Incertidumbre entre empresarios de la Orinoquía por "vacíos" en proyecto de baldíos

Diciembre 04, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Luz Élida Molina Marín - Reportera de El País
Incertidumbre entre empresarios de la Orinoquía por

La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes estudia el proyecto de Ley 133 sobre el uso de las tierras baldías en el país.

Voceros de Asorinoquia consideran que el proyecto de Ley 133 no tiene un sustento jurídico claro para el desarrollo de proyectos productivos en las regiones.

El proyecto de Ley 133 sobre terrenos baldíos que se tramita en la actualidad en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes también ha generado preocupación e incertidumbre entre algunos empresarios. Y es que aunque los senadores Iván Cepeda y Jorge Robledo sostienen que la iniciativa tal y como está planteada solamente beneficia a las empresas, Clara Leticia Serrano, directora de la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquía, Asorinoquia, considera que esa afirmación no está muy sustentada en el proyecto de Ley 133. Para Serrano, aún hay muchos "vacíos" por llenar, sobre todo en el ámbito jurídico. Aunque la iniciativa busca hacer una versión mejorada de la Ley 160, que define el tema de los lotes baldíos en el país, los empresarios manifiestan que los 'vacíos' del proyecto de ley 133 no logran el objetivo ni colma las expectativas.Como se recuerda, esta iniciativa busca crear las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, Zidre. Así se le denomina a las regiones de lotes baldíos en cualquier parte del país, que puedan ser utilizadas para proyectos productivos.La iniciativa habla de áreas con baja densidad de población, en zonas vulnerables o con índices de pobreza. Las áreas deben contar con características agrológicas y climáticas apropiadas para desarrollar unidades de producción familiar. ¿Cuál es la principal preocupación de las empresas con respecto al proyecto de Ley 133? Aunque en su enunciado, el proyecto busca crear unas zonas para incentivar el desarrollo rural y económico de la región, en el desarrollo de los diferentes artículos el tema jurídico queda en el aire, lo que genera inquietud entre los empresarios que han llegado a la región para invertir. ¿En qué se está fallando con la nueva iniciativa? El inconveniente es que se ha hecho una mala interpretación de la Ley 160 porque muchas personas adquirieron de manera legal las tierras, pero nunca recibieron los títulos de las propiedades y ahora están en el limbo porque jurídicamente la nueva ley no es clara. ¿Qué se debe hacer para que la nueva iniciativa sea efectiva y benéfica para las empresas? Falta que se haga claridad en la parte jurídica, porque habla de entregar unas tierras en concesión que el empresario no está buscando, pero no específica las condiciones ni los términos. Y la verdad, los empresarios no están buscando eso, no quieren cosas regaladas ni en concesión ya que lo que buscan es que les titulen las tierras que pueden adquirir para desarrollar los proyectos productivos que quieren en la región. Los senadores del Polo argumentan que el proyecto busca beneficiar a las empresas, ¿porque entonces, la inconformidad e incertidumbre entre las empresas de la Orinoquía? Lo que nos preocupa es que el proyecto como está diseñado no deje claridad sobre cómo se va a desarrollar y sobre todo lo que va a pasar con las empresas que ya compraron y que han hecho inversiones en la región. Además hay poseedores de tierras de muchísimos años, estamos hablando de personas que han invertido desde que éramos parte de los territorios nacionales. ¿Cuál es el temor de las empresas y las personas que han invertido en la Orinoquía? Estamos en una incertidumbre total, cuando uno no tiene una seguridad jurídica todo lo que se hace está en peligro de perderse; teníamos una aceleración continua de inversionistas en la región, con creación de empleo, mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores, adquisición de maquinaria y todo eso se ha paralizado, algunas empresas se fueron y otras frenaron su actividad, porque no saben qué va a pasar. ¿Qué buscan entonces las empresas? Las empresas buscan buen ambiente empresarial, porque uno no va a realizar una inversión en una tierra para que en cinco años te digan chao. Además se invierte y se hacen unas mejoras y unas intervenciones que requieren de tiempo, estamos hablando de años para que la tierra tome la condición especial que requiere cada empresario y empiece a producir lo que esperas. ¿Qué cambios que debe tener el proyecto de Ley 133? Aclarar la incertidumbre jurídica, para dar una interpretación correcta a la ley 160 de 1994. En Colombia, toda ley rige a partir de su sanción y no puede tener efectos retroactivos. La ley 160 rige desde 1994 y por ello la nueva ley debe especificar que pasará con los predios comprados a partir de ese año y qué pasará con los lotes comprados con anterioridad al 94. ¿Cómo analizan ustedes la llegada de empresas como Riopaila Castilla y Manuelita, entre otras? Han sido muy buenas porque además de dar empleo han generado mejoras en temas como la energía eléctrica, ya que gracias al trabajo de responsabilidad social han invertido para mejorar las condiciones de las poblaciones con vías, servicios públicos y otros aspectos para beneficio de las comunidades.¿Tienen claro cuáles son los incentivos y estímulos del proyecto de Ley 133? No y necesitamos que se haga claridad a todos los artículos para beneficiar a los campesinos y la empresas. Confiamos en el buen entender de los senadores y representantes en el sentido de que Colombia tiene un marco jurídico que no se puede pasar por encima y por ello pedimos que la ley sea aplicada desde su sanción y no con retroactividad.

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