“La superación de la impunidad, no a todos les gusta”: Paula Gaviria

Enero 29, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Alejandra Bonilla Mora - Colprensa
“La superación de la impunidad, no a todos les gusta”: Paula Gaviria

Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado en Colombia.

La Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dice que este año será de grandes avances en la restitución.

Poderes legales, políticos y privados que están aliados con la criminalidad, intentan frenar o poner en riesgo la restitución de tierras. El Presidente Juan Manuel Santos dijo que esa ‘mano negra’ será perseguida y judicializada con ayuda de las denuncias de la ciudadanía.Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, será la encargada de diseñar y coordinar este proyecto.En entrevista con Colprensa, Gaviria explica el trabajo adelantado en protección a líderes del proceso de restitución, la forma como estas personas tendrán participación en la norma, el escenario de riesgo identificado en seis departamentos críticos y lo que hace falta en materia de reparación.¿Cómo blindar el proceso para que de la norma no se beneficien los victimarios?Partimos de la confianza y la buena fe de las víctimas, ellas pueden llegar sin siquiera su documento de identidad, para presentar una declaración y un formulario que diseñamos y con el que pretendemos identificar el daño causado, el hecho, el año. Luego se inicia un proceso de valoración que es lo que hace que entre al Registro Único de Víctimas y allí hay controles permanentes para que nos demos cuenta si hay fraude. Si engañan al Estado, no tenemos ningún problema de sacar a las personas que hayan cometido fraude y hacer las denuncias ante las autoridades respectivas.Los líderes del proceso de restitución siguen siendo asesinados. ¿Qué se va hacer para impedir que vuelva a suceder?Estamos trabajando para que no haya un asesinato más de un líder de las víctimas. Uno de los objetivos es brindar condiciones para que las víctimas puedan reclamar sus derechos y la Unidad sirve de punto de enlace para reportar los casos de amenazas y riesgos de las víctimas que participen en procesos de reclamación de sus derechos.Además, se creó la Unidad de Protección y la consecuencia es que toda persona que se encuentre en un riesgo extraordinario o extremo pueda acceder a medidas de protección.Pero ¿qué actuaciones concretas habrá?La idea es activar todas las denuncias, las veedurías ciudadanas y regionales. La Unidad diseñó un esquema inicial de medidas especiales para líderes de restitución de tierras que tiene 621 personas. Hay 27 líderes en esquemas de seguridad individual y 5 en esquema de seguridad colectiva. La creación de esta unidad ha permitido activar de una manera mucho más rápida las alertas de protección y la Unidad tiene canales de comunicación con entidades como la Defensoría.¿Quiénes quieren impedir que se lleve a cabo el proceso de restitución de tierras?El país está iniciando una revolución, está cambiando la manera en que se estaban dando las relaciones regionales y entre la legalidad y la ilegalidad y está definiendo, de una vez por todas, una apuesta de justicia. El reconocimiento de la inequidad, el hecho que la gente históricamente olvidada haga parte de este proyecto y la superación de la impunidad, no a todos les gusta. Hay poderes locales que siguen, que preexisten, a pesar de los esfuerzos del Estado, poderes locales relacionados con la ilegalidad. Todo esto está atravesado por la fragilidad histórica del Estado en algunas partes del país, la presencia del narcotráfico y pues estas personas y organizaciones no quieren perder ese poder político finalmente.¿Estamos hablando de políticos que se alían con organizaciones criminales?Creemos que todavía hay mucha cooptación y relación entre el poder legal e ilegal. No hemos superado esa etapa aunque se han hecho esfuerzos importantes. Sí, si creemos que es una relación entre poderes legales e ilegales y eso es lo que el Presidente ha llamado la ‘mano negra’ de la extrema de derecha e izquierda que él sabe muy bien quiénes son realmente. El sí sabe muy bien quienes son.Sería conveniente que se diga públicamente quiénes son. Fuentes policiales señalan que el paro de ‘Los Urabeños’ –en zonas vitales para la restitución- no tuvo éxito solo por que la banda lo decidió. ¿Quién está detrás?El caso de Urabá es muy diciente porque los que se sabe con el monitoreo es que la mayor presencia y cantidad de acciones violentas son de las Farc. Sin embargo, el poder de temor de las bacrim es muy alto y la única explicación es que haya relaciones con el poder legal y con esto me refiero no sólo a las instituciones sino al poder privado. Eso es una necesaria relación que se hace allí. Creo que la decisión del Presidente Santos de implementar la Ley de Victimas y la afirmación de que no hay zonas vedadas va acompañada de judicialización de casos. Estamos empezando en esto, hay una decisión absoluta de la Fiscalía de fortalecer la persecución de los bienes de los victimarios.El mensaje es que se va a restituir a pesar de los intereses políticos y privados de impedir que así sea…Claro. Y se va a judicializar a estas personas y perseguir los bienes de los victimarios adquiridos de forma ilegal o legal de las personas que han contribuido a violar los derechos de las víctimas.¿Vamos a estar preparados para que el país sepa de quiénes estamos hablando?Creo que sí. Es el momento de avanzar conjuntamente como sociedad, identificando de una buena vez a estos grupos de personas que se resisten a reconocer que el país está cambiando que llegó el momento de las víctimas. Creo que estamos frente a una revolución importante, una gran apuesta y no podemos dejar al Estado solo en esta tarea, por eso necesitamos las denuncias.¿Cuáles son las funciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas?La Unidad coordina todo el sistema Nacional para la Atención y Reparación a Víctimas. Está compuesta por 33 entidades nacionales y todos los departamentos del país, se encarga de diseñar políticas para la garantía de derechos de las víctimas así como de hacer la planeación de la implementación de la Ley. Se encarga de ejecutar la indemnización y la reparación colectiva y de tareas humanitarias.¿Cuáles son los objetivos para este año?La atención a las víctimas de una manera más humana, sin estigmatizaciones ni reproches. Es hacer llegar el Estado a las víctimas y a las comunidades, que por miedo y falta presencia no han podido acercarse a reclamar sus derechos. Contamos con 61 puntos de atención. También se ampliarán las unidades móviles que hacen recorridos por las regiones en lugares apartados y se realizan jornadas para atender a las víctimas y que no tengan que hacer un peregrinaje desde zonas apartadas.¿Cómo será la participación de las víctimas en la Ley?A finales de marzo, personerías y defensorías, tienen que tener ya inscritas las organizaciones que van a hacer parte de las mesas de participación que tendrían representantes en las instancias de decisión de la Ley. Tiene que haber víctimas en la junta directiva en la Unidad de Gestión de Tierras Despojadas y el Comité Ejecutivo, que es la máxima instancia de la Política de la Ley, que está conformada por el Presidente y Ministros, puede invitar a víctimas.¿Cuál es el estado de los predios para la restitución?Hay un registro que lleva la Unidad de Tierras Despojadas y lo que se pretende hacer es recuperar las tierras, ya que la restitución, en principio, es sobre el bien que le fue despojado a la víctima. Cuando sea imposible esta restitución, se efectúa la compensación.¿Qué presupuesto tienen asignado?Hay un presupuesto global definido en el Conpes de financiamiento de diciembre de 2011 de 54 billones de pesos para 10 años y hay un presupuesto específico para el próximo año de 6,1 billones de pesos. Eso no va exclusivamente a la unidad de víctimas pero ésta si tiene una responsabilidad de seguimiento al cumplimiento de las metas previstas de la ley.¿Están garantizados los recursos?Los recursos para la reparación a las víctimas están. Lo que sí tenemos que hacer, a través del Plan Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas que tenemos que tener listo antes de junio, es organizar cómo será esa distribución de recursos, flexibilizar su oferta. Es importante hacer una vigilancia para no confundir programas para atención de personas vulnerables ni proyectos sociales con temas específicos para Víctimas.Escenarios de riesgoAl Gobierno le preocupan los riesgos de homicidio colectivo de líderes y, dentro de ellos, los indígenas y afrocolombianos. Esto, “porque es un golpe, un mensaje muy fuerte a la gente por organizarse, por defender sus derechos y el impacto de estos asesinatos en las comunidades es enorme”, señaló Gaviria.Las zonas con mayor riesgo son Urabá, Córdoba, Cauca, El Catatumbo, Chocó, Nariño y La Guajira. En Córdoba delinquen los Frentes 5, 18 y 58 de las Farc y ‘Los Urabeños’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Rastrojos’. La dinámica de violencia en esa zona es el interés de los grupos ilegales de controlar la ganadería, la minería, el narcotráfico y los corredores de movilidad hacia El Catatumbo y el Golfo de Urabá.En Cauca, los autores de las amenazas serían las Farc, el ELN y ‘Los Rastrojos’.

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