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Incierta es la permanencia de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría

El lunes el Consejo de Estado determinará si la segunda elección del Procurador se ajusta o no a la Constitución.

11 de julio de 2014 Por: Redacción de El País y Agencias

El lunes el Consejo de Estado determinará si la segunda elección del Procurador se ajusta o no a la Constitución.

El futuro de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación quedó en manos de los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, quienes deberán definir este lunes si fue legal o no que el Senado lo reeligiera en noviembre del 2012.De las tres demandas presentadas y acumuladas ante su elección para un segundo periodo, el argumento que recoge la ponencia del magistrado Alberto Yepes es que el Senado de la República no podía volver a elegir a Ordóñez, porque si bien la Constitución no prohíbe la reelección, tampoco la establece. Así lo aseguró el demandante, Carlos Mario Isaza, quien señaló que el Senado no podía reelegir al jefe del Ministerio Público porque “no les está permitido hacer lo que no prohíbe la ley”.“Consideré que si bien la reelección del Procurador General no estaba prohibida, tampoco estaba autorizada y a los servidores públicos, por regla general, no les está permitido hacer lo que no está prohibido”, explicó el abogado.Isaza negó, asimismo, que detrás de su demanda haya intenciones políticas. “El debate es eminentemente jurídico y el juicio que se está haciendo sobre el acto de reelección es de legalidad objetiva”, indicóOtra de las demandas, interpuesta por el jurista Rodrigo Uprimny asegura que Ordóñez habría utilizado su facultad de nombrar discrecionalmente a funcionarios para beneficiar a familiares de magistrados de la Corte Suprema, que fue la Corporación que lo ternó.Quien también cree que fue irregular la reelección de Ordóñez es el expresidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, quien opina que el Senado no era competente para designarlo porque “mientras en derecho privado los ciudadanos pueden hacer todo lo que no esté jurídicamente prohibido, en hecho público rige lo contrario y los funcionarios sólo pueden hacer aquello para lo cual están autorizados”.Miguel González, el abogado del procurador Ordóñez, aseguró que en el Consejo de Estado hubo un cambio de ponencia porque ya sabían de una posición distinta que apuntaba a que Ordóñez podía continuar en el cargo y en la que no hablaba de impedimentos para que pudiera reelegirse.“Entiendo que ese punto en la anterior ponencia no se trataba, el punto de la reelección. Eso estaba planteado en la demanda pero en la ponencia anterior se refería a otra cosa, al parentesco de magistrados de la Corte Suprema con funcionarios que trabajaban en la Procuraduría o la existencia de magistrados que votaron y tenían familiares en la Procuraduría”, señaló el abogado. González también desestimó el argumento de Isaza, que apunta a que la reelección no está permitida ni autorizada y que los servidores públicos no pueden hacer lo que no está prohibido. “Siempre las nulidades y las inhabilidades tienen que ser taxativas en la Ley. Tiene que decir la Ley que está prohibido y es por una cosa fundamental: todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido. La excepción tiene que estar contendía en la ley”, dijo.El impacto político de una caídaEn la eventualidad de que se acoja la ponencia del magistrado Yepes y Ordóñez deba dejar la Procuraduría, ese cargo de Procurador General lo estaría reclamando el Partido de La U, y en particular estarían postulando a un candidato costeño, con lo que la Presidencia del Senado dejaría de tener interés para la dirigencia de La U de esa región.De darse las cosas de esta manera y si la U llega a la Procuraduría, significaría un nuevo retroceso para el Partido Conservador, que ha tenido ese organismo de control durante los últimos seis años.

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