La Judicatura, el Consejo de Estado y la Corte Suprema en el ojo del huracán

Panorama de los problemas que enfrentan las cortes Constitucional y Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado.

La Justicia está en crisis es una expresión común en Colombia. La mala hora de las Cortes también es una frase hecha. Casi lo único que cabría decir (con otro lugar común) es que la Rama Judicial tocó fondo en este 2015, cuando, en un hecho tristemente histórico, la Corte Constitucional, la institución más joven y apreciada del sistema, fue salpicada por supuestos hechos de corrupción.Y a tal altura que su presidente en ejercicio, Jorge Ignacio Pretelt, fue presionado por sus ocho compañeros a separarse del cargo, para que se dedique a defenderse de la versión del abogado Víctor Pacheco, quien afirma que este le pidió $500 millones para ayudarle, a nombre del magistrado Mauricio González, a manipular una tutela. La crisis llevó a que la Corte anunciara una serie de medidas que tomará motu proprio y que serán claves para frenar posibles casos de corrupción. El centro del asunto es la facultad de ese alto tribunal, como organismo de cierre en tutela, de revisar expedientes, y la carrera que ha hecho poner tutelas en contra de decisiones de otras Cortes. El tema, que ha sido objeto de repetidas polémicas, intentos de reformas legales y ‘choque de trenes’, buscará ser remediado por la Corte Constitucional a través de la reforma del reglamento interno, la creación de más controles sobre la selección de casos y el salvamento de “términos para aquellos eventos en los cuales hay vacíos”. Se pretende, además, que la presencia de un delegado para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo dé más seguridad al mecanismo.Esta medida fue celebrada por el expresidente de la Corporación, Carlos Gaviria Díaz: “Es bueno que se exija que el Ministerio Público vigile la selección de las tutelas, pues es un momento muy problemático para la Corte, se presta para conjeturas y suspicacias”. Cabe precisar que dentro del alto tribunal existe la posibilidad de que Defensoría y Procuraduría y los propios magistrados acudan a un mecanismo de instancia para que las Salas de Revisión (compuestas por tres magistrados) seleccionen expedientes que inicialmente fueron rechazados. De hecho, la tutela que originó el escándalo de esta semana, con la que Fidupetrol buscaba tumbar una multa de $22.000 millones que le impuso la Corte Suprema de Justicia, al parecer no cumplía con todos los requisitos para ser estudiada. Información conocida por Colprensa señala que entre julio de 2013 y julio de 2014 el jurista que más presentó recursos de insistencia fue Alberto Rojas Ríos, quien ya no ostenta el cargo por cuenta de una decisión del Consejo de Estado que obligó a que Martha Sáchica, la secretaria General de la Corte, asumiera como encargada en julio pasado. Siete meses después, debido a sendos recursos interpuestos por Rojas Ríos, sigue suspendido el concurso para seleccionar una terna y enviarla al Congreso para elegir su reemplazo. Las insistencias de Rojas Ríos tuvieron que ver con asuntos arbitrales y tutelas contra entidades financieras y sociedades comerciales, según información de la Secretaría de la Corte publicada por la revista Ámbito Jurídico. Por ejemplo, está una tutela que presentó Alange Corporación contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y otra que BBVA Colombia elevó contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para establecer si un banco puede ejercer gestión fiscal en contratos de cuenta corriente y de ahorros con el Estado.Ahora bien, entre las insistencias que le aparecen al magistrado Pretelt hay temas laborales, políticas agrarias y de bienes y baldíos, como una tutela que presentó el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. en contra del Incoder por presunta vulneración de derechos en un proceso de recuperación de baldíos. Se destaca también otra presentada por Juan Carlos Pastrana contra El Espectador. Para terminar, la propuesta de reforma interna de la Corte Constitucional llegó al tiempo que la Comisión Primera del Senado anunció la creación de una subcomisión para elaborar un proyecto de ley para modificar la tutela y los mecanismos de revisión en el alto tribunal. Para la exfiscal General Vivianne Morales, con la tutela “se burlan los mecanismos de la justicia ordinaria”. “Es una especie de supracasación que usan hábilmente los litigantes, teniendo en cuenta que en la Corte Constitucional existe una enorme discrecionalidad frente a este instrumento”, agregó.Pero lo más complejo del asunto es que líos y escándalos también campean por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado.Siguen disputas en Consejo de EstadoEn el Consejo de Estado las divisiones internas han llevado a su nuevo presidente, el magistrado Luis Rafael Vergara Quintero, a plantear la necesidad de reformar su reglamento interno para tomar decisiones de forma más rápida, ya que esta elección tomó más de un mes y no se han escogido aún a las personas que ocuparán las cinco plazas que están vacantes en la Corporación. La idea es poder dar más trámite a los muchos procesos que están represados en Sala Plena: pérdidas de investidura o casos como el del alcalde Gustavo Petro y su destitución por el procurador Alejandro Ordóñez. Ya acabó, pero con más de un año de retraso, el caso de los doce conciliadores de la fallida Reforma a la Justicia. Y no cerró sin polémica, pues básicamente el fallo dice que esos congresistas no fueron culpables de los ‘micos’ que tenía el proyecto de acto legislativo, ya que los males estaban ahí cuando llegó la conciliación.A lo anterior se suma la controversia que se generó por un auto de la magistrada Susana Buitrago, de la Sección Quinta, quien reclamó a los medios de comunicación luego de que se conociera su argumento como ponente a favor de que Moisés Orozco y María del Socorro Bustamante se posesionaran como representantes a la Cámara por las negritudes. A pesar de que, según Buitrago, no era una “orden”, la Cámara siguió las directrices de su auto y posesionó a Orozco.Tras estudiar una súplica, sus propios compañeros de Sección, Alberto Yepes y Lucy Jeanette Bermúdez, cuestionaron dicho auto e indicaron que nunca debió terminar en un “cúmplase” que no fue notificado a las partes sino dirigido a la Cámara. Por ende, anularon el fallo y revocaron la orden de posesión, dejando en trámite la demanda y la ‘novela’ de las curules afro. Entre tanto enredo, los magistrados planean ir a Paipa, Boyacá, para reflexionar sobre la reforma de Equilibrio de Poderes, de la cual, dice Vergara, conoce “tres o cuatro versiones distintas” y fijar una posición oficial.Todo está mal en la JudicaturaEl escándalo en la Corte Constitucional dejó de lado otro de enormes proporciones en el Consejo Superior de la Judicatura, cuyos integrantes están divididos ad portas de su eliminación, en el Congreso, a través de la Reforma de Equilibrio de Poderes. La pelea interna había llevado a que el magistrado Néstor Raúl Correa dijera que estaba bien que se eliminara esa Corporación. “Es una sombrilla que acoge a dos salas distintas, que se reúnen una vez al mes, que no tienen funciones importantes, que informes y que tal, pero ahí no pasa nada”, dijo antes de confirmar públicamente que sí se acordó en Sala “hacer lobby ante congresistas para que no fueran eliminados”. El tema no es menor, pues fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien lo dio a conocer. Supuestamente, el cabildeo se estaría haciendo con prebendas, cuestión que negó Correa. Por su parte, los demás magistrados salieron a negar lo dicho por Correa, explicando que lo que se acordó fue “una defensa de la institución”.Correa es uno de los magistrados más polémicos que tiene la Judicatura. En el pasado llegó a decir que sin la Corte Suprema de Justicia, “Mancuso (en referencia al paramilitar) sería ministro de Cultura”. Igualmente, en el 2014 fue el jurista de todos los altos tribunales que más viajó. En total, ellos gastaron $657 millones en recorridos nacionales e internacionales. Otro escándalo en ciernes es la compulsa de copias que la Corte Constitucional hizo el pasado 12 de febrero para que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la misma a la que le pide celeridad en el caso Pretelt, investigue presuntas irregularidades cometidas por los magistrados de la Judicatura que proyectaron un polémico fallo de tutela que favoreció al hijo de un gerente de empresas de taxis en Medellín. Se trata de una sentencia de la magistrada María Mercedes López Mora, que ordenó reabrir un proceso penal que estaba en firme por decisión de la Corte Suprema y que había finalizado con la condena de Jorge Andrés Montoya Moreno, alias Jorge Negrete, a más de 23 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, en grado de tentativa, y hurto calificado y agravado. La Corte corrigió todo el procedimiento y encontró serios hallazgos de índole penal. Y, por si fuera poco, en medio del escándalo en la Corte, fue capturado en Cartagena, por agentes de la DEA y el CTI, Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, hermano del expresidente de la Corte Suprema y expresidente de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte, por tener una circular roja de Interpol y un requerimiento de una Corte de EE. UU. por narcotráfico.La Suprema, en corta calma-En medio de los escándalos, la Corte Suprema de Justicia acaba de proferir el esperado fallo en el caso de las ‘chuzadas’ del DAS y condenó a María del Pilar Hurtado y a Bernardo Moreno Villegas. -No obstante, la polémica nunca ha dejado de estar en el tribunal, ya que su anterior presidente, el magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas, sigue enfrentando una tormenta judicial por el préstamo del carro oficial a su hijo, episodio que terminó con su detención momentánea en un CAI y en un cruce de declaraciones sobre lo que estaba haciendo el joven y supuestas agresiones a los policías. -El caso está en la cuestionada Comisión de Acusaciones, por cuenta de una denuncia de la Red de Veedurías.- Pero la Corte Suprema promete volver a sonar pronto, pues en menos de un mes podría estar listo el fallo que absolvería al coronel (r) Alfonso Plazas Vega de toda responsabilidad por la desaparición de un número no determinado de personas tras la recuperación del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.