Juez ordenó detener al exministro Andrés Felipe Arias

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Orlando Fierro cobijó con medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación al exministro Arias.

Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes el ingreso a prisión del exministro de Agricultura de Colombia Andrés Felipe Arias por su presunta responsabilidad en el otorgamiento de subsidios a acaudalados hacendados.El magistrado Orlando Fierro acogió la petición de la fiscal general colombiana, Viviane Morales, quien pidió para el exministro la orden de detención y lo acusó de los delitos de "peculado por apropiación a favor de terceros y firma de contratos sin el lleno de requisitos".Según Fierro, "la medida de aseguramiento es adecuada y necesaria", por lo que el despacho consideró que "es procedente" la detención del imputado, el más alto exfuncionario del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) afectado por un escándalo de corrupción."Se dispone su inmediata reclusión en el centro carcelario La Picota", añadió Fierro.La fiscal general, además, endilgó al exministro conservador la utilización del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que manejaba su cartera, como plataforma política para su aspiración presidencial en las elecciones de 2010.La detención de Arias "resulta necesaria", dijo Morales, quien añadió que "los representantes de las entidades públicas no están solo para firmar, sino que son responsables de las contrataciones". Consideró, igualmente, que el acusado "es un peligro para la comunidad".El magistrado Fierro hizo una lectura pública de su decisión tras desestimar algunos argumentos presentados por la defensa el pasado 22 de julio e impartió la orden de detención de quien fue titular de Agricultura durante seis de los ocho años de Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.El pasado 19 de julio el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, destituyó de manera retroactiva e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos al mismo exministro Arias.El Ministerio Público responsabilizó a Arias de intervenir en convenios especiales de cooperación científica y tecnológica con omisión de estudios previos, y aprobar convocatorias públicas de riego y drenaje sin contar con factores de evaluación precisos y claros.Asimismo, de celebrar convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica) prescindiendo de los procesos de licitación que ordena la ley.La Procuraduría también lo responsabilizó de exceder los topes de gastos administrativos y de operación del programa gubernamental AIS, creado por el gabinete del propio Arias para preparar a productores rurales en riesgo por el tratado de libre comercio (TLC) de Colombia con Estados Unidos.Sin embargo, una gran parte de los subsidios de AIS fue a manos de grandes hacendados de la costa norte, como las familias Dávila y Vives Lacouture, así como a reinas de belleza y familiares de altos cargos del Estado.Además de Arias, el Ministerio Público sancionó a otros diez exfuncionarios con inhabilitaciones y destituciones de entre un mes y trece años.Entre ellos se encuentran el extitular de Agricultura Andrés Fernández, sucesor de Arias, y el exviceministro Juan Camilo Salazar, sancionados por 11 años por exceder los topes de administración.La decisión afectó también al exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Rodolfo Campo Soto, inhabilitado por 13 años por haber aprobado los términos de referencia de riego y drenaje y no haber realizado su revisión.De resultar culpable de cargos, Arias tendría una pena de entre 4 y 15 años de prisión. “Este es un golpe contundente para Uribe y para el uribismo”La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a prisión al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por las irregularidades encontradas en el programa Agro Ingreso Seguro, representa el peor de los golpes para el uribismo.Así lo han señalado varios analistas consultados por El País, quienes coinciden en que la seguidilla de acciones judiciales en contra de funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe por casos graves de corrupción son golpes que resienten la imagen del uribismo de cara a las elecciones regionales del próximo 30 de octubre.Para el politólogo Ancízar Marroquín si bien ha habido varios escándalos que involucran a varios ministros del gobierno Uribe, ninguna decisión ha sido tan contundente como esta.“Es el máximo golpe al uribismo porque no en vano le llamaban ‘uribito’. Esa denominación es porque era quien más encarnaba el pensamiento de Uribe, porque era su consentido, su recomendado y quien prometía cumplir a ‘piejuntillas’ el ideario uribista”, aseguró Marroquín.El también politólogo Fernando Giraldo indicó que este es un golpe moral muy duro para el ex presidente Uribe, porque Arias es hecho a imagen y semejanza de él, como el ex mandatario lo aseguró una vez. “Incluso Uribe dijo que Arias era la versión mejorada de él y ya copiaba los gestos y sus códigos lingüísticos”.“Esta decisión deja completamente descubierto el uribismo; va a representar un retroceso de algunos sectores cercanos al ex mandatario y que ya han empezado a tomar distancia, como también es un golpe que arrincona aún más al Partido Conservador, del que Arias hace parte”, aseguró el analista Giraldo.También coinciden los entrevistados en que la decisión se convierte en una suerte de favorecimiento electoral para el Partido Liberal en las elecciones regionales del 30 de octubre y que le sigue sacando ventaja el presidente Juan Manuel Santos al ex mandatario Uribe en el Partido de la U.Por su parte la senadora Alexandra Moreno, presidenta de la Comisión Segunda del Congreso, indicó que de alguna forma esta era una decisión que esperaba el país.“La justicia tenía que llegar y creo que los colombianos estaban esperando esto desde hace mucho tiempo; que se revisara el tema de la corrupción y creo que hoy por hoy estamos viendo que sí hay justicia en Colombia”, dijo la senadora del Mira.El representante Germán Varón dijo a su turno que es lamentable desde el punto de vista personal, pero que confía en los fallos de los organismos de control. “Son medidas drásticas, pero que tienen un fundamento de orden probatorio. De tal manera que tendrán implicaciones y esperamos a que avance la investigación y el juzgamiento.