Jueces colombianos están en la mira de los asesinos

¿Cómo un juez puede ser justo en sus decisiones judiciales cuando su vida está en peligro? Crónica de tres héroes de la justicia en Colombia que a pesar de las amenazas, siguen enviando delincuentes a la cárcel.

Parece que al Juez municipal 1 ya lo intentaron matar:“Yo estaba saliendo de la oficina, en el pueblo. Justo en ese momento escuché unos tiros. Dicen que los estaba haciendo un policía, al aire. Pero una de esas balas me dio en el muslo de la pierna derecha. Después, cuando me estaban atendiendo en el centro médico, entré en una crisis de nervios. El mismo hombre que había disparado en mi contra se hizo presente. Me dio miedo. Dicen que se iba a excusar, que lo que había ocurrido era un accidente. Yo no creo lo mismo”. El Juez municipal 1 está sentado en una mesa de la cafetería La Palma, del centro de Cali. Aquí citó a El País para contar cómo es la vida de los hombres que deben impartir justicia en zonas de conflicto. “Tuvieron suerte”, dice de pronto, mientras se toma un sorbo de una gaseosa dietética. “Esta reunión es un milagro. Una de las medidas de seguridad que me han mantenido vivo es no reunirme jamás con extraños”. Tampoco asiste a reuniones sociales. Las pocas veces que lo ha hecho, cuenta, se ha mantenido atento, sigiloso. Cuando detecta que la gente de la reunión está con tragos en la cabeza, se retira de inmediato. El licor, dice, puede despertar la ira escondida de personajes a quienes, por ejemplo, les ha mandado un familiar o un amigo a la cárcel por tráfico de drogas, por extorsión, por homicidio. Un borracho con el que tenga una 'cuenta pendiente' podría ocasionar una tragedia. “Usted sabe: pueblo pequeño, infierno grande”. El Juez municipal 1 (así lo llamaremos en esta historia) pide que se le asegure la reserva de su identidad antes de hablar. Eso también incluye el nombre del municipio en donde trabaja. La razón es sencilla. Él y una colega son los dos únicos jueces de ese municipio. Por descarte, lo identificarían. Y el pueblo, ubicado en el sureste del Valle, a pocos minutos de Cali, ha sido declarado como zona roja, de conflicto, un territorio clave para los carteles del narcotráfico y la guerrilla. Por las montañas cercanas a esa localidad se transportan armas y drogas hacia el norte del Cauca y el Tolima. En las calles del pueblo no es extraño detectar milicianos de las Farc vestidos de paisano, jefes de bandas dedicadas a la delincuencia común, sicarios al servicio del narcotráfico.“Durante 14 años he trabajado en ese municipio. Yo creo que soy de los jueces de todo el país que más ha durado en una zona de conflicto. Y siempre he ejercido mi oficio bajo amenazas de muerte”, dice el Juez Municipal 1 mientras se empuja otro sorbo de gaseosa. Enseguida agrega: “Yo vivo a tres cuadras de mi oficina. Ese es mi radio de acción. No me puedo mover con plena libertad. Además, nadie conoce mi celular personal. Y no contesto teléfonos fijos. Acercarse a mí, en el municipio, es difícil. La gente tampoco conoce dónde vivo. Tengo poco contacto social. Y cuando he tenido escoltas, han sido de mi entera confianza, gente que conozco. Ahora, los horarios. Al principio debía viajar a Cali los martes. Después cambié, los viajes los hacía los miércoles. Ahora viajo cada jueves. Son las barreras que he puesto para seguir con vida”. El aislamiento en el que vive tiene sentido. En 14 años ha privado de la libertad a guerrilleros, traficantes de drogas, homicidas, delincuentes comunes. También a gente que simpatiza con grupos armados al margen de la ley, “personas que aunque no pertenecen a esas organizaciones, las buscan cuando han cometido un delito para utilizarlas como instrumento de presión contra uno. Buscan que uno tome una decisión judicial favorable gracias a las influencias de los grupos armados ilegales”. Entonces lo amenazan. Al principio por teléfono. Como no volvió a contestarle a desconocidos, le empezaron a enviar panfletos al juzgado. “También me montan denuncias para presionarme. Se inventan actos de corrupción que supuestamente he cometido para lograr que yo cambié una decisión. Pero no lo han logrado, hasta ahora”. - ¿Y no ha pensado en cambiar de oficio?“Por supuesto: he participado en infinidad de concursos para acceder a otros empleos menos azarosos. Pero no son atractivos en lo económico. Sin embargo, ser juez municipal no es un oficio bien pago en Colombia, para el riesgo y la responsabilidad que se tiene. Yo, al mes, me gano $ 4 millones. Por eso creo que este oficio debe tener una mejor remuneración. Es la única manera de, por lo menos, poder pagar un escolta de confianza”.La oficina del Juez municipal 1 está vigilada por tres guardas de seguridad privada y un policía que hace rondas. Sin embargo, en su casa, no cuenta con seguridad. Tampoco cuando viaja. Pensar en tener un carro blindado a su disposición o un chaleco antibalas es pensar en un chiste de mal gusto. “Yo trabajo con mi carro particular, mis planes de celular personales, y en la oficina tengo cuatro computadores que son de mi propiedad, porque los que nos dan, los oficiales, son obsoletos. Lo paradójico es que tampoco les hacen mantenimiento a mis equipos, dicen que no pueden invertir en máquinas personales. ¿La gasolina? También sale de mi bolsillo”. El Juez municipal 1 tiene afán. Para la cita con El País dispuso sólo de 30 minutos. Después debe seguir viajando. Va para Palmira. Antes de partir dice: “Nosotros, los jueces, no importa el nivel, estamos desprotegidos. La juez que fue asesinada en Saravena, Arauca, tenía un grado más alto que yo. Pero lo que yo hago también es motivo para sufrir un atentado. Por eso le digo que en cualquier parte del país esta labor es riesgosa. Porque nadie quiere perder la libertad; ni perder una propiedad. Nadie quiere perder ni reconocer los derechos de las personas”. El juez municipal 1 se despide. Para caminar a su lado hay que trotar, casi. El juez camina a pasos tan largos, tan azarosos. Así es su día a día. II En los últimos tres años, según registros de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal, han asesinado en Colombia a 13 jueces, incluyendo el caso más reciente, el asesinato el pasado 22 de marzo en Saravena, Arauca, de la jueza Gloria Constanza Gaona. Además, 163 jueces están hoy refugiados en el exterior para escabullirse de la mira de los asesinos y en los últimos cuatro años, son 750 los que han sido amenazados en todo el país. Ser juez en Colombia, trabajar por la justicia de este país, entonces, es jugarse la vida a diario. El oficio de estos hombres y mujeres es comparable, casi, con el de los voluntarios que trabajan en la base nuclear de Fukushima para evitar una tragedia nuclear o con los soldados que desactivan bombas. Aunque la Señora Muerte este ahí, acechando, los jueces la ignoran. Aunque los amedranten con calaveras que les entregan, ellos siguen mandando a la cárcel a los delincuentes. “Nosotros trabajamos protegidos, pero por Dios”, dice ahora la juez de control de garantías 2. Así la llamaremos en esta historia. La juez, que desde hace 18 años labora en un municipio del Cauca, también pidió la reserva de su identidad y no mencionar el municipio en donde trabaja. Se trata de un territorio que es noticia en los periódicos por las tomas guerrilleras que ha padecido y los enfrentamientos entre el Ejército y el VI Frente de las Farc. “Ser juez en un municipio en guerra hace que uno sea muy diplomático a la hora de tomar las decisiones. Es que entienda: hay que ser muy prudente, estar entre los márgenes permitidos, porque uno no sabe con quién se está metiendo”.Es decir: ¿Cómo un juez puede ser justo cuando su vida corre peligro? ¿Hasta dónde llega el carácter, la ética, para no cambiar una decisión judicial sí la vida está en riesgo?La historia de los jueces parece repetirse una y otra vez. La juez de control de garantías número 2 también ha sido amenzada de muerte. Durante 9 meses tuvo que solicitar el servicio de un escolta. Y desde entonces cambia de ruta todos los días para llegar a su oficina. También para salir del municipio, cuando viaja. Y vive con miedo. Tal vez por eso su lugar de residencia no sea el municipio en donde trabaja sino una capital: Cali. “En las zonas de conflicto es muy difícil trabajar. Los computadores que tenemos no son buenos, por eso trabajamos con computadores personales. Y la oficina no está protegida ni por seguridad privada. Lo que pasó con la juez de Arauca es muy lamentable y demuestra una realidad: los jueces en Colombia estamos desprotegidos”. Es lo mismo que piensa Rafael Millán Dosman, uno de los 3 jueces del Distrito Judicial de Buga que tienen jurisdicción en 38 municipios del centro y norte del Valle y parte del Chocó. Fue el único juez que permitió revelar su identidad en esta historia.Dosman ha condenado a años de prisión a miembros de las Bacrim. También se ha encargado de procesos relacionados con el narcotráfico, terrorismo, secuestro agravado y rebelión. Y en 30 años de oficio y de amenazas, ha tenido suerte. En una ocasión, en Tuluá, la Policía se adelantó a los asesinos y descubrió un plan que se estaba preparando para acabar con su vida. En una lista que pertenecía a una banda de delincuentes que operaba en el norte del Valle, el nombre de Dosman era el primero. La lista era macabra, hombres y mujeres que debían ser asesinados. El único sitio en donde se siente seguro Dosman, entonces, es en el Palacio de Justicia. Porque en su casa no cuenta con seguridad. La historia se repite. ¿Cómo un juez puede ser justo cuando su vida corre peligro? ¿Hasta dónde llega el carácter, la ética, para no cambiar una decisión judicial así la vida esté en riesgo? ¿Hasta cuándo los jueces del país seguirán desprotegidos? Según datos del Fondo de Solidaridad con las Víctimas del Poder Judicial, Fasol, entre 1998 y 2008 se registraron en el país 270 asesinatos y 38 desapariciones de fiscales, jueces, abogados. Tres años después, esas cifras siguen creciendo.