Juez archivó proceso contra alcalde de Bogotá Gustavo Petro

Juez archivó proceso contra alcalde de Bogotá Gustavo Petro

Marzo 06, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Juez archivó proceso contra alcalde de Bogotá Gustavo Petro

Gustavo Petro, alcalde electo de Bogotá.

El juez 24 de conocimiento tomó la determinación de archivar la investigación que se adelantaba en contra del alcalde de Bogotá.

El juez 24 de conocimiento de Bogotá declaró la preclusión en el proceso que se le adelantaba al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por presuntamente haber generado pánico económico con las declaraciones que dio al inicio de su mandato relacionadas con el l destino financiero de la Empresa de Energía de Bogotá".y su fusión con otra entidad pública. El juzgador aceptó los argumentos expuestos tanto por la Fiscalía y la Procuraduría, entidades que a través de sus representantes consideraron que no se pueden demostrar que lo dicho por el entonces alcalde electo pudiera afectar la empresa de Energía. “Para este juzgado sin dubitaciones y esfuerzos, llegamos a la conclusión que el señor Gustavo Petro Urrego por las aseveraciones realizadas al atender una entrevista con un medio de comunicación no incurrió en la conducta pánico económico”, indicó el juez. Según el juzgador la rebaja en sus acciones se debió a otro tipo de hechos, diferentes a los indicados en la denuncia que se entabló contra el mandatario capitalino. “El señor alcalde electo jamás persiguió desestabilizar la economía de la empresa de Bogotá. No existen en la actuación de Gustavo Petro conductas que regulen el delito de pánico económico”, manifestó. Para el administrador de justicia, está más que comprobado que Petro no afectó a la empresa distrital con lo dicho y por lo tanto se accede a las pretensiones de la Fiscalía de archivar el proceso. “Los hechos investigados no pusieron en peligro los bienes jurídicamente tutelados por el derecho penal, en el entendido de que el delito de pánico económico no persigue la defensa de valores individuales, sino la protección del orden público económico, cuyo titular es el Estado, como lo afirmó la doctora Mónica de Greiff, el capital del la empresa de Energía de Bogotá en el año 2011 no sufrió desmedro”, indicó. El abogado Daniel Pardo, quien defiende al alcalde, dijo que se demuestra que con la acción penal que existía contra Petro se evidencia la persecución que hay en contra del mandatario. “Lastimosamente la administración de justicia ha sido utilizada por los opositores políticos del alcalde para acudir a ella y denunciarlo por todas las acciones que realice en las políticas públicas y por eso el desgaste de la Rama Judicial (…) Estas personas han intentado enlodar al alcalde con el fin de proteger los intereses que tienen frente al llamado carrusel de la contratación en Bogotá", manifestó. En su momento el abogado Jaime Granados, denunciante dentro de la actuación y quien se opuso a la preclusión, señaló que la Fiscalía solicitó dicha acción por considerar que la conducta era atípica. Para Granados, no existía el mérito para la prelusión porque, dijo, aportó pruebas contundentes que comprometen a Petro con la conducta. “Denuncié y aporté las pruebas, lo que dijo el informe autorregulador de valores, lo que dijo el informe del Súper Intendente Financiero, que avalan la denuncia en el sentido de que la única razón por la cual cayó el precio de la acción de la empresa de energía, fueron las declaraciones que dio el alcalde electo, Petro, pues muy difícil que un fiscal en contra de los expertos sostenga que lo que hay una atipicidad”, aseguró. De acuerdo con Granados, el alcalde Petro habría incurrido en este delito tras expresar su intención de fusionar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) ambas de economía mixta, con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que es de capital estatal, hecho que según el demandante causó una caída del 17 por ciento en el costo de las acciones de las empresas. Según el abogado, estas declaraciones “afectaron el bien jurídico, económico y social de los accionistas de las mismas (empresas)”, así como el bienestar de los beneficiarios del servicio público que éstas prestan.

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