La tutela se convirtió en una chequera de fondos ilimitados: Fiscal

Diciembre 17, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Margarita Vidal Garcés
La tutela se convirtió en una chequera de fondos ilimitados: Fiscal

Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.

El Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre dijo a El País que precluyó una investigación contra Angelino Garzón por presunto abuso al contratar desayunos escolares cuando era Gobernador del Valle.

El árbol genealógico de la familia Lynett, de Bristol, Inglaterra, quedó inconcluso porque uno de sus miembros, el joven John, cruzó el Atlántico para llegar a Mariquita, en el Tolima, y nunca volvió.Eran los tiempos de la explotación de oro y plata en la región, y él llegó enganchado como contador de la firma que construyó una obra de ingeniería, famosa en el Tolima de hace cien años: un cable que comunicaba a Mariquita con Manizales, para transportar carga y de paso a los osados que querían ahorrar tiempo en el viaje hasta la capital caldense. Lynett se casó con una colombiana y sus parientes nunca supieron de su suerte, ni él volvió a saber de su familia inglesa.De esta rama procede Eduardo Montealegre Lynett, fiscal general de la Nación, a quien le gusta recordar la historia de su padre campesino, nacido en Frías, una pequeña población enclavada en la cordillera, cerca de Armero. El padre llegó a Ibagué muy joven, solo, sin recomendaciones ni padrinos hasta que, a punta de inteligencia y labia, se colocó como secretario de un juzgado. Aprendió derecho, se hizo tinterillo y se independizó. Participó después en la política, con el Partido Liberal. Eduardo, el benjamín, lo acompañaba en las giras y luego a los debates en la Asamblea Departamental, donde era diputado. El Fiscal dice que la influencia de su padre determinó su pasión por el derecho y la lectura de literatura, historia y teoría política. Montealegre estudió en el Colegio San Simón, fundado por el General Santander, hace 200 años, un claustro rebelde en el que todavía quedaban hervores de la Revolución de Mayo del 68, y dice haber pertenecido a un grupo de jóvenes contestatarios, que querían hacer la revolución en un país en permanente Estado de Sitio. Habla de una generación comprometida con los cambios sociales, imbuída por los desarrollos de la Revolución Cubana y por el ‘boom’ de la literatura latinoamericana, adoradora de Pablo Neruda y acostumbrada a discusiones literarias y a candentes controversias políticas.Montealegre se define como un hombre rebelde, que enfrentó en su momento la autoridad paterna porque se oponía a una organización familiar vertical. Para él, dice, era más importante dialogar con su progenitor que recibir órdenes, así que convirtió a un padre normativo, vertical, riguroso e inflexible a rajatabla con sus dos hermanos, en un hombre más tolerante y convencido de la necesidad de mantener con su último hijo un diálogo fluido, que perdura hasta hoy, a sus 94 años. El Fiscal no ha tenido nunca -ni tendrá, dice- interés en la participación electoral, pero sí lo apasionan los temas políticos, porque, en un sentido aristotélico, considera de gran importancia que el ciudadano participe en el diseño de políticas públicas. A Montealegre le gusta profundizar en los temas. De buen sentido del humor, es un hombre cordial, humano, inteligente y docto en derecho penal. Reconoce con picardía que uno de sus tíos, Henry Lynett, vino también a Mariquita y dejó su semilla regada en tierras tolimenses, donde tuvo cerca de 30 hijos: “Todo Lynett que existe en Colombia es familiar mío. Le pongo la firma. Risa”.Nació en Ibagué, pero su infancia transcurrió entre los cafetales y los sembrados de caña de la finca de su padre, donde participaba en la recolección del café y en la molienda, y viajaba con él a Armero donde vendían la cosecha. Por eso –cuenta- la desaparición de esta pujante población de sus recuerdos infantiles por la avalancha del río Lagunillas, en 1985, es una tragedia que aún lo conmueve hondamente. Como también lo afectan las diversas violencias que han sacudido al Tolima, su departamento, y que aún golpean duramente al pueblo colombiano.¿Por qué persiste esa situación?Todavía encontramos una estructura feudal en grandes territorios, en cierta forma dominados por ejércitos dirigidos por grandes señores de la guerrilla, del paramilitarismo, del narcotráfico, o por barones de la política y, por otra parte, una Colombia, moderna, insertada en la globalización, con nuevas instituciones y una constitución modernísima, con nuevas generaciones de jóvenes muy bien capacitados. Aquí convergen esas dos grandes estructuras porque no hemos sido capaces de superar la estructura feudal de desarrollo. Como no lo hemos hecho, seguimos viviendo el tipo de violencia que propicia la ausencia del Estado en muchas partes del territorio nacional.Lo que describe es lo que llamó magistralmente Darío Echandía en su famosa frase: “En Colombia la democracia es un orangután con sacoleva”.Exactamente, en Europa se pasó de una sociedad esclavista a una sociedad feudal, luego a una mercantil y finalmente a una sociedad capitalista moderna; pero se hacía la transición a una nueva etapa cuando se había superado la anterior. Pero nosotros todavía tenemos una coexistencia de la modernidad con el pasado. Pienso que esto ocurre porque como colombianos nos falta todavía un mayor sentido de identidad nacional.A mí no me gustan los nacionalismos pero creo que como país es esencial adquirir un sentido de identidad como lo tienen todos los países europeos y muchos de los asiáticos. Nosotros giramos fundamentalmente en torno al concepto de la familia, que es la que tiene que proveer absolutamente todo el desarrollo, toda la satisfacción de las necesidades y no hay un compromiso con el país.¿Qué responsabilidad tienen allí la clase política y la Iglesia?Muy grande. Si hacemos juicio de responsabilidad histórica, este debe caer principalmente sobre la clase política. No hablo en particular de la actual, sino históricamente a través de los últimos 50 años, porque el sentido de la política como servicio social y compromiso con el país, la ciudad y la vida, se perdió y la clase dirigente en general ha tenido una gran falta de compromiso con verdaderos procesos de transformación.¿Y qué me dice de la Iglesia? ¿Qué tan católico es?Yo creo en Dios pero no soy practicante. Voy pocas veces a misa y mi relación es de convicciones particulares. Soy muy respetuoso del pluralismo religioso, pero me gusta más la Iglesia de la Teología de la Liberación, comprometida con los cambios sociales, más metida en el proceso de paz que en el aborto, en el desarme y en la superación de la violencia por la vía pacífica que en contra del matrimonio homosexual, o del aborto. Entiendo que la Iglesia ortodoxa mantenga unas tradiciones muy respetables, pero yo no las comparto.Ese es un pensamiento adecuado para un hombre tan liberal como usted, pero, ¿no se le presenta unacontradicción con su fe católica?No, a mí no me gusta el pensamiento dogmático, me gusta el pluralismo y no creo en verdades existentes, sino en que la verdad se construye a través de deliberaciones, de contraposición de argumentos. Yo tengo una forma de ver a la sociedad muy distinta a la de la Iglesia Católica. Obviamente, respeto su tarea, pero creo que ciertas doctrinas deberían irse adaptando a las necesidades de los tiempos modernos porque esta es una sociedad nueva, en la que la férrea influencia dogmática ha perdido mucho terreno.Para ejemplo un botón: usted se ha casado tres veces.Risa. Sí, me he casado tres veces y eso daría para excomunión si no fuera porque tengo un solo matrimonio católico. Yo he sabido combinar el estado laico con las convicciones religiosas.Pasando a otro tema, hoy en día causa gran controversia y arrecian las críticas en torno a lo que se ha llamado la “politización” de las Cortes. Usted, que es esencialmente un jurista, ¿cómo ve ese tema, que tuvo un pico muy alto en la reelección del Procurador?Yo creo que existe una politización de la justicia, pero aclaro que no manejo aquí el concepto de “politización” en un sentido peyorativo, porque pienso que las últimas transformaciones que se han presentado en el Derecho, en el mundo, con la aparición de un fenómeno denominado El Nuevo Derecho, muestran la importancia que ha adquirido el juez moderno en el diseño de las políticas públicas. El mundo moderno se estructuró sobre esa división entre congreso, gobierno y jueces y se entendió que cada uno tenía una función absolutamente precisa y delimitada en la sociedad. Pero resulta que en las últimas décadas el juez se ha convertido en un funcionario que contribuye al diseño de las políticas públicas.¿Qué lo propicia?A raíz de la Constitución del 91 se han producido en los últimos 20 años dos mecanismos importantísimos: la acción de tutela y el control de constitucionalidad por parte de la Corte. Las Cortes entonces pueden modular decisiones y así los jueces contribuyen al diseño de políticas públicas. La Constitución tradicionalmente se entendía como una especie de norma programática, unos principiosabstractos, pero hoy nos rige una Constitución en la cual los derechos sociales pueden ser exigibles judicialmente.¿Qué implica ese cambio?}Una gran revolución en la posición de los jueces en Colombia y en el mundo entero. Pasamos de un juez que se dedicaba exclusivamente a aplicar literalmente el texto de la ley, a un juez que hace efectivos derechos consagrados en la Constitución. ¿Qué ha sucedido? Que cuando no hay desarrollos legislativos, ni políticas públicas dictadas por el Congreso de la República, ese papel lo llenan los jueces y la Corte Constitucional. En este aspecto yo creo que sí hay una politización de la justicia en el sentido de que los jueces ayudan al diseño de políticas públicas a través de tutela y control.Hay quejas en el sentido de que decisiones de la Corte Constitucional a veces exigen inversiones gigantescas que desbordan la capacidad presupuestal del estado.Sí, son críticas muy razonables y también se puede decir que en muchos casos ha habido un desbordamiento de las competencias que tiene el juez constitucional al momento de diseñar políticas públicas, porque lo normal es que sean diseñadas por el gobierno y el Congreso. La intervención de la Corte debe ser, obviamente, en casos excepcionales, y hay que reconocer que han existido desbordamientos que preocupan porque en ocasiones la tutela se ha convertido en una chequera de fondos ilimitados. Me parece que hay ajustes que hacer, sin afectar la efectividad de los derechos sociales y la exigibilidad judicial de los mismos.En el tema de Justicia, el pasado hundimiento de la reforma suscitó un escándalo y alebrestó a una opinión que se la sigue cobrando al gobierno, congreso y cortes, en las encuestas.La fallida reforma a la justicia nos dejó grandes lecciones. La más importante, que no pueden hacerse transformaciones de trascendencia sin contar con la opinión pública. En la toma de decisiones hay otro factor muy importante: los sectores sociales de opinión, que no actúan formalmente ante el congreso, pero que son muy influentes en la vida nacional y se visibilizan por medio de las redes sociales como nuevos actores de la política colombiana.¿Qué otros errores contenía la reforma?En el texto que había sido aprobado se incurría en graves errores porque se terminaba quitándole la competencia a la Fiscalía General de la Nación frente a las personas con fuero constitucional que eran casos centrales, muy delicados; no se creaban normas de transición, y se extendía desmesuradamente el fuero constitucional a funcionarios a quienes no debería habérseles atribuido. Yo creo que ahí hubo unas normas realmente inconvenientes y, además, inconstitucionales, porque no eran producto de un proceso de deliberación del Congreso de la República. Pero la reforma también tenía normas rescatables.Se repudió el hecho insólito de que un pequeño conciliábulo de congresistas, aprovecharan la conciliación para imponer cosas que olían muy mal. Sí, al momento de realizarse la conciliación se incluyeron y aprobaron normas que no podían ser objeto de la Comisión de Conciliación, como las que le quitaban competencia a la Fiscalía General en materia de aforados, que podían debilitar en cierta medida procesos de nulidad electoral en curso, debilitamiento, en cierta forma, de la pérdida de investidura. Existieron equivocaciones por parte de la comisión, que incluyó normas manifiestamente inconvenientes y yo creo que ese fue el grave error.¿Y cuál fue su participación?A mí me gustaba su orientación porque tenía mecanismos importantes de seguridad jurídica, aclaraba el tema de los precedentes judiciales y era una reforma orientada a salvar por parte de la Corte Constitucional el trabajo legislativo del Congreso, al permitir el saneamiento de vicios materiales, en vez de declarar la inconstitucionalidad de normas que la Corte pudiera devolver al Congreso para sanear vicios sustanciales. La reforma establecía inicialmente toda la coherencia para darle fuerza vinculante a los precedentes judiciales, es decir, tenía un norte muy claro. Había normas rescatables que resolvían viejos problemas como el de los congresistas que deben ser juzgados por un sistema garantista. A mí me parece que la separación entre la función de investigación y juzgamiento para los congresistas y la segunda instancia, es un derecho, pero yo iba mucho más allá porque me parece que esa función de investigación y acusación de congresistas debía ser de la Fiscalía, y el juzgamiento propiamente, de la Corte Constitucional.¿Cómo es el tema de la exclusión de beneficiados de Justicia y Paz?La reforma a la Ley de Justicia y Paz permite más flexibilidad para excluir del proceso a muchos desmovilizados de las autodefensas, alrededor de 354, de los que no se sabe su paradero, o no han asistido a las audiencias, han mentido o distorsionado la verdad, o siguen delinquiendo desde las cárceles.Resulta curioso que una chusca fiscal de Neiva hubiera infiltrado a uno de los escoltas para dar información sobre los pasos del Fiscal General a la delincuencia. ¿Cómo es posible que al mismísimo Fiscal le pase algo así?Yo creo que el escolta fue asaltado en su buena fe y hasta el momento no tengo elementos para dudar de ello. Se aparece una fiscal, a quien no conozco personalmente, pero sobre la cual las buenas lenguas dicen que es atractiva -una especie de Mata Hari- que empezó a sustraerle información, obviamente con propósitos no muy loables ya que se demostró su vinculación con bandas criminales.¿Cómo se explica que en la Fiscalía trabaje una fiscal vinculada a bandas criminales?Desafortunadamente hemos tenido casos excepcionales y recientes de corrupción dentro de la Fiscalía, pero han sido denunciados por nosotros mismos, que a la vez hemos impulsado las investigaciones. En el caso de esta fiscal se venía haciendo una investigación en su contra y se le habían interceptado sus teléfonos por orden interna de la Fiscalía. Así conocimos la forma como ella trató de infiltrar mi esquema de seguridad y tuvimos también otro caso reciente de corrupción en la Oficina de Asuntos Internacionales donde una persona estaba suministrando información a narcotraficantes y por eso EE.UU. pidió su extradición.Hace unos meses, en el caso Colmenares, usted aseguró que su muerte era un homicidio y no un suicidio. ¿Mantiene esa tesis hoy?Mantenemos la tesis de la Fiscalía General de la Nación de que es un homicidio, no un accidente. Fue un homicidio provocado, producto de actos violentos, y esa es la tesis que seguiremos manteniendo en el juicio oral. Hemos ido obteniendo nuevos indicios, nuevas evidencias, nuevos testimonios, hay nuevos análisis periciales y todo eso nos ha llevado a esa conclusión.Pero se han ido descartando testigos por falta de credibilidad.Sí, los han ido descartando algunos jueces al momento de tomar decisiones particulares, pero la gran valoración la tiene que hacer el juez que va a dictar el fallo. Nosotros vamos a insistir en la credibilidad de esos testigos, porque las pruebas no han sido ilegales, ni se han excluido del proceso.En el sonado caso de Sigifredo López había una obsesión por parte de los primeros fiscales investigadores por mantenerlo preso, hasta que usted intervino y se lo liberó. ¿No será que en el caso Colmenares de pronto termine usted teniendo que pedirle perdón también a Laura Moreno y a Jessy Quintero?En el caso de Sigifredo, una vez que se presenta la medida de aseguramiento y empiezan a practicarse pruebas tanto por la Fiscalía como por la defensa, mi orden fue que si aparecían nuevas pruebas que modificaran la situación, la Fiscalía tenía que rectificar y reconducir la hipótesis inicialmente planteada, como sucedió. En el caso de la muerte del joven Colmenares existen unos elementos probatorios pero, si teóricamente llegaran a aparecer pruebas muy contundentes de inocencia, obviamente que es deber de un fiscal reconocer la presunción de inocencia. Hasta este momento las pruebas son indicativas de responsabilidad.¿Qué chivas relacionadas con el Valle puede adelantarnos?Por una parte, la preclusión de una investigación a Angelino Garzón por la denuncia de un presunto “abuso de la contratación” de la Gobernación del Valle del Cauca al suscribir contratos de interés público para el suministro de desayunos escolares, dentro del programa de fortalecimiento nutricional escolar en el departamento. La Fiscalía estableció que los hechos denunciados no constituyen conducta punible y dispuso el archivo de la diligencia. También precluyó la investigación seguida contra Juan Fernando Bonilla Otoya, cuando fue gobernador encargado del Valle, por hechos relacionados con la enajenación de las acciones del departamento en la sociedad Portuaria de la Regional de Buenaventura, a través de un trámite presuntamente irregular. La Fiscalía concluyó la inexistencia de conductas punibles del contrato al haberse verificado el cumplimiento estricto de las normas especiales de contratación que regularon esa enajenación accionaria.

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