Incertidumbre administrativa por situación en Bogotá

En este momento Bogotá no tiene Alcalde Mayor en titularidad, el contralor distrital fue destituido y el personero se defiende de cuestionamientos de corrupción.

La mañana del pasado 3 de mayo cuando se conoció la noticia de que la ciudad se quedaba sin Alcalde Mayor en propiedad, por presuntas irregularidades en sus funciones, llevó a millones de bogotanos a devolverse en el tiempo 19 años, cuando ocurrió la última crisis administrativa e institucional.Corrían los últimos días de marzo de 1992, cuando un el juez 23 de instrucción criminal, César Tulio Lozano, ordenó la captura del entonces alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer, por el delito de peculado por apropiación, luego de que se le hubiera comprobado que autorizó desde su cargo el pago de los llamados multimillonarios auxilios a los concejales de la ciudad (más de 1.500 millones) , yendo en contravía de lo que ordenaba la recién entrada en vigencia Constitución Política de 1991.Hoy, casi dos décadas después, la situación de la capital del país es similar o peor en lo administrativo e institucional.Bogotá en el momento está sin su principal funcionario público: el Alcalde Mayor, porque de acuerdo al fallo del procurador Alejandro Ordóñez, Samuel Moreno, omitió hacerle seguimiento al cumplimiento de parte de los contratistas de la construcción de vías tan importantes como la remodelación de la Avenida El Dorado, tercera fase de Transmilenio. En su lugar fue nombrada como alcaldesa encargada de Bogotá la actual ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien ocupará el cargo mientras el Polo Democrático define la terna de candidatos que serán escogidos por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.Pero la caída de Moreno fue tan sólo la gota que llenó el vaso del escándalo de corrupción que se ha dado en Bogotá desde 2008.El primer escándaloLas primeras muestras de que algo malo estaba pasando en los entes de control distritales comenzaron en 2009 cuando se reventó en el país el escándalo de las llamas cadenas millonarias, en particular la del hoy extraditado David Murcia Guzmán, presidente de la tristemente célebre DMG.En 2008, a los pocos días de estar ejerciendo como alcalde Samuel Moreno le propuso al Concejo de Bogotá que escogiera como el personero para los cuatro años (2008-2011) al líder indígena Francisco Rojas Birry, como muestra de la inclusión, su identidad política y su pasado ético en los asuntos políticos y económicos de la ciudad.Pero esa imagen duró muy poco, hasta que se conoció que la entonces comercializadora DMG (que desfalcó a millones de colombianos) financió con varios millones de pesos al entonces candidato al congreso Rojas Birry.Desde ese momento y hasta la fecha el máximo representante de los bogotanos en cuestión de derechos, es investigado y procesado, pero en virtud de distintos recursos jurídicos interpuestos no ha sido condenado, inhabilitado, lo que le ha permitido no renunciar a su condición como representante del Ministerio Público.Las comisiones en las obrasHace un año la ciudad empezó a conocer, poco a poco, los detalles de lo que se llamó el "carrusel de la contratación" , un corrupto mecanismo en el que funcionarios de la administración distrital se lucraban en beneficio propio con las comisiones que le solicitaban a contratistas, en especial de obras públicas (vías) .A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad el funcionario que se vio comprometido no era el que directamente aprobaba los desembolsos, sino el que debía vigilar y verificar que el dinero no se desviara, que las obras se cumplieran y hubiese un proceso ético y transparente: el contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi.Tras una rápida investigación disciplinaria el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ordenó la destitución de Moralesrussi y lo inhabilitó por 18 años de ocupar cargos públicos.La decisión, tomada en marzo pasado, también comprometió al exrepresentante a la Cámara, Germán Olano, quien en asocio con el contralor distrital, pedía coimas a los entonces empresarios del grupo Nule, hoy detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá, tras su regreso de Estados Unidos.Al igual que los Nule Moralesrussi y Olano están detenidos esperando cómo avanza el proceso judicial ordenado por la Fiscalía y en el que son considerados responsables de peculado por apropiación de dineros del presupuesto de la ciudad.Hoy Bogotá apenas está en el proceso de tener un nuevo contralor, que se posesionará para un período máximo de siete meses. Su elección aún se hará de una terna conformada por Diego Ardila, Mario Solano y Clara Inés García.