“La extradición es víctima de su éxito”: Carlos Medellín

Mayo 06, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Margarita Vidal Garcés
“La extradición es víctima de su éxito”: Carlos Medellín

Abogado Carlos Medellín Forero.

Carlos Medellín, candidato a magistrado de la Corte Constitucional, opina que la Justicia continúa siendo incómoda para muchos sectores. “El Consejo de Estado debe seguir siendo intocable”, dice.

Al magistrado de la Corte Suprema de Justicia y uno de los abogados más eminentes del país, Carlos Medellín Forero, le decían ‘El poeta de las leyes’, porque tenía una sensibilidad especial para la poesía. El brillante jurista fue asesinado en el holocausto del Palacio de Justicia, cuando el M-19 se tomó a sangre y fuego sus instalaciones y el ejército arrasó con la edificación, con 11 magistrados -la crema y nata de la jurisprudencia colombiana- y alrededor de 80 civiles, a punta de cañonazos de tanques cascabel, disparos de mortero, de ametralladora y de fusil, ráfagas de helicópteros artillados y bombas lacrimógenas. La conflagración, que desató un verdadero infierno, no dejó piedra sobre piedra, pero sí un peso agobiador en el alma nacional, que nunca olvidará esa hecatombe. Carlos Medellín Becerra, uno de sus hijos, tenía 23 años y era un joven feliz. Estudiaba derecho administrativo en la Sorbona e, imberbe aún, tuvo que regresar de urgencia al país para rescatar de las ruinas el cadáver de su progenitor.Jurista y catedrático, Carlos Medellín Becerra tiene 50 años. Abogado del Externado de Colombia, ha sido director de Inravisión, consejero de la Alcaldía Mayor de Bogotá, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, ministro de Justicia y embajador en Inglaterra. En la actualidad es Conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y profesor de la Universidad del Rosario y en años anteriores se postuló para el Senado de la República y para la Contraloría General de la Nación. Un peso pesado de la jurisprudencia colombiana, Medellín es en este momento firme candidato a magistrado de la Corte Constitucional, para ocupar la vacante de Juan Carlos Henao, nombrado como nuevo rector del Externado de Colombia. Padre de Ley de Extinción de Dominio, opina sobre temas de la Justicia, hoy ad portas de una Reforma Constitucional que se cocina en el Congreso de la República.¿Cómo vio el acuerdo al que llegaron el gobierno y el Congreso para eliminar el Consejo Superior de la Judicatura?Pienso que el Consejo había avanzado en muchas áreas como la capacitación de los jueces, el manejo de su presupuesto y la planificación. Pero es mucho dinero el que maneja, y requiere una gerencia mucho más moderna y más ágil que una Sala Administrativa. Más que eliminarlo, se hubiera podido pensar en reestructurarlo, adelgazarlo y hacerlo más operativo. Hoy debemos saber con qué se va a reemplazar y cómo va a funcionar la carrera judicial. Se ha dicho que sean las propias Cortes las que creen una especie de Consejo de Justicia, con personas elegidas por ellos, pero eso no convence. Ya los magistrados están suficientemente llenos de trabajo como para que, además, los pongan a administrar la rama. Eso es imposible.¿Y qué opina sobre la propuesta para juzgar al Consejo de Estado?Creo que el Consejo de Estado es intocable y debe seguir siendo intocable, porque tiene –nada más, ni nada menos- que juzgar a los gobiernos nacional, departamental y municipal. Decir que a los magistrados debería juzgarlos un tribunal especial conformado por otros magistrados, escogidos de una lista que hace el presidente de la república y elegidos por la Corte Constitucional, ni tiene sentido, ni sabe uno cómo surgió esa pretensión. Y hablando de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ¿por fin se le da digno entierro?No goza de buena imagen pero es que la tarea de la Comisión no es la de juzgar. La llaman “Comisión de Absoluciones” siendo que no puede absolver a nadie; su tarea es investigar a los altos funcionarios y, si le parece que hay mérito, pasarle el caso al Senado, que sí cumple funciones judiciales. En realidad es un juicio político y así está concebido. El debate era sano y oportuno para determinar qué es lo que hay que cambiar o reformar.¿De dónde salió el ‘mico’ del tribunal para juzgar a los magistrados?Nadie lo sabe y la verdad es que esa paternidad es bastante irresponsable porque el proyecto inicial hablaba era de la congestión judicial y de la necesidad de aumentar la oferta de justicia. Inclusive de permitir que particulares administren justicia. En la Constitución del 91 eso se permite de manera transitoria, como es el caso de los árbitros de los tribunales de arbitramento. Hoy se quiere ampliar el rango y yo creo que, en principio, eso no es malo, pero no debe ser una cláusula general de competencias, sino la excepción.Déme un ejemplo.Si una persona tiene un cheque sin fondos, tiene que poner -con un abogado- una demanda en un juzgado municipal, con el costo y la demora que eso significa. Podría obviarlo acudiendo a un particular. Si no se puede resolver tendría que acudir a la justicia, pero de lo que hablo es de los llamados ‘mecanismos alternativos de solución de conflictos’, que finalmente son las conciliaciones y las transacciones.¿Cómo son esos mecanismos?Con Jueces de Paz para Causas Pequeñas, por ejemplo, se resolvería el problema de congestión de una manera impresionante. Pero se necesita un cambio de paradigma y le confieso que a los que estudiamos Derecho en el siglo pasado, nos cuesta entenderlo porque nos formaron para los procesos, los pleitos y la pelea. Hoy, los profesores universitarios lo que les aconsejamos a los muchachos es que hagan lo posible por evitar un proceso. Para acabar de rematar, todo se acabó de aletargar durante los ocho años en que el Ministerio de Justicia fue, prácticamente, inexistente.Todos los que hemos pasado por el Ministerio de Justicia le dijimos al presidente Uribe, con todo respeto, que no eliminara el ministerio porque de antemano se podía prever que como los temas políticos son tan fuertes y numerosos, al Ministro del Interior no le quedaría tiempo para la Justicia. Y no le quedó. El Ministro de Justicia debe definir las políticas públicas en esa materia y si el gobierno no lo hace, alguien se tiene que encargar y en los últimos años ese papel lo han ejercido la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, las ONG y otras instancias.Las Cortes no están para fijar políticas públicas, pero a ello las hemos obligado.¿Por qué no es conveniente?Porque los jueces ya tienen de sobra con su oficio. Por otra parte, para establecer políticas públicas hay que hacer política-política, porque aquellas requieren negociación. Y así debe ser porque el parlamento es un escenario de diálogo, de pactos y concesiones y ese es el oficio del gobierno. La alternativa sería poner a los magistrados de las altas Cortes -que son los que juzgan a los congresistas en las pérdidas de investidura- a negociar, y eso sería un horror. Hay que preservarles una independencia total y no obligarlos a hacer política. Pues de eso, precisamente, los ha estado acusando Álvaro Uribe.Sí, con la ausencia del Ministerio de Justicia los magistrados terminaron presentando proyectos de ley en el Congreso. Ahora hay comisiones legislativas en las Altas Cortes, encargadas de ir al Congreso a hablar y a negociar, y, francamente, ver a los magistrados en ese oficio, que algunos hacen muy bien, pero otros no, tratando de sacar aquello a lo que la corporación judicial aspira, da pesadumbre.En Colombia no siempre las relaciones entre las ramas ejecutiva y judicial han sido armónicas...Es verdad. Se debe a que la rama judicial termina siendo incómoda en los ámbitos políticos y económicos. Yo no soy objetivo para hablar del tema, pero se lo digo: el 6 de noviembre de 1985, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía llamó a Palacio –de rama a rama- para hablar con el presidente de la República y decirle a Betancur que con ese operativo militar, disparando desde todos los ángulos, los iban a matar a todos y que hiciera algo. Pero él no quiso pasarle al teléfono y, efectivamente, los mataron a todos. Los magistrados hablaron por las emisoras para pedir que pararan esa locura, pero la respuesta fue censurar a los medios. La ministra Noemí Sanín declaró que eso era un acto terrorista y ordenó poner un partido de fútbol. Como queda claro, la incomodidad con la justicia no es algo nuevo. Y hay una paradoja muy grande: aquí se habla de: “el gobierno de los jueces”, cuando los jueces no han pedido ni se han arrogado esa competencia, sino que está en la ley. Ellos cumplen con su deber, pero cuando lo hacen, se les recrimina.Dice que en Colombia hay gran estabilidad jurídica gracias a una tradición jurídica de 350 años . ¿Se podría decir que la tarea quedó bien hecha?Hay alguno que otro lunar pero existe una juridicidad muy fuerte. Aquí, a través de una Acción Popular por el simple hecho de ser ciudadano, cualquiera puede presentar, sin abogado, una demanda ante un juez, para señalar un tema de corrupción en la Administración. Cualquier persona puede decir ante un juez que se robaron un contrato, y el juez debe arrancar con la Acción Popular. Esto refuerza mi tesis de que aquí la Justicia sigue siendo incómoda para muchos sectores.Contrasta eso con la tesis muy generalizada de que en Colombia la justicia no funciona y que por consiguiente la impunidad es altísima.No creo en tratar de medir la justicia con criterios econométricos, por número de sentencias, o de autos. Hoy a los magistrados y a los jueces los han puesto en ese predicamento y se están inventando unas calificaciones para ver cuántas sentencias sacan al mes. ¿Cómo puede uno medir la labor de un juez por número de sentencias, cuando todos los procesos son distintos? Si medimos la eficacia de los jueces con esos criterios fríos y numéricos, las cifras no son alentadoras.Pero, perdóneme, aquí hay procesos que se demoran 20 y más años en el Consejo de Estado.La Sección Tercera del Consejo de Estado tenía cuatro magistrados con dos mil procesos cada uno. Algo absurdo. Ya doblaron el número de magistrados y creo que en muy corto plazo se van a poner al día. Eso está mal diseñado y se ha debido revisar hace tiempo, pero hay ejemplos alentadores: la sala civil de la Corte Suprema, que tiene toda la Casación, también tenía grandes retrasos, pero hoy está al día.Hay controversia sobre el Sistema Acusatorio, que va a paso de tortuga.La tendencia de todos los procesos en Colombia va a ser la oralidad. El Código Contencioso Administrativo, que entra a regir en julio, vuelve orales todos los procesos administrativos. El Penal lo mismo y para allá va el Civil. Pero debe haber un cambio de mentalidad muy fuerte. Por fortuna, hoy los muchachos son mucho más prácticos y quieren resolver las cosas con prontitud. Pero en el sistema penal sí estamos en el Siglo XIX. Yo soy abogado en ejercicio y me aterro de ver esos juzgados atiborrados de expedientes y a los jueces trabajando todo el día. Por otra parte, la descongestión judicial no es simplemente que haya más jueces. Aquí creen que es que en los juzgados no se trabaja y eso no es cierto. Eso hay que cambiarlo y yo no le tengo miedo a que los consultorios jurídicos, las oficinas de abogados, y una cantidad de operadores jurídicos, ayuden en esa tarea. Eso no es popular en la rama judicial porque la consideran una privatización de la justicia, pero es más bien una racionalización de la justicia.La gente no sabe mucho sobre la Acción de Cumplimiento, ¿cómo opera?Es ir ante un juez para obligar a un funcionario público a cumplir la ley, pero antes de ir al juez, la persona debe dirigirse al funcionario para instarlo a que la cumpla. Si antes de ir al juzgado se le manda una carta al funcionario, diciéndole que no está cumpliendo la ley, la experiencia demuestra que allí termina el tema, porque la gente corre a cumplir, en vista de que lo van a demandar. Con ese espíritu camorrero que reina aquí, ¿la gente sí concilia?Poco. Se muere del susto porque aquí dan palo porque bogas y palo porque no bogas. ¿Para qué conciliar? Pues para evitar el colapso de la justicia y porque si se puede llevar un problema por las buenas y rápido, es mejor para todos. Pero al funcionario público le da temor y las contralorías detestan el tema: cuando una entidad concilia, le abren investigaciones para ver si hay detrimento patrimonial. ¿Por qué son caóticos los procesos de extinción de dominio?No hay caos, la ley está funcionando bien y lo más importante es que fue retroactiva. Si no hubiera sido así, hoy las familias más ricas de Colombia serían las de Escobar, Rodríguez Orejuela, Rodríguez Gacha, etc. La ley bloqueó ese tema porque judicializó todos los bienes. Ahora, como una vez hecha la ley, hecha la trampa, los carteles del narcotráfico encontraron vacíos y buscaron abogados muy hábiles para pleitear y lo han hecho con éxito. Como cuando hicimos la ley no podíamos tener la perspectiva de qué iba a pasar, sólo en el camino se identificaron los ardides que los abogados utilizan para dilatar los procesos. Eso hay que cambiarlo.¿Es cierto que han tenido que devolver cantidades de bienes a los narcos?No, no es cierto. Se han dilatado los procesos y ha habido que ajustar la ley en dos oportunidades en el tema procesal, para evitar lo que sucedió por ejemplo con Drogas La Rebaja, que no se podía notificar porque los del Cartel de Cali resolvieron asociar a miles de trabajadores y había que notificarlos personalmente, uno por uno, según el Código de Procedimiento Civil. Después de 8 años se resolvió hacerlo por edictos. Otra cosa que conspira es que los jueces de extinción de dominio son muy pocos. Pero la ley está viva y todos los bienes están judicializados. Pero, sí hubo corrupción en Estupefacientes y tuvo que ser liquidada.Es que la ley dijo que había que reestructurar Estupefacientes para que pudiera hacerse cargo y nunca se hizo. Obviamente entró en crisis por la falta de gerencia en el manejo de miles de bienes de toda índole. Sin embargo, hay que decir que nuestra ley es más fuerte aún que la de EE.UU., porque dice que si el narcotraficante muere, el proceso sigue con sus hijos. Antes la filosofía mafiosa era: yo arreglo todo para la familia y lo demás no importa. Como en la película El Padrino III en que los Corleone ya son parte de la sociedad y van lavando el dinero. En Colombia eso no es posible.El tema de la extradición está otra vez haciendo bulla porque los capos, que antes preferían “una tumba en Colombia que una cárcel en los EE.UU.” se van para EE.UU., negocian con su justicia “práctica” -para decirlo suavemente- y quedan libres de polvo y paja, para disfrutar sus fortunas.Esa es una falla del Tratado de Extradición. Colombia no pudo alzar la mano nunca para decir que quería renegociar el tratado, porque era pecado mortal. Se han extraditados miles de capos, pero la extradición fue víctima de su éxito, porque los abogados gringos vieron el gran negocio con cientos de narcos llenos de plata y como el sistema judicial americano permite negociar a cambio de plata y de información, los están defendiendo con éxito. También debimos decirle a los EE.UU. que los extraditaríamos, pero a cambio de compartir información y dinero. No se hizo así y ahora hay urgencia manifiesta de cambiar eso.

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