Jorge Pretelt, el jurista que no alcanzó a llegar a la cumbre de su carrera

Agosto 24, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co|Colprensa
Jorge Pretelt, el jurista que no alcanzó a llegar a la cumbre de su carrera

Jorge Pretelt, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia.

Hoy es el primer colombiano en 57 años en ser juzgado y condenado políticamente por el Senado de la República.

Viendo a Jorge Ignacio Pretelt Chaljud es difícil imaginar a alguien cuyo principal propósito fuera pasar a la historia. Lejos de la obsesión por la fama se trata de un hombre parco, casi inexpresivo, distinto a la imagen que se han hecho sus paisanos cordobeses, oculto a los reflectores de los medios y concentrado en su carrera dentro de la justicia y en los negocios personales o familiares.

En la tarde de este miércoles la plenaria del Senado aprobó, por 55 votos contra 5, quitarle el fuero al magistrado de la Corte Constitucional para que sea investigado penalmente por la Corte Suprema por el delito de concusión.

Pero sin proponérselo, y seguro contra su deseo, su nombre acaba de quedar inscrito en la historia. En inicios de 2015, y a pocas semanas de haber llegado a la cúspide de su vida como jurista, se convirtió en el primer magistrado, tras 23 años de existencia de la entidad, separado de la Presidencia de la Corte Constitucional, cuando estalló el caso de corrupción en su contra.

Y hoy es el primer colombiano en 57 años en ser juzgado y condenado políticamente por el Senado de la República.

En 1959 lo había sido el expresidente Gustavo Rojas Pinilla, quien ocho años después recuperaría sus derechos políticos por fallos consecutivos del Tribunal de Cundinamarca y la Corte Suprema de Justicia.

A esa misma corte comparecerá Pretelt, para ser juzgado penalmente, luego de que el veredicto político le fuera contrario y obligara su suspensión como magistrado de la Corte Constitucional.

El hecho histórico y penoso le llega al jurista monteriano tras estar en esa Corporación desde el año 2009. Allí llegó elegido por 67 votos del Senado, integrado entonces por congresistas diferentes a los que acaban de condenarlo.

Había sido ternado por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, junto con Lida Beatriz Salazar Moreno y José Rafael Escandón y ocupó la vacante que había dejado Marco Gerardo Monroy.

Su aspiración, y luego su elección, fueron cuestionadas por muchos sectores, uno de ellos la ONG Elección Visible, que criticó el que poco tiempo antes también hubiera sido candidatizado para la Fiscalía General, que perdió con Mario Iguarán Arana, y alertó sobre su cercanía con Uribe Vélez.

De inclinación política conservadora, Pretelt es abogado de la Universidad del Rosario, experto en derecho administrativo y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid (España).

Tiene una especialización en Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra y ha estado ligado con la Universidad Sergio Arboleda desde su fundación.

El 2015 iba a ser su año como presidente de la Corte, tal vez la aspiración de casi cualquiera abogado colombiano, pero todo salió mal. En esa entidad una regla de oro, aunque tácita, es dar espacio anual en la presidencia, para que todos los magistrados puedan ocuparla.

Pero cuando le llegó el turno, apenas pudo ganar por una votación de 5-4, incluso con el voto negativo de su amigo, Mauricio González. Muy pronto se supo que esa sorprendente decisión se debía a que González había sido informado, por el también magistrado Luis Ernesto Vargas, de una versión que indicaba de un pago de cientos de millones de pesos para favorecer a Fidupetrol en la revisión de una tutela. Arrancó entonces el escándalo que le costó su vida jurídica esta noche.

Cuando la mayoría del país esperaba su renuncia, el magistrado Pretelt sostuvo que separarse del cargo era vulnerar su presunción de inocencia. Su posición no fue respetada y en dos Salas Plenas tuvo que enfrentarse a sus colegas, que incluso amenazaron con renunciar si él no se separaba. Tras el pulso, finalmente “accedió”, según dijo el comunicado de la Corte, a separarse temporalmente de la Presidencia (que al final fue definitivo), pero no de la corporación.

Como magistrado siguió ejerciendo los siguientes 17 meses. Y aunque buena parte del tiempo lo pasó defendiéndose en su proceso, para el que contrató como defensor a Abelardo de La Espriella, aún tuvo influencia en discusiones trascendentales en la Corte, como sobre la posibilidad de adopción por parejas homosexuales, los derechos pensionales y la legalidad del plebiscito por la paz.

Ninguna acción judicial alcanzaría a ocultar el hecho por el que todo el mundo lo señalaba: la presunción de que había caído en tentaciones de corrupción y que había cobrado a empresas o particulares por sus decisiones, según mostraba el escándalo de la empresa Fidupetrol.

Y aunque su responsabilidad penal aún deberá ser demostrada en un juicio en la Corte Suprema, las pruebas en su contra alcanzaron para que el Senado fallara en su contra por indignidad y lo obligara a dejar su cargo y a poner su nombre en la historia nacional, en uno de los capítulos más negativos, por el daño que el escándalo le ha causado a la rama judicial.

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