La ‘Bacrimpolítica’ amenaza las elecciones de octubre

Marzo 12, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Bandas criminales irían tras el control de regiones que se beneficiarán con el tema de las regalías y donde se hará restitución de tierras.

Al listado de palabras que le ha aportado la alianza entre dirigentes políticos y las diferentes organizaciones delincuenciales a la justicia en Colombia, tales como Farcpolítica, narcopolítica y parapolítica, podría sumarse un nuevo término en estas elecciones regionales: la ‘Bacrimpolítica’. Para el Gobierno Nacional y las autoridades electorales es claro que las Bandas Criminales, a quienes algunos analistas prefieren llamar ‘neoparamilitares’, intentarán influenciar las elecciones del 30 de octubre. Bien sea financiando aspiraciones o, peor aún, impulsando candidatos propios.Los propósitos que persiguen, y que han encendido las alarmas en el Gobierno son temerarios, según los analistas. Y es que además del conocido interés por controlar zonas vitales para el tráfico de drogas, pretenden elegir sus candidatos en las regiones que se beneficiarán con la redistribución de regalías y donde se centrará el programa de restitución de tierras, predios que en la mayoría de los casos fueron tomados por paramilitares y recuperados por el Estado. León Valencia, analista de la Fundación Nuevo Arco Iris, encargada por el Ministerio del Interior y de Justicia de preparar los mapas de riesgos para las elecciones regionales de octubre advierte que “lo que buscarán las Bacrim en estas elecciones regionales es, con políticos locales, aferrarse al poder para tener alcaldes y gobernadores propios porque se viene la disputa por las regalías, en un país que crece la minería, y la pelea por defender las tierras que se robaron y que el Estado va a restituir. En ese proceso de restitución alcaldes y gobernadores serán agentes vitales”, dijo Valencia.El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, dijo en diálogo con El País, que estas bandas criminales, más que sabotear las elecciones, como en su momento lo hicieron las Farc, lo que buscan es presionar, como los ‘paras’ en las elecciones del 2002 y 2006, “para generar una cadena de fraude que les permita cambiar los resultados a su favor”.“El mapa de la trashumancia en Colombia puede demostrar que ahí donde se mueven dineros y regalías hay mucha más trasteo de votos y eso va ligado también a las bandas criminales porque, en departamentos como Casanare, algunos procesos judiciales han demostrado que había una penetración muy grande de los paramilitares en el poder político y en la contratación administrativa”, dijo el Registrador Nacional. (Ver mapa de riesgo de trashumancia)Por la información que manejan las autoridades electorales, las Bacrim buscarán sus propósitos a través de los delitos tradicionales de fraude electoral: trashumancia, invertir grandes cantidades de dinero, tener candidatos propios con compromisos explícitos o invertir en varios aspirantes a sabiendas de que alguno de ellos tendrá que quedar.Pero si bien el mapa de la trashumancia es un indicativo de lo ocurrido en el 2007, el presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Juan Pablo Cepero, reveló que ya se han detectado casos de “crecimiento inusitado de inscripción de cédulas en algunas regiones, sobre todo en Casanare y Meta”. Esta conducta tipifica tres delitos: fraude por inscripción de cédulas, fraude procesal y falso testimonio. “Hay zonas de riesgo en las fronteras y en los municipios que tienen regalías”, confirmó el magistrado Cepero. A estas denuncias se sumó la hecha por la Misión de Observación Electoral, MOE, sobre el riesgo de que compañías extranjeras quieran invertir en las campañas políticas de algunas regiones del país, a cambio de licencias que les permitan la explotación minera.“Estamos pidiendo vigilancia especial a las compañías internacionales que tienen intereses específicos en hacer proyectos mineros o algún tipo de inversión que implica financiación internacional; preocupa que por intereses de apoyar a ciertos candidatos a concejos o alcaldías, se puedan filtrar recursos de financiación internacional, que en la legislación colombiana están prohibidos”, indicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.Los lugares en los que ingresaría capital extranjero a las campañas son en los corredores en los que el Gobierno Nacional viene desarrollando o planea entregar en concesión grandes proyectos de explotación minera, petrolera y forestal.Entre ellos, según la MOE, un corredor en Santander, entre las localidades de California, Betas, Betulia, Lebrija y Girón, donde una minera canadiense proyecta la explotación de una mina de oro en el Páramo de Santurbán. También entre Puerto López y El Viento (Meta) y Cumaribo (Vichada), donde se proyecta el desarrollo de agrocombustibles. Igual ocurre entre San José del Guaviare y Puerto Concordia (Meta) donde se explorarán varios pozos petroleros.El reto de no permitir influenciasA juzgar por las cifras, no son infundados los temores que han manifestado el Gobierno Nacional y diferentes organismos sobre la posible influencia de las bandas criminales en las elecciones regionales del próximo 30 de octubre.Hace sólo nueve meses los reductos de los desmovilizados grupos paramilitares (bandas criminales) representaban una amenaza directa a la transparencia y la tranquilidad de la segunda vuelta por la Presidencia de la República, según cifras de la Defensoría del Pueblo, en 52 municipios de 14 departamentos del país.Hoy, según datos del Ministerio del Interior y de Justicia, son más de 300 los municipios, en 19 departamentos, sobre los cuales existe el temor de que las llamadas Bacrim entrarían a tomar parte del proceso electoral. Entre ellos hay 67 en los que ese riesgo es ‘muy alto’.Entre esos municipios de riesgo alto figuran cinco localidades del Valle del Cauca en las que ya las autoridades regionales vienen trabajando de manera coordinada para evitar al máximo esa influencia ilegal: Palmira, La Victoria, Cartago, Buenaventura y Zarzal.Igualmente, el Ministerio de Defensa Nacional ha advertido que son 111 los municipios del país en los que las guerrillas de las Farc y el ELN buscarían sabotear el proceso electoral. En 78 de ellos el riesgo correría por cuentas de las Farc o milicianos de ese grupo ilegal y en otros 29 el riesgo lo representarían los miembros del ELN.“El Gobierno no tolerará ‘Bacrimpolítica’ ni ‘Farcpolítica’ en los próximos comicios. Vamos a establecer una mesa técnica compuesta por la Policía Nacional, el Consejo Nacional Electoral y el DAS para impedir que se repitan en el 2011 fenómenos de corrupción, de violación grosera de las normas de financiación y de gasto en las campañas electorales y de publicidad”, indicó el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera.De acuerdo con analistas, en ninguna elección se pudo anticipar con tantos elementos un fraude electoral; ni siquiera en el 2002 y el 2006 con la parapolítica. El reto, dicen, es que el Gobierno Nacional pueda impedir que grupos ilegales o empresas internacionales amañen estas elecciones para beneficio propio.

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