Gobierno rechazó ‘carrusel pensional’ en la Judicatura

Gobierno rechazó ‘carrusel pensional’ en la Judicatura

Enero 28, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa y Redacción de El País
Gobierno rechazó ‘carrusel pensional’ en la Judicatura

El Senado decidió eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.

Piden aclarar las presuntas anomalías en contratación de magistrados. Judicatura va a responder.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, calificó como preocupante los hechos que conllevaron a la Contraloría General de la Nación a iniciar un juicio fiscal a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por su presunta responsabilidad en el delito de detrimento patrimonial.El jefe de la cartera de Justicia señaló que esas investigaciones son importantes y oportunas y a la vez afirmó que es importante que los resultados de las mismas se conozcan lo más pronto posible, porque el país requiere una explicación frente a estos hechos. “Todos esos episodios se deben conocer en profundidad, si tienen alguna explicación y una explicación suficiente, y que ojalá la tuvieran, que salga a la opinión pública porque la verdad es que el país está pendiente de alguna respuesta que sea seria porque las apariencias, los síntomas que hay detrás, son ciertamente muy preocupantes”, sostuvo.El Ministro de Justicia también lanzó una fuerte crítica en contra del Consejo Superior de la Judicatura y afirmó que con excepción de algunos momentos, esta Corporación ha resultado inferior a las expectativas y a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente y se encuentra en deuda con el país.Agregó que la suerte del Consejo está en manos del Congreso de la República, por lo que es necesario esperar a que se reabran las sesiones, el próximo 16 de marzo, en referencia a la Reforma a la Justicia que hace trámite en el legislativo.Por su parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, señaló que es “inaceptable” que en un país, donde muchos ciudadanos carecen de una pensión, haya decenas de personas de la Judicatura que lograron en poco tiempo un ajuste de sus pensiones, tal como lo denunció la Contraloría. Vargas Lleras aclaró que es urgente establecer quiénes son los responsables de este ‘carrusel’ para no comprometer el nombre de todos los magistrados, al tiempo que insistió en que es muy grave que quienes deben administrar Justicia utilicen un sistema para defraudar al Estado, según lo revelado por el organismo de control.“Es inconcebible que se haya utilizado la figura de nombramientos discrecionales de algunos magistrados para que personas, por dos meses, hayan reajustado sus pensiones. Ese es un derecho que hoy ningún colombiano lo tiene”, resaltó Vargas Lleras.¿Quién debe investigar?La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes envió ayer una misiva a la contralora general, Sandra Morelli, en la que le pide remitir a esa célula del Congreso “todos y cada uno de los procesos que cursan en ese despacho en contra de los altos funcionarios del Estado que gozan de fuero Constitucional”.La Comisión de Acusación de la Cámara argumentó en la misiva que a esa unidad legislativa le compete “en virtud del mandato constitucional, conocer de las investigaciones que cursen en contra de los funcionarios aforados”, como es el caso de los magistrados de la Judicatura. El secretario de la Comisión de Acusación, Gonzalo Pinzón, dijo que la Contraloría tiene la función de aportar pruebas “pero no puede iniciar juicios de responsabilidad, menos contra un aforado”.Así las cosas, sería la Cámara y no la Contraloría quien tendría la competencia para investigar a los magistrados y la investigación que inició la Contraloría tendría que ser enviada a la Comisión.Judicatura, se defiendeEn un comunicado, los siete magistrados que integran Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura señalan que están dispuestos a responder ante los respectivos organismos de control, acatando la Justicia.La Sala Disciplinaria también aclara que las actuaciones de sus integrantes, al designar a los magistrados auxiliares, se dieron “conforme con el ordenamiento jurídico y no hemos desconocido ninguna norma de ética pública, fiscal o penal, por haber designado en algún momento mujeres mayores de 50 años u hombres mayores de 55”.“En estas designaciones fue tenido en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos legales para ocupar los cargos correspondientes”, resalta la Sala Disciplinaria, en el comunicado.

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