Legalizan principio de oportunidad para el contratista Emilio Tapia

Al ofrecer información sobre el carrusel de la contratación, el contratista Emilio Tapia no pagaría cárcel por el delito de peculado por apropiación.

La Juez 47 de control de garantías legalizó el principio de oportunidad que le concedió la Fiscalía al abogado y contratista Emilio José Tapia Aldana, en la modalidad de suspensión de la acción durante 360 días, en lo que respecta al delito peculado por apropiación. Esto quiere decir que durante el próximo año, el procesado no recibirá condena por dicha conducta delictiva y de ser necesario la acción se le prorrogará por el tiempo que se estime conveniente. La juzgadora entregó el aval al considerar que la petición de la Fiscalía se ajusta a lo reglado por la Constitución y garantiza la administración de justicia. Así las cosas, el contratista pasa a ser testigo de cargo del ente acusador en todos los procesos que se adelantan por el llamado 'carrusel' de contratos en la capital del país. Según la Fiscalía, Tapia Aldana se alió con varias personas, entre los que estarían los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, para apoderarse de los dineros del Distrito Capital. “Usted se concertó con particulares, contratistas y funcionarios públicos para cometer delitos como cohecho e interés indebido en celebración de contratos, dentro del proceso de contratación de obras públicas de malla vial y valorización que se adelantó en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en el distrito capital en el periodo comprendido entre los años 2008 e inicios de 2010”, indicó el ente acusador. El ente acusador habló de varias reuniones previas al millonario defraude en las que Tapia Aldana habría participado. “Para los fines propios de tal concertación en la ciudad de Bogotá, usted se reunió para tratar temas de direccionamiento en la adjudicación de contratos de obras para la malla vial en las oficinas de Dávila Dávila Asociados, con los señores Julio Gómez y Álvaro Dávila”, señaló el Fiscal. También evidenció que hubo encuentros entre el hoy investigado, funcionarios públicos y contratistas en el extranjero. “Usted viajó a la ciudad de Miami en los Estados Unidos en 26 ocasiones, entre el 6 de enero de 2008 y el 12 de diciembre de 2010. Coincidiendo en 9 oportunidades con el abogado Álvaro Dávila; en 22 con el exsenador Iván Moreno, con quien viajó en vuelo privado y en dos con el exalcalde Samuel Moreno Rojas”, indicó el representante del ente acusador. La participación del contratista de acuerdo a la Fiscalía se centró, básicamente, en los contratos 071 y 072 de la malla vial y en siete contratos valorización que debían adelantarse en la fase III del TransMilenio. De acuerdo a lo dicho a lo largo del proceso, el contratista, sin tener la condición de servidor público, habría actuado con funcionarios del IDU con el fin de manipular los procesos licitatorios y obtener la selección de las compañías que él y los demás intervinientes en ese concierto favorecían. Por ahora le resta a Tapia Aldana y a la Fiscalía esperar a que el juez 42 de conocimiento de Bogotá decida, el próximo 7 de marzo, si avala el principio de oportunidad al procesado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. El contratista Emilio Tapia preacordó con la Fiscalía que pagará 13 años de detención domiciliaria y a cambio deberá aportar información de los hechos relacionados con el 'carrusel de la contratación', además de declarar contra otros investigados por los mismos hechos. El procesado también tendría derecho a laborar desde su casa. Para la Fiscalía es importante conceder al procesado tanto el principio de oportunidad como el preacuerdo, teniendo en cuenta que el primero, otorgado por el delito de peculado por apropiación, es la garantía para que Tapia Aldana siga colaborando en el proceso, si llegara a ser condenado luego de la posibilidad de que el juez avale el acuerdo al que llegó con la Fiscalía por los otros tres delitos.