La Policía tendrá facultades de autoridad ambiental

El Gobierno presentará un proyecto de Ley para que los uniformados se unan con más herramientas a la lucha en contra de la minería ilegal. Dentro del nuevo plan estatal, habrá recompensas para quienes informen la contaminación de los ríos.

Una de las principales novedades de la nueva política contra la minería ilegal presentada por el Gobierno Nacional, es la inclusión de la Policía Nacional como una autoridad ambiental con facultad para hacer decomisos y suspender actividades ilícitas. Así lo anunció el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al explicar que en la actualidad estudian a los posibles candidatos para dirigir y conformar estas nuevas unidades militares especiales para combatir esta industria ilegal que según el Presidente de la República mueve anualmente siete billones de pesos.  “El presidente Santos desde ayer impartió órdenes muy claras para crear en la Policía Nacional una división que atienda especialmente la lucha contra este delito, la cual estará a cargo de un Oficial General, y el Ejército dispondrá de una brigada que desde el punto de vista militar y de control territorial pueda contribuir en esta lucha”, puntualizó Villegas. Adicionalmente, el jefe de la cartera de Defensa anunció que en los próximos días el Gobierno presentará un proyecto de ley donde se le otorgan nuevas facultades a la Policía Nacional para la destrucción de maquinaria, interrupción de la actividad minera, incautación de insumos, “y un gran grupo de medidas para identificar a los agentes ilegales que van desde la explotación hasta la comercialización internacional de minerales”.  El Ministro dijo que las medidas se toman para evitar que la amenaza se salga de control e informó que se creará un sistema de recompensas para aquellas personas que brinden información sobre contaminación a las fuentes hídricas con mercurio, arsénico y cianuro, provenientes de la minería ilegal.  Junto al lavado de activosEl ministro de Justicia, Yesid Reyes, por su parte anunció que el plan del Gobierno incluye la minería criminal como uno de los delitos que permiten el surgimiento del lavado de activos y se incluye también como uno de los delitos que permite la configuración de un delito más amplio como es la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada.  “Hasta ahora la ley solo se refería a la conducta de explorar y explotar de manera contraria a la ley. Ahora el delito se amplía a conductas como el beneficio, la transformación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización criminal de minerales”, justificó Reyes.  El Ministro de Justicia señaló que con esta iniciativa se contempla ampliar la conducta delictiva relacionada con la minería ilegal “dado que esta actividad se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de organizaciones criminales. Adicionalmente, aseguró que la minería ilegal también se incluye en el delito de receptación (encubrimiento) y se incorpora entre los delitos que tienen limitaciones para aplicación del principio de oportunidad. “Solo podrá aplicarse el principio de oportunidad cuando los implicados colaboren eficazmente con la justicia o sirvan como testigos para desmantelar delitos relacionados con la minería ilegal”.  Tres salidasTomas González, ministro de Minas y Energía, señaló a su vez que con esta normatividad le están ofreciendo a los mineros legales tres salidas: la formalización, el cambio de actividad o el castigo. “La puerta de la formalidad está abierta para todos los que están dispuestos a hacer las cosas bien. Eso quiere decir que deben tener un título minero, un instrumento ambiental, pagar regalías, tener un plan minero técnico y pagarles a los trabajadores como dice la ley, de lo contrario, cambie de actividad o aténgase a las consecuencias”.  El alto funcionario insistió en que está medida está diseñada para atacar las mafias que se esconden detrás de la minería artesanal, y no contra la actividad minera legal: “Sabemos que en el país hay un gran número de mineros que están haciendo las cosas bien, esta medida está dirigida para aquellos que lindan con la ilegalidad”.  Daño irreparable Gabriel Vallejo, ministro del Medio Ambiente, resaltó las nuevas medidas tras asegurar que “el peor daño ambiental que se le ha hecho al país en su historia es el de la minería criminal, que ha ocasionado la deforestación de 17 mil hectáreas del territoriol”.  El Ministro enfatizó en que el uso del mercurio en este tipo de actividades es el problema más grande al que se enfrenta el país, ya que este vertido en fuentes hídricas “termina convirtiéndose en una gran cadena de afectaciones”. Vallejo recordó que hace dos años se expidió la Ley del Mercurio, reglamentada el año pasado y con la cual se pretende que a 2018 no puede utilizarse este elemento en ninguna actividad de explotación minera; y que a 2023 no se use en tareas industriales.  En la actualidad colombiana, donde el 17% de sus áreas protegidas cuentan con algún tipo de actividad minera, las normas se convierten en una herramienta más que importante en el propósito de proteger 2.5 millones más de hectáreas para el 2018.  Por ello Vallejo resaltó las facultades otorgadas a la Policía como autoridad ambiental, explicando que de esta manera las autoridades ya superan un primer escollo: “En la actualidad, cuando la Policía van a desmantelar a estas bandas criminales, se queda sin herramientas para suspender la actividad”, afirmó.  Según el Ministro, en adelante, los pasivos confiscados por la Policía en operativos contra la minería ilegal podrán ser utilizados para la restauración de las mismas áreas afectadas. “Esto es muy importante porque son zonas de difícil recuperación que necesitan de inversión y un esfuerzo muy grande para poder restaurarlas”.  Con esta normativa, finalmente informó, ahora las plantas de beneficio del oro se verán obligadas a contar con su licencia ambiental, además de estarán obligadas a presentar un plan de manejo ambiental con el fin de controlar las afectaciones que provocan.  Medio país afectadoEn el momento 22 departamentos del país  reportan actividades de extracción ilícita de minerales. Los más afectados son Córdoba, Antioquia, Bolívar (al sur), Cauca, Valle, Caldas Nariño, Chocó, y el bajo Cauca. En Colombia, cuatro  de los ocho núcleos de deforestación coinciden con zonas de minería.En el 2013 170 toneladas de mercurio  fueron liberadas al ambiente.Más del 60%  de las zonas hidrográficas del país están perjudicadas por la minería criminal. El 50% de los colombianos consumen agua que proviene de esas fuentes.