"Intereses mafiosos y politiqueros bloquean proyectos viales en Colombia"

Así lo denunció Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara de la Infraestructura, quien pide que no se liciten más carreteras con líos de predios, ambientales y de comunidades.

Colombia presenta hoy uno de los atrasos viales más significativos en América Latina, a pesar de los avances los últimos años. Pero esos avances podrían truncarse –y en especial la cuarta generación de carreteras que por $50 billones tiene previsto ejecutar el Gobierno— por varias amenazas: la falta de una legislación que evite licitar obras sin permisos ambientales y de predios, y el bloqueo de comunidades 'fantasmas' que aparecen para impedir la construcción de carreteras. Según el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, es hora de poner fin a esos obstáculos, ya que de lo contrario, Colombia seguirá rezagada en materia de autopistas para enfrentar los grandes desafíos del nuevo comercio mundial. Todo apunta a que la vía Mulaló-Loboguerrero, ya se definió, pero todavía hay algunas trabas. ¿Cuál es la realidad de este proyecto, fundamental para la competitividad del Valle?La demora se debió a que el Ministerio de Hacienda quiso tener total claridad sobre varias preocupaciones que existían en algunos sectores en torno a factores ambientales de la carretera. Pero frente a ese hecho todos teníamos la ilusión de que esos problemas hubieran sido aclarados, y cuando hay un ejercicio serio de planeación, tales inconvenientes —que eran previsibles— estarían resueltos en las consultas con las comunidades. Ahí hubo una sorpresa, porque muchos de los vallecaucanos pensábamos que ese proceso ya estaba recorrido. Pero no perdamos la ilusión, ya que la ventaja que tiene el proyecto frente a otros incluidos en el programa de concesiones de cuarta generación —un paquete de $50 billones— es que se trata tal vez de la carretera más estudiada por parte de importantes firmas de consultoría. ¿No teme que a este proyecto le pase lo mismo que con las lentas, costosas y demoradas obras de la doble calzada a Buenaventura?Lo que si preocupa es que proyectos, que nos habían dicho que estaban muy bien planeados, sufran este tipo de contingencias cuando ya se van a licitar. Uno no entiende qué paso allí, desde la perspectiva de una buena planeación. Recientemente le dijimos a la Ministra del Transporte y al Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura que mientras estos problemas de carácter ambiental, de predios y los que tienen que ver con consultas a las comunidades, no se resuelvan, y se sigan tratando como riesgos —que en buena parte pesan en cabeza del concesionario privado—, las carreteras en Colombia están corriendo el riesgo de que sufran las mismas dificultades que han afrontado en el pasado todas las vías que hemos construido. Sigue fallando la planeación del Gobierno a la hora de definir proyectos y licitaciones viales...En otros países cuando se adjudican las carreteras los temas ambiental y predial están resueltos. Es más, cuando se revisan las recomendaciones de la Comisión de Infraestructura que convocó desde sus inicios de gobierno el presidente Santos, una de ellas fue que no se vuelvan a licitar contratos viales en Colombia si previamente no están disponibles tanto la licencia ambiental como los predios que se requieren para construir una carretera. Así lo consigna la comisión en la página 67 de las recomendaciones que hizo al Gobierno Nacional. Un ejemplo patético es lo que nos pasó con la carretera Mulaló-Loboguerrero. La obra iba a iniciarse y finalmente no arrancó. ¿Falta una legislación más responsable para evitar que este tipo de errores del pasado se sigan presentando en cada proyecto de nuevas carreteras?Hay errores de planeación, y por eso esperamos que la ley de infraestructura que se está tramitando en el Congreso, resuelva esta problemática. Aspiramos que antes de 31 de diciembre de este año esa ley esté completamente tramitada. La crítica constructiva es que este proyecto de ley se ha debido presentar desde el 7 de agosto del 2010 y no esperar al 2013 y el 2014, y más cuando estamos tramitando una ley compleja en un año político y donde el Congreso se distrae fácilmente. Sin embargo, la iniciativa es positiva porque pretende minimizar el impacto de esos riesgos y hacer más expedito el camino y el trámite de las licencias ambientales. Sugerimos que esa licencia se otorgue cuando el proyecto esté en fase dos y no en fase tres. Y el tema predial se resuelva, por ejemplo, con mecanismos de expropiación muy ágiles. Con ese proyecto este panorama se alivia un poco, pero si al finalizar el año no está listo, soy franco en señalar, que la cámara pronostica para las nuevas carreteras la misma problemática que nos ha afectado desde hace 40 años.¿Estarían en riesgo esas concesiones viales de cuarta generación, que por $50 billones, ha anunciado el Gobierno con bombos y platillos?Sí. Pero vamos a acompañar al Gobierno y a la Ministra del Transporte en su gestión, y a convencer al Congreso para que le otorgue prioridad al trámite de la nueva ley de infraestructura. De alguna manera, eso le daría mucha tranquilidad al mercado, a los inversionistas y a los constructores internacionales, ya que el primer semáforo en rojo que se les enciende, es que ese tipo de riesgos no están resueltos antes de que el Gobierno licite los proyectos viales. De lo contrario, estaríamos viviendo la misma tragedia de los tres tramos concesionados de la Ruta del Sol, que es una vía de 1100 kilómetros que va de Bogotá a la Costa Caribe. Todo por culpa de problemas ambientales y con las comunidades más la interferencia de redes de servicios. Se ha denunciado que para dejar construir grandes obras hay intereses extraños para sacarle dinero al Gobierno con la ocupación ilegal de predios. ¿Eso qué tanto ha frenado el desarrollo vial?Esto tiene mucha relación con el Valle del Cauca. Lo he dicho con franqueza y es el tema de las comunidades. Las consultas a las comunidades afrodescendientes e indígenas son un derecho fundamental y hay que respetarlo, más en una democracia como la nuestra. Pero también detrás de la oposición de algunas comunidades a la construcción de unos proyectos viales, hay en Colombia infortunadamente intereses mafiosos, de mineros ilegales, y de politiquería corrupta que quieren chantajear al Estado disfrazándose de comunidad para detener el avance de una obra. Hemos visto como en la carretera Loboguerrero-Buenaventura, después de que se inició la obra, hay unas comunidades que legítimamente expresan su opinión, pero recurrentemente siguen apareciendo otras “comunidades”. ¿Qué hacer, ya que el mismo Gobierno sigue reconociendo comunidades que surgen de manera espontánea?Lo primero que el país debe hacer es relegitimar el concepto de qué es comunidad, porque si detrás de las mismas se siguen parapetando intereses políticos, mafiosos, de la guerrilla y de los paramilitares, para que no se hagan las obras, estamos desacreditando un derecho fundamental que son las consultas a los pueblos indígenas y afrodescendientes. No más comunidades de mentiras que se oponen a la realización de las obras en Colombia para chantajear al Estado.A propósito, ¿en qué van esos líos en la doble calzada a Buenaventura?A uno le llama mucho la atención, después de que han pasado varios años, y luego de la tragedia de Bendiciones –cuando el gobierno Uribe tomó la decisión de construir la doble calzada— siguen apareciendo recurrentemente comunidades a reclamar derechos . Es como si brotaran debajo de las piedras, por lo que ahí uno empieza a tener dudas sobre quién es comunidad de verdad o no. Es un fenómeno que está afectando a todas las obras en Colombia. Eso explica por qué las obras van apenas en un 50 %, después de cinco años...Ahí vuelve y juega lo que estamos diciendo. El Observatorio de la Infraestructura del Valle ha demostrado que las demoras en esa carretera obedecen a la aparición sistemática de comunidades, por lo que es clave llegar a un punto ideal, ojalá no muy lejano, y es que cuando se licita y adjudica un contrato vial, esos problemas ya están resueltos. Las demoras en el cronograma están atadas a líos con comunidades, de predios y al tema ambiental y a unos hechos que no están resueltos debido a la ineficiencia estatal. Esos riesgos los debe asumir el Estado y nos trasladarlos a los particulares. De ahí la gran cantidad de demandas contra el Estado y una multitud de abogados más que ingenieros alrededor de las obras públicas.En últimas todo obedece al desorden y descoordinación entre todos los ministerios en cuanto a las obras públicas...Para enfrentar esos inconvenientes se creó por decreto una comisión intersectorial conformada por los Ministerios del Transporte, Hacienda, Medio Ambiente y el Director Nacional de Planeación manejada por ellos y no por subalternos. Es parte de la regla de oro establecida en el funcionamiento de esa comisión, la cual se está reuniendo de manera frecuente para buscar soluciones a esta problemática, aunque todo depende del trámite exitoso de la ley de infraestructura.