Fuero militar es retroceder en la lucha contra la impunidad: ONU

Fuero militar es retroceder en la lucha contra la impunidad: ONU

Marzo 21, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | EFE

La ONU que confía en que el Gobierno asegure que ese cambio constitucional no sea utilizado para impedir que el sistema de justicia penal ordinario investigue y persiga de manera oportuna y efectiva todas las violaciones a los derechos humanos.

La reforma constitucional que amplió la jurisdicción de los tribunales militares, fuero militar, vulnera la separación básica entre los poderes y que es necesaria para la independencia del Poder Judicial, según un informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentado este miércoles en Ginebra."Cuando la justicia militar asume competencia en un asunto que debe ser examinado por los tribunales civiles se vulnera el derecho de las víctimas de acceso a la justicia, así como el derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial", según el análisis elaborado por la Oficina de la alta comisionada Navi Pillay en Colombia.Esta reforma del Fuero Militar fue aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado diciembre.La responsable de los derechos humanos en la ONU consideró que esa decisión fue "un retroceso en la lucha contra la impunidad y por el derecho a la verdad", en una declaración leída ante el Consejo de Derechos Humanos, CDH, que entró esta semana en la recta final de sus sesiones en Ginebra.Agregó que confía en que el Gobierno asegure que ese cambio constitucional no sea utilizado para impedir que el sistema de justicia penal ordinario investigue y persiga de manera oportuna y efectiva todas las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.Por otra parte, el informe al CDH señala que es muy preocupante que la reforma constitucional "pueda llevar a que los tribunales militares se hagan cargo de causas que actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía General".Entre ellos menciona las relacionadas con presuntos "falsos positivos", lo que supondría "una violación del principio del derecho al debido proceso" y de "acceso a la justicia".Sobre la actividad de los grupos armados de las Farc y el ELN, la alta comisionada los acusó de "seguir despreciando el derecho internacional humanitario" de manera sistemática y denunció casos de asesinatos selectivos y violaciones sexuales."Muchos de los asesinatos de líderes y autoridades indígenas del norte del Cauca apuntan a la implicación de las Farc y a su práctica de imponer el orden social", menciona.De los grupos post-desmovilización, en referencia a las bandas que se rearmaron tras la desarticulación de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a partir de 2005, recalca que son considerados "por todos los sectores, una de las mayores amenazas para el orden público y responsables del mayor número de asesinatos, violaciones, extorsiones, hostigamientos y amenazas".Declara, asimismo, su esperanza en el proceso de paz lanzado en octubre pasado y hace hincapié en que una amplia participación de la sociedad civil, así como de los grupos más afectados por el conflicto armado -incluidas las víctimas- resulta primordial para su éxito.Por otra parte, la alta comisionada se refirió al derecho de consulta de los pueblos indÍgenas en relación a la explotación de recursos naturales en sus territorios ancestrales.Considera que los "megaproyectos y la explotación minera representan riesgos adicionales" para comunidades que ya han sufrido el debilitamiento de su estructura social e integridad cultural a causa de la violencia armada.Recalca asimismo el impacto negativo que tiene en las comunidades el cambio en el uso del suelo que resulta de las actividades extractivas. "Si esta situación persiste, el conflicto social exacerbado tenderá a extenderse y será aún más difícil de resolver" , advierte.Los puntos y comas del nuevo fueroEl proyecto de ley estatutaria que reglamenta el fuero militar ya dividió opiniones en el Congreso y se prevé que va a resultar polémico su trámite.Si bien la iniciativa cuenta con el apoyo de la Unidad Nacional, ya hay voces que alertan sobre la oposición que tendrá como la del representante Iván Cepeda, quien aseguró que el Polo “no acompañará este proyecto”.“Esta reforma es contraria a los derechos humanos, sustituye a la Constitución en principios básicos como el acceso igualitario y sin discriminación a la justicia”, dijo Cepeda al anunciar que ayer fue radicada una nueva demanda.No obstante, el presidente de la U, Aurelio Iragorri, aseguró que la Unidad Nacional acompaña la iniciativa, en la medida en que consideró que “se requieren las herramientas para darle garantías a la Fuerza Pública en su función de contrarrestar a los grupos ilegales”.El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, dijo que se hace necesario que haya cárceles exclusivas para los militares que sean condenados, ya que consideró que “no es conveniente de ninguna manera que las Fuerzas Militares estén en las mismas cárceles de los guerrilleros o de las Bacrim, yo creo que hay que generarles esa seguridad”.Ataques a BacrimEl proyecto de ley estatutaria que reglamenta el fuero militar en Colombia incluye a las Bandas Criminales (Bacrim) entre los “grupos armados ilegales”, lo que permite que sean atacadas con la misma contundencia con que se combate a las Farc o el ELN, incluidos los bombardeos.Esto en base, según el Artículo 8, a que hacen “uso de la violencia contra la Fuerza Pública, la población civil o bienes civiles”, que la intensidad de su violencia “requiere la acción armada de la Fuerza Pública” y que tienen “una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros” y advierte que no tienen un estatus político porque su único interés es el narcotráfico.La normatividad que estudia el Congreso exonera de responsabilidad penal a los militares cuando el delito sea a causa de un error, sea cometido en legítima defensa o cuando ha actuado en cumplimiento de una orden superior.El juzgamientoEl Artículo 45 dice que “las infracciones al DIH serán de competencia exclusiva de la Justicia Penal Militar (…) así como las demás conductas que tengan relación directa con el servicio” y que “la ocurrencia de un delito o de una infracción de los deberes funcionales del miembro de la Fuerza Pública no rompe, por sí sola, la relación con el servicio”.Agrega que cuando hay duda sobre la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, la competencia recae en la autoridad judicial que primero haya asumido la investigación, hasta tanto el órgano competente resuelva el conflicto. La Justicia Penal Militar será independiente del alto mando y el Artículo 3 dice que “son de competencia exclusiva de la jurisdicción penal ordinaria los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.Los nuevos entesSe creará un Tribunal Superior Militar que decidirá sobre la solicitud dentro del término de diez días. Los magistrados y los fiscales delegados ante esta Corporación tendrán un período fijo de ocho años. Se creará la comisión técnica de coordinación que estará conformada por cinco comisionados nombrados por períodos personales de tres años, pero dependiendo de sus cargas podrán ampliar o reducir su conformación. Algunas de sus funciones serán constatar los hechos de las operaciones o procedimientos de la Fuerza Pública, a solicitud de las autoridades. El Tribunal de Garantías Penales lo conformarán ocho magistrados, cuatro de ellos tendrán que haber sido miembros de la Fuerza Pública en retiro y se encargarán de “presidir la audiencia de formulación de acusación y verificar que el contenido y los anexos del escrito de acusación correspondan a lo previsto en el código aplicable”.

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