Gremios reaccionan al decreto que reglamenta el transporte de lujo en Colombia

Noviembre 24, 2015 - 12:00 a.m. Por:
ElPaís.com.co | Colprensa
Gremios reaccionan al decreto que reglamenta el transporte de lujo en Colombia

El servicio de los vehículos socios de Uber se encuentra principalmente en los hoteles y zonas de rumba, donde sus usuarios lo solicitan con frecuencia.

Representantes del gremio de transporte ven algunos beneficios en las medidas, pero hace críticas a los temas que aún no se tratan.

El Gobierno Nacional reglamentó mediante decreto el servicio de transporte de lujo en la movilidad individual de pasajeros en el país, documento que se basa en cuatro principios: la comodidad del usuario, la accesibilidad al servicio, la seguridad tanto de los vehículos como de los usuarios y el criterio de calidad del servicio. 

Ante esto, los representantes del gremio de los taxistas revisaron las medidas junto al proyecto de ley que apoyarán los voceros de la plataforma Uber frente al Congreso de la República para reglamentar los servicios similares a este aplicativo.

Dicho gremio ve algunos beneficios en las medidas, pero hace críticas a los temas que aún no se tratan. 

Camilo García, Director Ejecutivo del Consejo Superior del Transporte, aclaró respecto al decreto de reglamenta el servicio de transporte de lujo, que "esta determinación es benéfica en la medida en que busca fortalecer el sistema empresarial de taxis y también la capacidad en materia de servicio al cliente, lo cual hace que hayan mejores conductores y mejor apropiación de aplicativos tecnológicos, es decir que tiene bastantes fortalezas para el gremio y para los usuarios". 

Sin embargo, el funcionario aseguró que una de las principales debilidades de dicha medida es que no tiene en cuenta servicios como Uber, ni en la parte de servicios especiales (carros de placas blancas), ni de servicios particulares.

Entonces se está creando una nueva modalidad, que genera más oferta en un sector que con la llegada de Uber ya se encuentra sobre-ofertado". Ahora bien, para el Consejo Superior de Transporte, el Estado debe definir de manera directa si se presta o no el servicio de vehículos en la forma de la plataforma Uber.

"Si se decide que no se permitirá dicha modalidad, el Gobierno (con sus facultades) debe controlar y vigilar, verdaderos operativos, para que los particulares no presten el servicio". 

El decreto le da a los taxistas y a los ciudadanos una herramienta para competir con el servicio ilegal de particulares mediante aplicativos. Pero el Gobierno no está tomando una decisión de fondo sobre el tema de Uber. "Si esta determinación no se toma desde el ejecutivo, terminará tomándola otros entes como el legislativo (Con el proyecto de ley presentado hoy), o las administraciones locales, como para en ciudades como México D.F.", explicó García. 

Por su parte, Richard Araujo, investigador de la Fundación Ciudad y Transporte, que conoce intereses de actores viales como los taxistas, aseguró que "reglamentar servicios que hasta el momento son ilegales, representa un factor nocivo para los taxistas, quienes tienen que pagar una serie de impuestos, cupo, seguros, entre otros, para poder operar. Así el proyecto de ley presentado se debe ver con cautela, ya que lo que se reglamente debe estar acorde con la seguridad y la responsabilidad del prestador del servicio público." 

"Cuando se presenta un proyecto de ley solo por legalizar una modalidad de transporte público, y no se tienen en cuenta los factores que ya mencioné, solo se está tomando un camino lejano a los principios constitucionales como la vida. Un ejemplo, en el tema de Uber lo más urgente es el seguro, porque en este servicio de alguna manera el usuario está totalmente desprotegido, no solo en el recorrido, porque antes el usuario ya brinda una serie de datos (incluso bancarios), a una plataforma virtual", explicó el investigador. 

Se explicó además que si se reglamentan los servicios particulares mediante aplicativos se deben tener en cuenta el manejo de la información, la seguridad frente a eventualidades y una responsabilidad en el sistema financiero (ya que el servicio Uber se da por medio de tarjeta de crédito y desde un monto alto se difiere automáticamente a 36 cuotas).

"Entonces como desde el Gobierno no se decide si se acepta el uso del Uber, entonces los representantes de este gremio decidieron ir a ramas como el Congreso", dijo Araujo. 

El decreto no dejó satisfechos del todo a los taxistas de Cali, quienes dijeron que presentarán sus reparos ante el Gobierno Nacional.

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