Fuero militar, en blanco y negro

Fuero militar, en blanco y negro

Junio 11, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa
Fuero militar, en blanco y negro

El fuero militar tendrá un duro debate en el nuevo Congreso. El representante Iván Cepeda Castro propone dejar la justicia y el fuero militar para meros trámites administrativos y el presidente Uribe espera se lleve un proyecto para blindar la Fuerza Pública.

El fuero militar tendrá un duro debate en el nuevo Congreso. El representante Iván Cepeda Castro, líder del Movimiento de víctimas de crímenes de Estado propone dejar la justicia y el fuero militar para meros trámites administrativos.

La reciente condena a 30 años de prisión impuesta al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, por la desaparición forzada de varias personas en noviembre de 1985, tras la retoma del Palacio de Justicia; por dos días ocupado violentamente por la guerrilla del M-19, generó serias dudas en torno a la vulnerabilidad del llamado Fuero Militar que cobija a los miembros de la Fuerza Pública.Las primeras molestias y de paso los interrogantes, los despertó el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, al expresar su “profunda tristeza” por dicha sentencia y declararse partidario de impulsar un proyecto de ley que permita proteger jurídicamente a los miembros de las Fuerzas Militares.“Nosotros vamos a tener que pensar en un proyecto de ley para evitar el desestímulo en las Fuerzas Armadas de Colombia”, dijo el Presidente el 10 de junio pasado y agregó que una cosa es hacer respetar absolutamente los derechos humanos, y otra, pasar al maltrato de la Fuerza Pública, no sin antes hacer referencia a lo que calificó como “un panorama de inseguridad jurídica” que atentaría contra el orden público nacional.Pero, ¿hasta dónde realmente está comprometido el derecho de los integrantes de la Fuerza Pública? Las condiciones políticas, sociales y de conflicto en que está inmerso el país hacen que hoy, más que nunca, las opiniones al respecto estén divididas.Actos del servicioAl respecto, el ex procurador Jaime Bernal Cuellar, reconociendo que no conoce a profundidad el caso Plazas Vega, señaló que el hecho que hoy tiene tras las rejas al uniformado está relacionado con un delito de lesa humanidad, por lo que consideró que en éste no se puede hablar de aplicabilidad del fuero militar por no tratarse de un acto del servicio.En ese mismo sentido, y en un claro respaldo a la jurisdicción castrense, Bernal manifestó que “el fuero militar se debe conservar totalmente”, pero aclaró que este debe tener presente las limitaciones que ha sentado la Corte Constitucional.De la misma manera, el ex jefe del Ministerio Público criticó la posibilidad de crear una jurisdicción especial como lo han expresado algunos candidatos a la Presidencia, más aún cuando “una propuesta de esa envergadura se hace de manera improvisada y por un aspecto coyuntural”.“Hay delitos que no son propios del servicio y para eso debe existir la jurisdicción ordinaria”, puntualizó Bernal.Una posición mucho más radical expresa el general (r) Harold Bedoya, para quien en este caso el riesgo que corre la institución del fuero militar es clara. Para Bedoya, está comprobado que en el caso Plazas Vega se violó la Constitución, el debido proceso y el principio que impide que una persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho.“Esto va en contravía a lo que contempla la ley, pues nadie puede ser juzgado por un mismo hecho dos veces, y el proceso debe adelantarse conforme a la ley existente al momento de los hechos o con la más favorable”, dijo Bedoya al reprochar el juicio originado en un hecho de hace 25 años, y por un delito que para la época no existía.“Acá no se puede hablar de fuero militar porque el juicio se adelantó en la justicia ordinaria. No ha habido tribunal de guerra, ni corte marcial” , dijo el ex comandante de las Fuerzas Militares al rechazar la decisión de la jueza tercera penal especializada de Bogotá, Stella Jara, pues en su criterio el caso que afecta al coronel Plazas es un acto del servicio pues -dijo- “la retoma del Palacio de Justicia fue una orden expresa de quien era el máximo jefe de las Fuerzas Armadas; el presidente de la República”.Límites al fuero, una gananciaEn la orilla opuesta están organizaciones de derechos humanos como la que lidera Iván Cepeda Castro, recientemente electo como representante a la Cámara por Bogotá, quien a pesar de que respalda la manera como hasta el momento está previsto el desempeño de la justicia ordinaria y la penal militar, en cuanto a que los delitos que tengan que ver con el servicio sean juzgados por la justicia militar y los que no, por la ordinaria es claro en que aún hay que ir más allá en pro de los derechos humanos.Para Cepeda, se debe avanzar más hacia los estándares internacionales y en particular los que propone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que las funciones de los tribunales militares deben ser sólo administrativas, pues quienes juzgan a militares, tienen esta misma calidad.Frente al caso Plazas Vega, Cepeda, quien por años se ha desempeñado como el vocero oficial del Movimiento de víctimas de crímenes de Estado, consideró que el delito de lesa humanidad que tiene tras las rejas al ex oficial “es un crimen continuado, no es un acto del servicio por lo que debía ser juzgado en instancias ordinarias y no militares”.“Haber deslindado los casos en los que se puede aplicar la justicia penal militar y la ordinaria ha sido una conquista histórica de los Derechos Humanos”, dijo Cepeda Castro.A la distancia, y con un criterio diametralmente distinto al de Cepeda, se ubica Rafael Nieto Loaiza, para quien el deseo de Cepeda ya se hizo realidad.Muy a su pesar Nieto considera que el fuero militar en Colombia “hoy es apenas un saludo a la bandera, algo que ya no existe”. Según este ex ministro de Justicia, el llamado fuero militar “no tiene aplicación real” pues se está empleando al parecer sólo para casos de deserción.No obstante, Nieto es categórico al señalar que el fallo adverso al coronel Plazas no fue la gota que rebosó la copa, sino una muestra del oscuro panorama que en su criterio presenta esa aplicación, lo cual en criterio de Nieto “es malo” , más si se tiene en cuenta que en muchos países esa política especial para militares es amplia y consagrada con claridad.El conflicto interno colombiano es según Nieto Loaiza, una de las razones que hace necesario el fuero militar.Fuero militar en la jurisprudenciaEn este punto la jurisprudencia a la que tantas veces se refieren quienes se pronuncian al respecto, es clara.En la sentencia C-1149 de 2001 la Corte Constitucional expresa que “El Fuero Militar (constitucionalmente) se circunscribe única y exclusivamente al ámbito de lo penal, en cuanto al juzgamiento de las conductas delictivas realizadas por los miembros de la Fuerza Pública (…)” , dijo la Corte con ponencia del magistrado Jaime Araújo Rentería y añade que “el fuero militar se restringe a los ilícitos penales cometidos en servicio activo y en relación con el mismo servicio”.En ese mismo sentido, tal como lo mencionaba Jaime Bernal Cuellar, la Corte ha limitado la aplicabilidad de dicha institución a que “los delitos cometidos bajo circunstancias diferentes a las plasmadas en el artículo 221 (delitos cometidos con ocasión del servicio), los miembros de la fuerza pública serán juzgados por la jurisdicción penal ordinaria”; esto es, cuando las conductas se realizan por uniformados no estando en servicio activo, o cuando no obstante estar en servicio activo, no tienen relación con el servicio.Un aspecto que hace claridad en este punto y que fue acogido a la hora de dejar el caso Plazas Vega en manos de la juez Jara, es precisamente el que “no toda conducta delictuosa realizada por un miembro de la Fuerza Pública es de conocimiento de la justicia penal militar”.Para ello aclara la jurisprudencia que en estos casos debe “existir un vínculo o nexo de causalidad directa entre la conducta y el servicio, para que el comportamiento delictuoso sea de su competencia (justicia militar)”.Para ello y con el ánimo de no dejar cabos sueltos precisa la sentencia que por servicio se debe entender “aquel que se relaciona directamente con las funciones constitucionales y legales asignadas a la misma”.Debido a que son varios los militares (*) que pueden correr la misma suerte de Plazas Vega, es claro que el debate apenas comienza; más aún, si se tiene en cuenta que desde el 20 de julio Iván Cepeda llega al Congreso con la idea de dejar la justicia militar en meros trámites administrativos, y a la par posiblemente estará el proyecto del presidente Uribe para blindar la Fuerza Pública.* Ex comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) general Iván Ramírez Quintero, y los mayores Fernando Blanco Gómez y Gustavo Arévalo. El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y el mayor (r) Oscar William Vásquez.

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