Listo proyecto de ley que condiciona los beneficios para los corruptos

El presidente Juan Manuel Santos anunció hace algún tiempo que se venía trabajando en una iniciativa para eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos como una de las medidas de la ‘Cruzada contra la corrupción’ que está adelantando. Y hoy, tras el consejo de ministros semanal, el secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, informó que ya está listo.

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“Por un lado, estamos reformando el régimen de beneficios por allanamiento a cargos en los delitos de corrupción. Los estamos condicionando a que haya reintegro eficaz de recursos y reparación a la víctima y a que haya delación y colaboración con la justicia para identificar a otros responsables de corrupción. En segundo lugar, estamos reformando ese régimen para que el beneficio no sea de 50 % por allanamiento a cargo  sino reducirlo a 25 % condicionado a que haya esta colaboración eficaz”, explicó.

El proyecto de ley modificaría el Código de Procedimiento Penal y el Estatuto Anticorrupción para que esas condiciones que menciona Enciso se den en todos los casos de pagos de sobornos, coimas, y demás delitos que vayan en contra de los recursos de la administración pública.

“Le vamos a poner una lápida, una placa de defunción a los casos de beneficios de detención domiciliaria que tanto repudio le generan a la población colombiana”, agregó el Secretario de Transparencia.

Sin embargo, antes de pasar el proyecto al Congreso de la República, la iniciativa la presentarán al Consejo Superior de Política Criminal y a la Comisión Nacional de Moralización para que se pronuncien sobre el mismo. El objetivo, dijo el funcionario, es “que el Estado en conjunto le lleve este proyecto de ley al Congreso de la República para evitar este tipo de abusos”. 

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Po último, recordó que actualmente “50 % de condenados por delitos contra la Administración Pública no va a la cárcel, 25 % queda con detención domiciliaria y solo 25 % que sí va a la cárcel únicamente paga un promedio de pena de 22 meses. Para completar, hemos identificado que 25% del total de los condenados cada año son reincidentes”.