La Reforma a la justicia prevé un debate movido

Julio 11, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co I Redacción
La Reforma a la justicia prevé un debate movido

En el borrador del proyecto de reforma a la justicia se establece la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, además de restricciones a la tutela.

El País tuvo acceso a un borrador del proyecto (que está en ajustes) en el que se hacen cambios a los alcances de la tutela, se acaba con el Consejo Superior de la Judicatura y se implementa la doble instancia para el juzgamiento de congresistas.

La cuenta regresiva para que el Congreso comience a estudiar el ‘revolcón’ a la justicia ya comenzó. El 20 de julio el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, radicará el documento que trae consigo una serie de modificaciones a esta rama que ya advierten un gran debate. De hecho, Vargas Lleras se reúne en Medellín con los magistrados de las altas cortes para analizar este tema. El País tuvo acceso a un borrador del proyecto (que está en ajustes) en el que se hacen cambios a los alcances de la tutela, se acaba con el Consejo Superior de la Judicatura y se implementa la doble instancia para el juzgamiento de congresistas.Pero la iniciativa no se limita únicamente a estos temas. Uno de ellos es que los abogados, y los centros de arbitraje y conciliación podrán tener función jurisdiccional como apoyo a las Cortes en su labor de descongestión judicial.Este tema, para el ministro Vargas es uno de los ejes, busca descongestionar más de 2 millones de procesos represados.Otro de los cambios tiene que ver con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Hoy son electos por estas corporaciones de terna enviada por el Consejo Superior de la Judicatura. La reforma propone que salgan “de una lista de elegibles, sin orden de prelación, conformada por la Sala de Gobierno del Consejo Superior Judicial, mediante concurso público de méritos”.La propuesta también le pone freno a las aspiraciones políticas de los magistrados de las cortes, el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal, el Registrador, el Procurador, el Defensor del Pueblo y el Contralor, quienes quedarían inhabilitados por cinco años para ser elegidos popularmente después de salir de sus cargos.Para el caso de los magistrados de las altas cortes, la norma propone que tengan periodos de 12 años (no de 8 como ahora) y que no hayan cumplido 60 años de edad. Es decir, pone tope de edad, que hoy sólo se aborda con la frase “... y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso”.Asimismo, la Corte Suprema conocería los asuntos disciplinarios de los magistardos del Consejo de Estado y del Procurador, además de dirimir “los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar, así como entre la ordinaria y las especiales”.El Consejo de Estado conocería “de los asuntos disciplinarios contra magistrados de la Corte Constitucional y del Contralor General de la República”. Y dirimiría conflictos entre las jurisdicciones contencioso administrativa y las especiales.Reforma o ConstituyenteYa hay voces que advierten que los cambios son sólo ‘pañitos de agua tibia’, por lo que consideran que lo que se debe hacer es convocar una Asamblea Constituyente para reformar a la justicia.La propuesta la hizo el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien consideró que “creo que la verdadera reforma a la justicia requiere de una Asamblea Constituyente que se encargue exclusivamente del estudio de la justicia”.Para Charry ese sería el único camino para solucionar los problemas de la justicia, en la medida en que muchas modificaciones que se hagan en el Congreso se caerían en la Corte Constitucional.El experto explicó que “cuando se cambia la esencia de la Constitución, según lo ha dicho la Corte, se está extralimitando el poder de la reforma y entonces la única forma para cambiar temas esenciales de la Constitución es una Constituyente”.Argumentó que la reforma a la esencia de la Constitución radicaría en temas como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y los mismos límites que se le quieren poner a la tutela. El senador liberal, Luis Fernando Velasco, no descartó la idea de Charry, de la cual dijo que “me parece que no es descabellada”. Pero a Velasco lo embargan temores. “Una asamblea no tiene límites y puede revivir un debate de la personalización de la política y podríamos tener una asamblea hablando de reforma a la justicia y de la reelección de Álvaro Uribe”.El ex viceministro de Justicia, Guillermo F. Reyes consideró que una reforma a la justicia no se debe hacer con base en la tesis de que no va a pasar en la Corte Constitucional. “La reforma es importante para el país y ninguno de los temas que se conocen en los borradores alteraría la esencia de la Constitución”, dijo, por lo que sentenció: “No comparto esa posición”.Límites a tutelas contra fallosEn el borrador del proyecto se establece, en unos de sus apartes, que “la Acción de Tutela contra sentencias u otras providencias judiciales, deberá interponerse mediante abogado y ante el superior jerárquico dentro del mes siguiente a su ejecutoria” y deberá hacerse ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, de acuerdo a donde haya sido emitido el fallo.De inmediato, se oyeron voces en contra. El ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández dijo que “creo que es un retroceso, porque la Acción de Tutela debe ejercerla el ciudadano con la mayor libertad y dentro de la más plena informalidad”.Añadió que “establecer obligatorio tener los servicios de un abogado puede encarecer el acceso a la administración de justicia y, por lo tanto, se generaría una discriminación entre quienes tienen recursos y quienes no los tienen”.En igual sentido piensa el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien advirtió que a la tutela no se le pueden poner abogados porque “debe ser informal y la debe interponer cualquier persona”.El ex viceministro de Justicia, Guillermo Francisco Reyes, anotó que “creo que lo de la tutela es uno de los temas más complejos y más álgidos en todo lo de la reforma a la justicia”, por lo que consideró que “hay que partir de la base de la falacia del error judicial. Y es que el juez se puede equivocar y cuando hay derechos fundamentales de por medio, pues creo que tiene que ser procedente la acción de tutela, obviamente con restricciones”.Consejo de la Judicatura, en vilo Recientemente el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que “el Consejo Superior de la Judicatura debe ser eliminado” y esta aseveración quedó plasmada en el borrador de la reforma, debido a que en el Artículo 20 propone la creación del Consejo Superior Judicial, que estará integrado por dos salas: una de Gobierno y otra de Gerencia de la Rama Judicial.La Sala de Gobierno la integrarán los presidentes y delegados de las cortes Suprema de Justicia y Constitucional, y del Consejo de Estado; mientras que la Gerencia la integrará un gerente elegido por la sala de Gobierno.Así, de tajo, saldrían 13 magistrados (seis de la Sala Administrativa y siete de la Disciplinaria) que actualmente componen esta corporación.Sobre esta propuesta, el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, dijo que no está de acuerdo con la supresión del Consejo, “porque considero que su existencia garantiza la autonomía de la rama judicial”.Cosa contraria piensa el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien dijo que “estoy de acuerdo con que se suprima”, pero insistió en que “la justicia requiere una reforma mucho más profunda que estos aspectos”.En contraste, el magistrado del Consejo Superior, Ovidio Claros consideró que esa es una decisión más política que por el bien de la justicia y añadió que “en cada cambio de gobierno se habla de reformas y se dice que el Consejo Superior de la Judicatura debe ser eliminado. Eso es un error”.Habría doble instancia para los congresistasUn tema que se viene proponiendo desde 2007, cuando estalló el escándalo de la parapolítica, fue la necesidad de que en Colombia se implementara la doble instancia en el juzgamiento de los congresistas. Los argumentos establecían que un juzgamiento en única instancia (sin derecho a apelar) era violatorio de los convenios internacionales.En el proyecto se establece la doble instancia de juzgamiento y para tal fin determina que “de los delitos que cometan los congresistas, conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en primera y segunda instancia” y añade en otro artículo que “la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará dividida en tres secciones, la primera sección se encargará de adelantar las funciones de investigación; la segunda, adelantará el juzgamiento en primera instancia; y, la tercera, hará el juzgamiento en segunda instancia”.Sobre esta propuesta los analistas coinciden en que se debe aplicar, debido a que debe haber derecho de igualdad. Sin embargo, Juan Manuel Charry considera que “estaría de acuerdo con una precisión, creo que fue un error haber quitado la inmunidad parlamentaria a los congresistas y si no se logra volverla a establecer una garantía es la doble instancia”.Por su parte, el senador liberal Juan Manuel Galán dijo que “hay que buscar un sistema de juzgamiento para los congresistas que no sea inquisitivo”.

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