Gobernador de Guainía, Iván Vargas Silva, condenado a 5 años

Septiembre 21, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Gobernador de Guainía, Iván Vargas Silva, condenado a 5 años

El gobernador del Guainía, Iván Vargas Silva, fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 66 meses de prisión, por el delito de corrupción al elector.

El gobernador, quien fue suspendido hace seis días, será destituido de su cargo en las próximas horas y condenado por entrega de beneficios a cambio de favores electorales. Pagará la pena en su casa.

Cinco años de prisión deberá pagar el gobernador de Guainía Iván Vargas Silva, por el delito de corrupción al elector. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al fijar en 66 meses el monto de la condena contra el dirigente político. La pena deberá pagarla en su residencia, dado que es cabeza de familia y tiene dos hijos menores de edad. La decisión además obliga al gobernador a pagar 184 millones de pesos aproximadamente.El gobernador no asistió a la audiencia de lectura de fallo que se cumplió este miércoles debido a que no pudo viajar desde Inárida.A pesar de que la pena se conoció este miércoles, la sentencia en su contra se había dado a conocer el pasado 8 de septiembre cuando se concluyó que Vargas otorgó dádivas a sus electores, entre quienes estaban varios indígenas. Según la Fiscalía, en 2007 mientras el gobernador estaba en campaña otorgó una cifra de entre 20 mil y 50 mil pesos por cada voto en su favor, además de motores fuera de borda para quienes apoyaran sus aspiraciones políticas.A lo largo del proceso, la Procuraduría solicitó absolver al gobernador por considerar que no se pudo probar que las dádivas ofrecidas se hayan otorgado a cambio de votos.Sin embargo, la Fiscalía presentó documentos hallados en la casa y oficina del gobernador donde se demuestra que había adquirido compromisos económicos con varios potenciales electores, durante su tiempo de campaña.Al respecto María del Rosario González, magistrado ponente de la sentencia, afirmó que las pruebas documentales y testimoniales ponían en claro más allá de toda duda que el gobernador había incurrido en estos delitos.

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