Las ‘heridas’ abiertas que dejó la destitución de Petro

Las ‘heridas’ abiertas que dejó la destitución de Petro

Marzo 23, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Redacción El País, Bogotá

Si bien el caso Petro quedó cerrado, el debate jurídico por su destitución apenas empieza. El poder del Procurador, uno de los temas a analizar.

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, que ejecutó el miércoles el presidente Juan Manuel Santos, develó algunos vacíos del sistema jurídico del país, que tendrían que resolverse a través de una reforma integral a la justicia, según analistas.¿Se debe reformar la tutela?¿Hasta dónde llegan los alcances de los tribunales internacionales? ¿Debe mantenerse la facultad de destituir a funcionarios elegidos que tiene el Procurador?Esos son algunos de los interrogantes que quedaron en el aire tras el enredo jurídico que generó la destitución del Alcalde de Bogotá y, sobre todo, la estrategia de defensa utilizada por los abogados del ahora exalcalde. El debate está abierto. Y lo que es claro es que, si bien la suerte de Petro parece estar echada, la controversia jurídica apenas empieza.Del Procurador y sus facultadesLa posibilidad de recortar las facultades de investigación y sanción del Procurador General divide opiniones entre los analistas, debido a que algunos consideran que como están las cosas funcionan bien, mientras que otros aseguran que al amparo constitucional se está extralimitando en sus funciones.El abogado Rafael Nieto dice que no se deben restringir las facultades al Procurador, debido a que “nuestro sistema judicial es muy lento y si se le quitan estas funciones se abriría un boquete en la lucha contra la corrupción”.Sin embargo, existen voces que promueven una reforma, ya que consideran que existen muchos vacíos que se tienen que analizar.El también jurista, Hugo Quintero considera que es indispensable una revisión a las facultades del Procurador. “En concreto se debe revisar si es viable o no que el Ministerio Público sancione a los funcionarios elegidos por voto popular”, afirma.De hecho, Quintero trae a colación una tesis del experto Rodrigo Uprimy, quien ha dicho que una salida a este conflicto es que el Procurador adelante todo el proceso de investigación y sean los jueces los que emitan los fallos.Coincide con esta tesis el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo, quien explica que “en un Estado de Derecho, como es Colombia, el Procurador no puede privar derechos, porque esa facultad le corresponde a los jueces”.El exmagistrado agrega que “la privación de los derechos por vía penal o administrativa solo lo deben hacer los jueces y esto se podría hacer en un procedimiento judicial breve”.La tutela y sus alcancesOtro debate que dejó sobre el tapete el caso Petro y, en especial, la estrategia de defensa que usó su equipo de abogados gira alrededor de la herramienta constitucional de la tutela y si fue bien utilizada o se desbordaron los límites para lo que fue creada.La polémica surgió por las 326 tutelas presentadas invocando, unas el derecho a elegir de los ciudadanos y los derechos de Petro, las otras.Esta ‘tutelatón’ reabrió el debate sobre el tema, el cual fue tratado en la fallida reforma a la justicia y que terminó archivado porque en el Congreso se consideró que la tutela no podía limitarse. Pero aún se escuchan voces que preferirían que esta tuviera restricciones, sobre todo para evitar el ‘choque de trenes’ por cuenta de las que se instauran en contra de sentencias judiciales.El abogado Hugo Quintero aseguró que “por tratarse de una herramienta rápida para el resarcimiento de los derechos, es el riesgo que se corre. De pronto no hay un abuso de la herramienta, pero como quedó evidenciado en el Consejo de Estado, la justicia tiene herramientas para frenar estos fenómenos”.El exmagistrado Jaime Araújo dijo que a la tutela, desde su nacimiento, se le han quitado poderes. “La han vuelto nada y por esa razón no se debe acabar, al contrario hay que reforzarla. Hay que volver al espíritu de la tutela porque ha sido afectada. No por la tutelatón que hubo hay que acabarla”.La justicia internacionalOtro elemento que se sumó a la polémica fue el de los alcances de la justicia internacional sobre el ámbito interno, ya que para algunos expertos la competencia de estos organismos está avalada por la Constitución y debe ser de obligatorio cumplimiento, mientras que otros sectores dicen que se trata de una herramienta accesoria.El exmagistrado Jaime Araújo explicó que en una sentencia de la Corte Constitucional, de la cual él fue ponente al lado de Clara Inés Vargas y Alfredo Beltrán, se estableció que “las medidas cautelares de la Comisión y la Corte Interameriana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento y se incorporaron al derecho interno”.Enfatiza el jurista que esto se ha repetido desde el momento en que se expidió la sentencia 558 de 2003, por lo que agrega que “es una jurisprudencia que violó el Presidente”, porque si bien esto no está vinculado en la Convención Interamericana, lo que priman “son los acuerdos internacionales que existen, que es como un contrato y la costumbre es el acatamiento por todas las naciones que hacen parte de la OEA”.Sin embargo, el jurista Rafael Nieto considera que la decisión del presidente de la República, Juan Manuel Santos, fue “la mejor porque tanto la Corte como la Comisión se han excedido en sus competencias”.Explica Nieto que “hay que examinar el alcance del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque estos tribunales no pueden intervenir, porque ellos deben someterse a lo que los estados los faculten, pero no lo pueden hacer como lo vienen aplicando, que es por vía reglamento”, tras añadir que “por eso es indispensable revisarlas”.Crisis de la justicia y el derechoAlgunos sectores de opinión consideran que la experiencia judicial con el alcalde Gustavo Petro dejó en evidencia la crisis que existe en la justicia y el derecho. Además descartan que se trate de elementos aislados sino que observan la situación como una integralidad.Esta visión es la que maneja el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien dice que “este caso, como muchos que han ocurrido en el pasado, muestran que existe una crisis de la justicia y el derecho que no solo afecta el sistema interno sino que se proyecta al exterior”.Anota que un primer elemento tiene que ver con que mientras en el país se toman decisiones judiciales a nivel interno, llegan organismos internacionales que le cambian la trayectoria a Colombia “que se caracterizaba por el cumplimiento de estos tratados”.Por ello se cuestionó: ¿Hasta dónde vale la pena seguir celebrando tratados internacionales?”Pero Hernández identifica un problema más grande y tiene que ver con el poder que “no se mueve en el derecho sino que se fundamenta en lo político, ya que hacen cálculos de tipo político que luego buscan argumentar con elementos jurídicos”.En resumen, el exmagistrado aclara: “No se trata de argumentos jurídicos sino de conformidad a los intereses políticos”, por lo que cree que ante la crisis “pienso que va a ser necesaria una Asamblea Constituyente para reformar integralmente todo” y aclara que “hasta hace muy poco no era amigo de esa posibilidad”.Por su parte, el jurista Hugo Quintero difiere en parte de esta tesis. “No veo una crisis marcada, pero sí existen falencias en los procesos de única instancia que quedó en evidencia en los casos de la parapolítica. Eso se tiene que revisar”.Finalmente, una fuente que pidió la reserva, enfatiza que el mayor problema que se desnudó en este escándalo fue que los linderos entre lo político y lo judicial se rompieron, porque por cada medida o fallo que se emitía había una respuesta con tintes políticos. Por eso, considera, que “ahora más que nunca se requiere de una reforma integral a la justicia para volver a recomponer los límites entre política y justicia”.

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