"Las elecciones son el lavadero de grupos del narcotráfico": MOE

Así lo denunció la directora Nacional de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, quien dio a conocer los resultados de una encuesta nacional de ‘percepción de los votantes en Colombia’.

El desconocimiento del origen y destino de los recursos con los que se financian las campañas políticas ha determinado que los procesos electorales se hayan convertido en “una de las lavanderías más grandes del narcotráfico que tenemos en este país”.Así lo denunció la directora Nacional de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, quien dio a conocer los resultados de una encuesta nacional de ‘percepción de los votantes en Colombia’.Para la representante de la ONG, “en la encuesta cerca del 80% de los encuestados considera que conocer de dónde vienen los recursos con los que se financian las campañas, cuál es el patrimonio del candidato y en qué se gastan esos recursos es relevante para definir su voto”.Barrios acusó al Congreso de no adelantar una reforma que conduzca a la transparencia en el manejo de estos dineros y resaltó que esta reforma apuntaría a que “todos los colombianos podamos conocer el monto, origen y destino de los recursos con los que se hacen las campañas políticas” con lo cual se evitaría la llegada de recursos irregulares.El mercado de los votosLa encuesta, que consultó a 2.825 hombres y mujeres de 18 o más años, reveló que la compra-venta de votos en el país es un tema “alarmante”, en la medida en que –según Barrios- “sigue de manera reiterada el intercambio de bienes materiales por un voto; este es un tema que hay que hablar con las organizaciones políticas, porque ellas tienen que afinar el otorgamiento de avales para que esto no se siga repitiendo”.El escenario más preocupante se registra en la Costa Caribe, en donde “uno de cada dos ciudadanos nos afirma que conoce a alguien, de manera efectiva, que ha intercambiado el voto por un bien”.Pero el problema, según Barrios, es más agudo, debido a que hay responsabilidad de funcionarios en el intercambio de votos por subsidios estatales.“El 11% afirma conocer a una persona que ha cambiado su voto por un subsidio. En la Costa ese porcentaje alcanza un 21% de ciudadanos que dicen que han recibido un subsidio por un voto. En Bogotá, un 11% ha señalado que ha recibido subsidios por apoyar un candidato, el 23% que han votado a cambio de dinero y un 2% que ha recibido presiones para no votar”.A nivel nacional, la encuesta encontró que el 25,3% de los votantes activos señala que conoce a alguien que ha votado por un candidato a cambio de dinero, comida, artículos para la casa o un bien material.En este sentido, las ciudades donde más se comercializa el voto son Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería, mientras que Medellín es la ciudad con menor percepción de hechos que atentan contra la libertad del voto. En Cali, un 2,8% dice haber sido presionado para votar por un candidato.Presión ilegalLuego de revelar que en Bogotá el 2,2% de los ciudadanos ha denunciado presiones ilegales para votar o ser candidato, Alejandra Barrios reconoció que el problema de la influencia de los violentos en los procesos electorales sigue siendo una realidad en Colombia.En este sentido, dijo que “si bien se ha disminuido la capacidad que tienen los grupos armados ilegales de impactar los procesos electorales, no es despreciable el poder que siguen teniendo en regiones como Córdoba, Sucre, Arauca, Putumayo y Nariño, en donde siguen recibiendo candidatos y ciudadanos amenazas para sus ejercicios democráticos”.Los temas de interés ciudadanoAnte la proximidad del proceso electoral del 30 de octubre, la encuesta de la MOE indagó con los ciudadanos sobre cuáles deberían ser los temas primordiales en la agenda de los candidatos.El sondeo desnudó las prioridades de cada una de las principales ciudades que varían de acuerdo a las necesidades básicas que tienen sus moradores.Así, en Bogotá los principales temas son empleo, corrupción y movilidad; en Cali y Pasto, calidad de la política, seguridad urbana, parapolítica; en Medellín, empleo, corrupción, calidad de la política; en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería, infraestructura, derechos humanos y bienestar social; en Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio, cultura, infraestructura y movilidad, y en Pereira, Ibagué, Manizales y Armenia, empleo, derechos humanos, y corrupción. Un problema de vieja data: CNEAl conocer las cifras de la encuesta, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Cepero, enfatizó que “esta encuesta refleja, con cifras, verdades que ya conocíamos” y añadió que “el fenómeno de la compra y venta de votos en la Costa es de vieja data, pero no debemos descuidar el resto del país, vemos cómo en Bogotá el fenómeno ha venido creciendo”.Sustentó esta realidad argumentando que “el problema tiene un origen que es la misma pobreza, cultura de fraude, lo que se refleja es que las elecciones son un proceso de descomposición del país”.Agregó que “si observamos en qué estratos se presenta esta situación encontramos que es en los menos favorecidos porque es una manera de conseguir recursos en un momento” y subrayó: “Ojalá avancemos en temas de componente cultural y que la guerra contra la pobreza gane más terreno para evitar estos ejercicios”.Con respecto a la labor del CNE en esta materia, Cepero dijo que “siempre faltarán recursos”, pero reconoció que “a nosotros nos han dado herramientas y dientes en los últimos actos legislativos”. Sin embargo, aseguró que faltan recursos económicos para implementar el voto electrónico, el sistema biométrico para controlar suplantaciones, más tiempo y gente para los tribunales de garantías, para poder cumplir el papel de policía administrativa y observar comportamiento de candidatos y presionar más a los partidos en ese sentido. El suroccidenteEn la encuesta, que también palpó la opinión en Cali y Pasto, el 18,8% reconoce haber votado por algún candidato a cambio de dinero, comida, artículos para la casa o cualquier otro bien material; el 6,2% ha recibido subsidios del Gobierno para votar por un candidato determinado; el 3,7% ha sido presionado para no votar, y el 3,4% para que lo haga a favor de un candidato.En esta región, el 48,5% de los consultados está de acuerdo que se elimine el voto preferente; el 63,6% que cuando el voto en blanco sea mayoría se repitan las elecciones y el 80,7% está en desacuerdo con reducir la edad para votar a los 16 años.Asimismo, el 52,5% está de acuerdo con la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, cifra que contrastó con la media nacional, en donde el 51,8% no quiere esta figura. Cali y Pasto son las ciudades donde hay menor confianza en las Registradurías Departamental y Municipal, con un 58,7% y un 56,2%, respectivamente.