Hacker Andrés Sepúlveda regresa al búnker de la Fiscalía

En la nueva audiencia de imputación de cargos contra Sepúlveda, el ente acusador dijo que el hacker es un peligro para la seguridad nacional.

La juez 10 con función de garantías le dio la razón a la Fiscalía General y ordenó que el presunto hacker Andrés Fernando Sepúlveda, investigado por interceptaciones ilegales, continuara recluido en los calabozos del ente acusador. La decisión se basó en toda la argumentación que los representantes de la Fiscalía presentaron para sustentar la tesis de que Sepúlveda sí habría pretendido sabotear el proceso de paz, que se adelanta entre el Gobierno y las Farc en la Habana, Cuba. Para la juez, las pruebas de la Fiscalía demuestran que sí existieron interceptaciones ilegales a algunos miembros de la guerrilla, quienes hacen parte de la mesa de negociaciones. Ante la decisión, el abogado del presunto, Carlos Duarte, apeló la determinación y dijo que "no comparte este tipo de decisiones por parte de los jueces que no analizan a fondo el contenido de los elementos materiales probatorios que trae la Fiscalía". Asimismo, solicitó a la juez que revise a profundidad las pruebas presentadas, "mire bien las conversaciones juez y se dará cuenta que allí no hay nada concreto". Sepúlveda estaba detenido en el búnker de la Fiscalía hasta inicios de semana pero quedó en libertad por orden de la juez 10 de conocimiento, quien consideró falta de pruebas por parte del ente acusador. Su recaptura se llevo a cabo a las 6:20 de la mañana de este martes en la residencia de Sepúlveda, al norte de Bogotá. Frente a esto, la defensa aseguró que se trataba de una burla de la justicia el hecho de que su cliente haya sido recapturado luego de que un juez haya decretado que no había pruebas. "Declara la nulidad de una imputación y obviamente que la Fiscalía tenía que volver a solicitar la imputación. Pero ordenan su captura, no se dejó materializar su libertad. El señor Fernando Sepúlveda pide protección al CTI y a la Policía. El CTI lo lleva a su casa y dos personas se quedan custodiándolo, pero no con el fin de protegerlo sino el fin de recapturarlo. A las 6:00 de la mañana los dos custodios salen y otros a capturarlo. Se le están violentando los derechos a una persona, porque no se materializó la libertad”, puntualizó. La nueva imputación En su intervención, la representante del ente acusador argumentó con algunas de las pruebas incautadas las razones por las cuales Sepúlveda sería responsable de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, interceptación de datos informáticos y espionaje. Según la fiscal, toda la evidencia se sustenta en la declaración jurada que realizó el español Rafael Revert, quien trabajó con Sepúlveda y ahora es pieza clave del ente acusador en este caso. La Fiscal explicó que Sepúlveda se concertó con otras personas, entre ellas el ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán, también capturado por los mismos delitos, para intentar sabotear las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc adelantadas desde hace dos años en La Habana, Cuba. "Accedió a correos sin autorización. Entre ellos se encuentra el de alias 'Boris', jefe de comunicaciones de las Farc, en la mesa de negociaciones de paz en la Habana, Cuba. Con esto no solo puso en peligro la seguridad nacional sino el proceso de paz", expresó la Fiscal. Asimismo, dijo que presuntamente Sepúlveda, en compañía de otras personas compró por varios millones "una base de datos a un agente y analista antiterrorismo pertenecientes a la Dipol" con el fin de poder realizar las interceptaciones. "Se trata de un software malicioso o virus. Es un código que se encuentra en Internet", señaló la Fiscalía, que además añadió que a través de ello "conocía los perfiles de los negociadores de paz (...) datos exclusivos de inteligencia del Ejército". Entre otras de las pruebas que presentó la Fiscal se encuentran los documentos, computadores y USB que fueron allanados durante el procedimiento de captura. Según la Fiscal, lo que más se destaca es la información encontrada con “documentos de uso exclusivo de las agencias del Estado, bases de datos de la Policía y el Ejército Nacional y de reinsertados de la guerrilla desde 1993 hasta 2008 (...) tenía información de los frentes 26 y 56 de las Farc, además de la ubicación de los miembros del Bloque Oriental en el departamento del Meta", dicha información fue mostrada a través de páginas de Internet como www.dialogosavoces.com, la cual fue creada por él mismo para revelar el secreto político y militar que "pudo perjudicar al Estado". Para el ente acusador se trata de documentación reservada de carácter confidencial que únicamente debe estar en poder de las autoridades colombianas y no de cualquier persona, pues "genera grave riesgo para la seguridad nacional".