados parte no pueden o no tienen cómo ejercerla.“La simple presencia de frentes de las Farc en Venezuela viola obligaciones de carácter institucional acogidas por ese país, pero no da para presentar una denuncia ante la CPI”, insiste el ex canciller Fernández de Soto. Chamorro, incluso, sostiene que aunque el Fiscal General de la CPI puede iniciar de oficio una investigación, lo mejor es presentar los cargos individualizados puesto que se trata de delitos penales propios de su competencia.Eso sí, el experto aclara que si ante ese organismo judicial “nadie tiene fuero”. Al respecto afirma que “el Estatuto de Roma es muy claro: no podrán tener fuero presidentes, jefes de Estado, jefes de Gobierno ni comandantes de Fuerzas Militares ni parlamentarios”.En cualquier caso, de admitirse la denuncia presentada por Colombia, la CPI designa un Fiscal ad hoc que organiza su propio equipo de trabajo para visitar la zona, recaude pruebas y testimonios y presente una evaluación.“Si hay pruebas contundentes pedirá a la Sala Preliminar permiso para que se abra investigación formal porque admite la competencia de la CPI. Luego, vienen las medidas del caso”, explica Chamorro.No hay colaboración venezolana.Los expertos colombianos sostienen que al margen de la crisis diplomática entre los dos países, la situación de orden público a lado y lado de la frontera común sería más llevadera si hubiese colaboración de las autoridades del vecino país.De hecho, el Mandatario venezolano se negó a aceptar la conformación de una Comisión Internacional para verificar en su propio territorio las denuncias presentadas por Colombia y, a cambio, decidió romper relaciones diplomáticas.“Todas las instancias de carácter internacional que se han ofrecido para mediar entre Colombia y Venezuela han sido rechazadas por el presidente Chávez. los casos más recientes son los de España, Brasil y República Dominicana”, señala el ex canciller Fernández De Soto.Es por ello que el ex vicefiscal Sintura insiste en que antes de presentar la denuncia ante la CPI, Colombia debería asegurarse de la viabilidad jurídica e, incluso, política de ese recurso.“Si jurídicamente una acción de esta naturaleza no tiene mayor sentido, políticamente se convierte en una talanquera para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, labor que le corresponde ya a la nueva administración”, advierte.En cambio, las fuentes consultadas explican que lo que sí podría hacer el Estado colombiano es acudir a una figura que está contemplada en el Estatuto de Roma y que permite una investigación preliminar: la verificación.Se trata de una especie de ‘solicitud de investigación’ que, según los entendidos, “es distinto a judicializar una conducta criminal”.Por ahora no está confirmado que Colombia continúe con la idea de denunciar al presidente Hugo Chávez ante la Justicia Internacional, y menos que ésta acoja los argumentos de nuestras autoridades.Proceso ante CPI es ‘difícil y lento’El ex senador Jimmy Charrorro Cruz es uno de los expertos que más sabe de la aplicación y alcances del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.Explica que como mecanismo subsidiario, la CPI sólo entra en vigor cuando la justicia de los Estados Parte no operan o no pueden hacerlo, “en este caso la justicia interna de Venezuela, no la de Colombia puesto que el encubrimiento y la cooperación están ocurriendo en Venezuela”, señala. Chamorro no duda de que el proceso ante la CPI es “difícil y lento”. El primer paso es presentar ante el Fiscal de la CPI toda la documentación. Si el Fiscal le da valor a esos indicios inicia de oficio la investigación, designa un fiscal ad hoc para que pratique las pruebas de rigor. ”Si hay pruebas contundentes pedirá a la Sala Preliminar permiso -una ponencia- para que se abra investigación formal porque la CPI admite su competencia. Luego, vienen las medidas del caso. Es un procedimiento muy largo”, señala Chamorro.Ahora, Chamorro recuerda que la CPI opera sólo de manera supletoria, es decir cuando la justicia interna de los Estados Parte no opera, “lo que tendría que demostrarse en el caso de Venezuela”.Así las cosas, por más que el acervo probatorio del Gobierno de Colombia sobre la presencia de grupos terroristas en territorio venezolano sea evidente, el proceso ante la CPI ni será fácil y mucho menos rápido, pues conlleva muchas implicaciones políticas para dos naciones vecinas, según concluyen los analistas.

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