"Hay unas 180.000 hectáreas devueltas a las víctimas": Juan Camilo Restrepo

"Hay unas 180.000 hectáreas devueltas a las víctimas": Juan Camilo Restrepo

Noviembre 10, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Margarita Vidal Garcés | El País

Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, dice que la ley de restitución de tierras se aplica a rajatabla, haya o no haya acuerdo con las Farc.

Juan Camilo Restrepo estuvo casi tres años en el gabinete santista como timonel en el Ministerio de Agricultura. Allí estructuró y dejó andando políticas para el campo y enderezó varios de los entuertos que agobiaban a un sector víctima de “catalepsia asistida”, como consecuencia -dicen algunos- de la apertura económica que decretó, súbitamente y sin anestesia, el Gobierno de César Gaviria, en 1990. Otros eran heredados de la violencia y de gobiernos pretéritos que firmaban compromisos al debe, con tal de levantar paros o agilizar procesos, sin importar que el incumplimiento los hiciera estallar, convertidos ya en cargas de profundidad, en sucesivos gobiernos. Después de una labor seria y comprometida se retiró, pero no a sus cuarteles de invierno. Le dijo a Santos que estará presto a colaborar en la tarea colosal que le espera a este país en el posconflicto si prosperan las negociaciones de paz. Por lo pronto, aquí hace un balance positivo de su labor al frente del agro, reconoce que falta todavía mucho por hacer y desmiente a quienes dicen que aquí no hay política agraria. ¿Cómo compaginar el malestar social y los paros de las últimas semanas, con las buenas cifras de la economía agropecuaria publicadas por el Dane? En el segundo trimestre ese crecimiento fue el más alto de todos los sectores de la economía: 7.6 %. Y es muy interesante ver que después de que la agricultura había tenido crecimientos negativos entre 2008 y 2010, durante la administración Uribe, por el contrario, durante los primeros tres años de la administración Santos ha venido creciendo. Todavía no va a velocidad de crucero como otros sectores, pero lo cierto es que se le dio un giro al sector agrícola. ¿Por qué entonces los paros?Son muchos factores. Algunos paradójicamente asociados al buen crecimiento de un sector, como es el caso de la papa, cuyo precio bajó porque hubo muy buena cosecha y se sabe que cuando las cosechas son escasas los precios suben. Este es un ejemplo de cómo pueden coexistir un buen crecimiento productivo y los paros agrarios. Otros casos son los del café y el cacao cuyos precios internacionales han tenido caídas muy fuertes. Por otra parte, todas las necesidades del sector rural acumuladas durante 500 años han ido aflorando ahora que en el país hay mayor conciencia política y mayor decisión de movilización en algunos sectores. ¿Cuál es el real panorama del sector cafetero, que pide más y más subsidios y se declara casi en quiebra? Hubo cuatro años consecutivos en que la producción promedio de café estuvo en ocho millones de sacos, cuando la capacidad instalada es por lo menos de doce millones. El envejecimiento del parque cafetero obligó a la renovación de cafetales con variedades resistentes a la roya y vino el derrumbe monumental de la producción cafetera, que hoy se está recuperando paulatinamente. Vamos a aumentar a diez millones de sacos, una cosa todavía modesta, pero un logro bueno y saludable que ha ayudado al crecimiento de un PIB agropecuario que todavía es muy sensible a lo que suceda con el café. Pero no hay que olvidar que Colombia tiene vocación para producir entre 14 y 16 millones de sacos y hacia allá es que hay que apuntar. Todo el sector agropecuario protesta argumentando que viven una recesión profunda y que los costos de producción son muchísimo más altos que los ingresos. Esos paros son la confluencia de varios factores. En primer lugar hay una mayor conciencia política y social de la dirigencia y de las bases campesinas para reclamar por un marginamiento histórico y eso está aflorando con mucha fuerza. En segundo lugar, esos paros han mostrado cierta falencia de los gremios agropecuarios del país a los que muchos critican por no representarlos adecuadamente. Por último, es evidente que hubo factores detonantes de los paros - no tanto de los TLC, como se ha dicho - sino por caídas muy bruscas de las cotizaciones internacionales en algunos productos y eso resintió el ingreso de muchos sectores.¿De su gestión durante casi tres años qué lo satisface más?Todo lo que hicimos en materia de política de tierras y recuperación de baldíos para la nación. Un conjunto que está andando y que es irreversible. Ojalá que eso siga y que sus enemigos, embozados y desembozados, no prevalezcan. Este gobierno desde el primer momento se dio a la tarea de hacer aprobar esta ley que algunos parlamentarios no solo no votaron -entre ellos el senador Robledo- sino que se han especializado en buscarle el pierde y convertirse en francotiradores. ¿Fuera de la izquierda quién más la torpedea?La extrema derecha recalcitrante que quiere dejar incólume el despojo. La Ley de Restitución, que se enmarca dentro de lo que se llama Justicia Transicional, lleva año y medio largo de aplicación, tiempo en el que se ha hecho muchísimo más de lo que se había hecho en toda la historia colombiana en esa materia. Por eso están pésimamente informados o -peor todavía- pretenden informar mal a la opinión, quienes dicen que no se ha hecho nada. A la fecha ha habido ya cerca de 300 sentencias de restitución y hay para fallo de los jueces cerca de 900 más a punto de salir. Esto ajustará unas 180.000 hectáreas devueltas a las víctimas. ¿Cómo evitar el peligro que corren los que se atreven a reclamar o a restituir?La ley se aplica observando criterios de seguridad. Con las Fuerzas Armadas se determinan zonas en condiciones de seguridad que estén libres, por ejemplo, de combates entre ejército y guerrilla, o de minas antipersonales, o donde hubo mayor despojo, para luego pasar a aquellas en donde hubo un despojo menor. Esta ley se aplica a rajatabla y es importante resaltar que no se sometió a ningún tipo de negociación en La Habana, sino que se ya está cumpliendo y seguirá cumpliéndose haya o no haya acuerdo con las Farc. ¿Qué parámetros se aplican para que su aplicación sea legal?En los procedimientos se respeta el Derecho porque aquí no utilizamos métodos chinos ni soviéticos. Quien considere que ha sido despojado de su tierra puede presentar una reclamación en cualquiera de las 25 oficinas que se abrieron con ese propósito en todo el país y ya los jueces agrarios están fallando con celeridad. Se garantiza la plena seguridad jurídica, porque si en alguno de esos procesos alguien cree tener mejor título que el reclamante, puede hacerse parte de él, y su reclamación será resuelta a través de recurso. El 95 % de los recursos interpuestos contra las víctimas reclamantes ha sido fallado a favor de estas, y eso levanta ampollas.¿Están identificados los despojadores del Estado?Varios, porque al Estado no se le quita la tierra por medio de la violencia, sino con el engaño, con la connivencia, en la penumbra de una notaría, o con la complicidad de una oficina de registro, pero quedan huellas. Para ponerle un solo ejemplo, detectamos que ‘Cuchillo’ y sus secuaces se apoderaron de 40.000 hectáreas entre Mapiripán y Carimagua. ¿Qué medidas tomó el Ministerio?Iniciamos un programa inmenso, que ojalá la nueva administración del Incoder mantenga con el mismo brío y decisión política con que lo traíamos, para recuperar esos baldíos para el Estado. De los sótanos donde se estaban pudriendo sacamos físicamente 1.300 expedientes de procesos agrarios. El Estado recuperará esas tierras que son suyas, para hacer una política de reforma agraria y de dotación campesina. Frente a la compra de baldíos en la Orinoquia por parte de empresas como Riopaila, ¿qué había hecho el Ministerio?Yo di instrucciones de poner a través de Finagro una denuncia ante la Superintendencia de Sociedades, que acaba de resolverla diciendo que no se puede crear una constelación de sociedades para burlar los topes de la Ley 160 del 94 que regula el tema de baldíos, y dice que estas tierras son exclusivamente para los campesinos que carecen de ellas y que solo se puede dar a cada familia una Unidad Agrícola Familiar (UAF). En el caso de Riopaila, antes de que surgiera el escándalo, nosotros habíamos demandado la nulidad de esas operaciones ante la Fiscalía porque vulneraban los topes de acumulación y así lo consigné en el informe que le presenté al Congreso de la República. ¿Qué opina de la renuncia de Jorge Bustamante, director del Dane?El censo es de una urgencia apremiante porque no se hace censo agropecuario desde hace 41 años, y los organismos internacionales recomiendan que se haga cada cinco o seis años. Hacer el grueso de un censo durante un semestre electoral no es lo ideal. De todas maneras se alcanzó a hacer un trabajo gigantesco como es la cartografía del Censo Agrario. Yo lamento la decisión de Bustamante, pero creo que le asiste razón porque la verdad es que el retraso se debió a la michicatería del Ministerio de Hacienda al que hubo que sacarle los recursos ($280.000 millones) con tirabuzón. Como resultado, el censo que debía empezar este año y terminar en el segundo semestre de 2014, tendrá que hacerse completo durante los dos semestres del año entrante. Se solucionan paros a través de muchos compromisos, pero los campesinos dicen que no se están cumpliendo. El gobierno sostiene que ha cumplido más del 20 %. ¿A quién creerle?Me inclino a creerle al gobierno. No será fácil cumplir los 60 acuerdos que ha firmado el Ministerio del Interior, pero hay que cumplirlos escrupulosamente porque los campesinos no olvidan. En el gobierno de Samper hubo marchas indígenas y movimientos campesinos muy fuertes. Horacio Serpa, ministro de Gobierno, salió en la carátula de Semana disfrazado de Supermán, porque iba de paro en paro y en dos minutos los resolvía. También lo hacía Valencia Cossio después, y muchos de esos compromisos incumplidos nos reventaron a nosotros después. El cuento es que los líderes de una enorme marcha campesina en el Putumayo pusieron un telegrama a Palacio que decía: “Exigimos inmediata presencia del Ministro del Interior, solo en último caso mándenos al Presidente de la República”. (Risa). ¿Qué tan grave es el problema de titulación y formalización de tierras? Aproximadamente el 45 % de las tierras que se trabajan honestamente en el país no tienen escrituras y eso es muy grave porque quien no posee títulos de propiedad no tiene acceso al crédito, no puede hipotecar su finca, tener acceso al subsidio ni, en últimas, a la movilidad social.Cuando yo me retiré se habían formalizado dos millones de hectáreas. Un esfuerzo que nunca se había hecho en Colombia y es un hecho que restitución, recuperación de baldíos y formalización de la propiedad, conforman un triángulo virtuoso importantísimo en la política agraria.Otras opiniones¿Ha habido muchas quejas por amenazas (a los reclamantes de tierras)?Hasta el momento se han presentado 30.000 solicitudes y de ellas solo alrededor de 350 han dicho sentirse amenazadas.¿Cómo prevenir avivatadas?La ley prevé la aplicación de penas privativas de la libertad entre ocho y doce años para quien se presente, sin serlo, como víctima del despojo.¿Cómo fue posible que al Estado le robaran un millón de hectáreas en baldíos?El registro de baldíos es muy deficiente y hay regiones donde ni siquiera hay información catastral, como ocurre en buena parte de los Llanos; por eso mi insistencia en que se hiciera el Censo Agropecuario y la actualización del Catastro.¿Cree necesaria la reelección de Santos?El Presidente ha estado y sigue muy comprometido con el proceso de paz, de manera que su reelección sí sería un tema importante. Y destaco que su gobierno ha querido que estas sean políticas de Estado. Que no dependan de si hay reelección o no, ni tampoco del gobierno de turno. A mí lo que me preocupa de la política agraria es que se la quiera presentar como algo antagónico a la paz, porque hoy la tesis es: hay paz o hay guerra. ¿Y si no hay paz? ¿Se echarán por la borda todos estos programas de avanzada que se han venido diseñando?

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