La Procuraduría inicia investigación contra trece congresistas

Los parlamentarios se habrían involucrado en el manejo de bienes incautados al narcotráfico.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra trece congresistas y ex congresistas, por haberse involucrado en la administración irregular de bienes incautados al narcotráfico por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) .En este escándalo están involucrados los congresistas Myriam Paredes, Óscar Fernando Bravo, Hernán Andrade y Álvaro Ashton Giraldo. Al igual que los excongresistas Héctor José Ospina Avilés, Ómar Yepes Alzate, Eduardo Enríquez Maya, Luis Humberto Gómez Gallo, Javier Cáceres Leal, Enrique Rafael Caballero, Miguel Pinedo Vidal, Cristóbal Rufino Córdoba y Lucero Cortés Méndez.Según la Procuraduría, los congresistas ofrecieron comisiones a funcionarios de la DNE, para que entregaran los bienes a familiares y amigos.. En este escándalo también están inplicados los exdirectores de la DNE Carlos Albornoz y Ómar Figueroa.Ante la determinación del Ministerio Público, el senador Hernán Andrade, señaló que “los organismos de control tienen la obligación de investigar y ese es un trámite normal, por eso voy a asistir a los tribunales, cuando ellos lo determinen a dar las explicaciones necesarias, porque no tengo nada que ver con el presunto tráfico de influencias que se me imputa”. “Repito, -recalcó- no hubo tráfico de influencias ni algún favorecimiento para un familiar ni a nadie”A su turno, el senador Eduardo Enríquz Maya, quien también está siendo investigado por la Procuraduría, indicó que “me siento honrado de acudir a los tribunales donde se desempeñan nuestros jueces naturales, somos respetuosos de la ley”.Agregó que “esta es una hermosísima oportunidad que me recuerda cuando tuve oportunidad de ser catedrático de la Universidad de Nariño, diciéndole a mis discípulos que si hay una época bella de acudir a los tribunales de justicia es cuando no hay peso en la conciencia”.Los hechosEl escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes estalló en 2010, cuando el presidente Juan Manuel Santos denunció los malos manejos que se habían presentado en esta institución. De esa manera comenzó la investigación que dio como resultado la destitución de su entonces director, Carlos Albornoz y el cierre de la entidad.El Gobierno intervino la entidad tras años de polémica generada por el desorden en el manejo del sistema de inventario de los bienes de la DNE y por el escaso control sobre el comité que debía indagar sobre los nombres y trayectorias de los depositarios a quienes entregaban en custodia costosos inmuebles arrebatados al narcotráfico.También por casos documentados de narcotraficantes cuyos testaferros infiltraron la DNE y terminaron administrando los bienes de sus exjefes.Durante las indagaciones realizadas por la Justicia se reveló que había varios congresistas involucrados en este escándalo. Posteriormente, ante la Corte Suprema de Justicia, la subdirectora jurídica de la DNE, Helia Marcela Niño, declaró que sabía que Albornoz se reunía los días miércoles con los parlamentarios.Según las denuncias de Helia Niño, siempre que se avecinaba época de campañas políticas en el Congreso de la República los bienes incautados por la DNE se adjudicaban de tal forma que favorecieran los intereses políticos de algunos dirigentes.