Gobierno colombiano le declara la guerra frontal a la minería ilegal

El viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, explicó que los grupos irregulares han encontrado más ganancias con la minería criminal que con el narcotráfico.

El gobierno colombiano empezó a tomar medidas ante el incremento en varias regiones del país de la minería ilegal, que es desarrollada especialmente por guerrillas y bandas criminales que explotan los recursos mineros del país de manera irregular y están dejando graves daños al medioambiente. 

El viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, explicó que los grupos irregulares han encontrado más ganancias con la minería criminal que con el narcotráfico, y eso que el gobierno ha tomado medidas como una nueva ley que se presentará al legislativo, que permitirá a las autoridades hacerle frente a ese delito. 

"Lo importante es concentrarnos en cómo podemos confrontar un problema de una dimensión muy importante en Colombia, que tiene aspectos de daños ambientales, tiene aspectos sociales, tiene aspectos en materia de seguridad y defensa por las organizaciones que están detrás de la minería ilegal", sostuvo el funcionario. 

"De modo que lo importante es concentrarnos en lo que estamos haciendo para abordar un problema de una dimensión bien grande para el país", añadió el funcionario. 

Fernández de Soto recordó que la minería ilegal es aquella que realizan también personas informales que explotan un yacimiento de un mineral y no tramitan el respectivo permiso ante el Ministerio de Minas y Energía, que actualmente otorga capacitación para que pueden legalizar su actividad. 

"Es bien importante decir que lo que estamos persiguiendo (...) y la instrucción del presidente (Juan Manuel Santos) es poner los instrumentos con los que cuenta el gobierno y el Estado contra la organizaciones criminales, tras las mafias que se lucran de esta actividad ilegal para cometer actos terroristas para lavar activos y otros delitos relacionados con esas organizaciones criminales", comentó el funcionario. 

El viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales señaló que el nacotráfico mueve en Colombia dos billones de pesos al año (unos 666 millones de dólares), mientras que la minería ilegal deja ganancias cercanas a los siete billones de pesos (unos 2.333 millones). 

La minería ilegal está afectando a cerca de 230 de los 1.123 municipios que hay en Colombia, especialmente en departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Nariño", pero también se concentra en todas las regiones donde hay minería (formal)". 

De acuerdo con el gobierno, las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales, como el clan Úsuga, son los grupos ilegales que más minas ilegales controlan. De otra parte, el Viceministro destacó el trabajo realizado con las autoridades del Ecuador y Perú para combatir la minería criminal, especialmente la colaboración entre las policías de esa naciones. 

"Tenemos la decisión del Presidente de crear unidades militares especialmente para luchar contra minería criminal como ya la tenemos en la Policía a través de Carabineros, de modo que estamos implementando unas capacidades operacionales desde la fuerza pública para atacar esta actividad delictiva", aseveró. 

Fernández de Soto reveló que el número de capturas ha aumentado considerablemente, al igual que las incautaciones de los minerales especialmente oro. Además, las autoridades han logrado aumentar el número de maquinaria destruida durante los operativos contra la minería ilegal. 

"Con la instrucción que hemos tenido del presidente de tener unas capacidades operativas tanto el Ejército como en Policía cada vez más fuerte, y lo vamos a tener con el proyecto de ley que vamos a presentar al Congreso estamos seguros que podemos avanzar en la lucha este delito", comentó. 

"Este delito está generando un impacto muy negativo para el país, es un delito que tiene un impacto ambiental irreparable en muchos casos. Es un delito que como consecuencia de ese daño ambiental también genera unos daños y unas afectaciones a la salud de las personas porque lo que se contamina con las fuertes hídricas. Es un delito que tiene una financiación frente al terrorismo", puntualizó.