Ley de la Educación Superior: Una reforma con mucho lío

Universidades advierten que iniciativa del gobierno afectaría la calidad de la educación y el acceso de los pobres.

La reforma a la Ley 30 de 1992 o Ley de la Educación Superior sigue enfrentando al gobierno y al sector académico. Estudiantes de universidades públicas del país continúan en paro y presionando el retiro del proyecto por parte del Ministerio de Educación.Édgar Varela, vicerrector de la Universidad del Valle (la más importante universidad pública del suroccidente), afirma que “mi idea es que el gobierno quiere ampliar la cobertura educativa, pero con la plata del sector privado”.“Y, durante los últimos diez años, del 2000 al 2010, la cobertura en las universidades la ha resuelto la universidad pública. Hace diez años ésta tenía el 30% de la cobertura y había casi un 70% de privada y la situación hoy es 50-50”, señaló Varela.Entre tanto, Francisco Piedrahíta, rector de la Universidad Icesi (privada y sin ánimo de lucro), también criticó el proyecto del gobierno y sostuvo que “la institución que está interesada en la calidad invierte todo lo que puede en profesorado de planta, en formación avanzada de ese profesorado, en infraestructura, en investigación, en bienestar universitario, etc”.“La que está interesada en producir utilidades trabaja con mínima infraestructura, con un número muy bajo de profesores de planta, con docentes de cátedra con poca formación y de bajo costo, etc. Ambas ofrecen los mismos títulos. La primera educa; la segunda vende ilusiones”, advirtió Piedrahíta.La ministra de Educación, María Fernanda Campo, sostuvo, a su vez, que “el artículo que preveía que podría ingresar inversión privada con ánimo de lucro al sector de la educación superior, como sucede en la mayoría de países del mundo, fue retirado del proyecto de ley que presentó el gobierno nacional, pues entendimos que no había ambiente para el mismo y que el tema como tal no era aceptado”.No obstante, la comunidad académica sostiene que el fantasma del lucro en la educación superior no ha desaparecido y que la iniciativa gubernamental aún tiene pecados que no han sido resueltos.Las divergenciasEl primer pecado es que la reforma fue inconsulta y que lo menos que debió hacerse es que la comunidad universitaria y científica, que se verá afectada y que tiene el conocimiento del sector, sea incluida como parte importante en la construcción de la propuesta.El segundo error es que se promulgó la reforma sin revelar un diagnóstico claro y preciso de la educación superior, que habría llevado a estructurar el proyecto. “Es como aplicar una terapia para un problema sin haberlo diagnosticado”, ejemplificó Robert Behar, representante de los profesores en el Consejo Superior de la Universidad del Valle.El tercer problema es que todos los análisis que ha hecho la comunidad universitaria concluyen en que con la propuesta se cambia un derecho que hoy se tiene, por un préstamo. Es decir, todos los colombianos tenemos derecho a la educación y los más pobres pueden gozar de ese derecho accediendo a la universidad pública con matrículas a bajo costo, gracias a subsidios que entrega el gobierno a estas universidades oficiales. Hoy, la matrícula que pagan los estudiantes a las universidades equivale al 5% de su presupuesto total.Con la propuesta que hay sobre la mesa la idea es que el estudiante termine pagando el 100% de la matrícula, porque la plata ya no llegaría en forma de subsidios a las universidades públicas, sino que se entregaría al Icetex y entidades financieras a fin de que se las presten a los estudiantes para su matrícula.“Eso es una violación a un derecho fundamental a la educación y, en la práctica, significa excluir a la población de ese derecho. De aquí en adelante, toda la familia tendrá que endeudarse por quince años para que el hijo vaya a la universidad y tener dos hijos estudiando es imposible, porque sería tener dos deudas; eso es como deber dos viviendas al mismo tiempo”, sostuvo Behar.Un cuarto problema es la financiación inadecuada de la Universidad. La Ministra de Educación habló de la necesidad de incrementar en tres años la población universitaria en 650.000 nuevos estudiantes. Eso significa aumentar en una tercera parte todo el sistema de educación superior público y privado, que tiene hoy 1.800.000 estudiantes. Para los académicos eso es irreal, porque para formar esa nueva cantidad de estudiantes se necesitan 20.600 nuevos maestros, que no están formados, que no los tiene el país y que no los puede formar en tres años. Pero, además, de esos nuevos 650.000 cupos, sólo 95.000 son para las universidades, porque el resto se plantea vincularlos en instituciones técnicas y tecnológicas.Para mantener esta nueva carga estudiantil el gobierno plantea entregar 6 billones de pesos durante los próximos diez años. Cada estudiante le cuesta hoy al sector de educación superior $5.8 millones anuales. Según las universidades, con los seis billones que ofrece el gobierno, ese costo se reduciría en $1.7 millones por estudiante, sin considerar la nueva capacidad instalada que debe generarse (edificios, ayudas didácticas y profesores) para los nuevos estudiantes, la cual no está contemplada. Así, los sacrificados serían los estudiantes de menos recursos y la calidad educativa.